La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la OEA exhortó hoy al Parlamento hondureño a aprobar una ley que regule y fiscalice los fondos que financian las campañas electorales en este país.
La iniciativa, promovida por el Gobierno hondureño, permitirá que los partidos políticos y sus candidatos "rindan cuentas sobre sus finanzas", dijo el portavoz de la Maccih, el exministro peruano Juan Jiménez, en un foro celebrado en Tegucigalpa.
Señaló que la actual Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, aprobada en 2004, contempla un capítulo sobre financiación de las campañas, pero su aplicación "ha sido limitada" debido a la falta de "una instancia especializada de fiscalización, así como por la carencia de recursos humanos, económicos y logísticos para llevarla adelante".
El portavoz de la Maccih señaló que ahora se está "ad portas de una gran decisión para enfrentar los problemas del financiación ilegal que afecta a nuestros países y que es el germen de la corrupción en las Américas".
Afirmó que la región latinoamericana sufre "el embate de la corrupción política asociada al financiamiento de partidos y candidatos", aunque señaló que el abordaje al problema depende de cada país.
No obstante, Jiménez aseguró que el objetivo siempre será "evitar que los dineros del narcotráfico, crimen organizado o la propia corrupción, penetren al sistema político".
Destacó además "el esfuerzo" que hicieron los actores políticos hondureños al estructurar un modelo de financiación nuevo y con capacidad de "fiscalizar de modo eficaz las campañas electorales".
La propuesta de ley, que contiene más de 80 artículos, dará vida a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, un nuevo órgano a cargo de consolidar los procesos de rendición de cuentas de los partidos, según un comunicado de la Maccih.
Esa unidad podrá desarrollar investigaciones sobre financiación irregular, tendrá a su cargo la verificación de los aportes y gastos de campaña, y podrá sancionar a los partidos y candidatos "renuentes a entregar información o que fueron financiados con fondos ilegales", señala.
Además podrá formular denuncias penales ante el Ministerio Público si encuentra indicios de la comisión de delitos y tendrá la facultad de "levantar el secreto bancario, tributario y fiduciario", cuando encuentre operaciones sospechosas de financiación, según la declaración.
De confirmarse que un partido político ha sido financiado con dinero ilegal, la nueva ley plantea como una "drástica sanción" que se "cancele la elección" del candidato, añade.
La Maccih indicó que el nuevo proyecto de ley "no busca afectar" a los partidos que participan legalmente en las campañas electorales, sino que está orientada a "limpiar la política".
El origen de los fondos que se gastan los partidos políticos de Honduras en las campañas es cuestionado por diversos sectores sociales porque las instituciones políticas no dan detalles de su procedencia, aunque en muchas ocasiones las aportaciones salen de las bases o de activistas del partido.
Las elecciones primarias en Honduras se celebrarán en marzo de 2017, mientras que las generales se llevarán a cabo en noviembre de ese mismo año, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Con información de EFE
