Porque entre muchas y no menos importantes razones, el régimen en Venezuela practican recurrentemente ejecuciones extra judiciales, la ONG Provea exhorta a iniciar sin delación una investigación a funcionarios del Estado por veladas violaciones a los derechos humanos.
El Político
Según la versión del sitio noticioso digital Voz de América, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) sostiene que las ejecuciones extrajudiciales se han trastocado en suerte de costumbre política de Estado en la nación suramericana. Conforme a los resultados del más reciente informe de esta organización civil, se trata de un modalidad que se extiende por varias décadas. Y que tiene que ver con una violencia estructural de policías y militares, apuntalada por una impunidad. Y que esta ha venido en ascenso con el paso de los años y definitivamente no se trata hechos aislados.
Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, precisa: “En los últimos años, pero principalmente a partir de 2015, estamos frente a una política de Estado. Es de un uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías que han privado de manera arbitraria la vida de miles de personas”.
En el transcurso de la presentación de un informe sobre 25 años de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, Alvarado recordó que en su informe de septiembre de 2020, la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela establecida por la Organización de Naciones Unidas (ONU), afirmó que esos delitos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Amnistía Internacional | Venezuela: Crímenes de lesa humanidad requieren una respuesta contundente de la justicia internacional https://t.co/JjWla68xWM pic.twitter.com/KZFO1T3EOT
— PROVEA (@_Provea) May 14, 2019
Provea pide justicia contra crímenes de lesa humanidad
“Ratificamos que estamos frente a una situación en la cual en Venezuela las ejecuciones extrajudiciales son crímenes de lesa humanidad. Y constituyen una política dirigida contra una población determinada, particularmente contra jóvenes pobres en todo el territorio nacional”.
Provea presentó una serie de recomendaciones. Entre ellas, el diseño de una política integral en materia de seguridad ciudadana. Así como la adopción de medidas “inmediatas y decididas” para excluir la participación de militares en labores de seguridad ciudadana.
Además, en referencia al principio de complementariedad al que está obligado por el Estatuto de Roma, exhortó al Ministerio Público a adelantar “investigaciones prontas, exhaustivas y genuinas”. Y que estas permitan sancionar a los autores materiales y las cadenas de mando de los asesinatos perpetrados por funcionarios policiales. Incluso por militares que puedan constituir crímenes de lesa humanidad.
“Exhortamos al fiscal Tarek William Saab, debe investigarse, entre otros, a Nicolás Maduro Moros. Quien aparece como responsable de buena parte de los operativos de seguridad que se han implementado. Y particularmente los denominados Operativos de Liberación del Pueblo y la conducción de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”, puntualizó Alvarado.
Fuente: Voz de América
