En algún momento durante el 2013, el entonces candidato presidencial de Venezuela Nicolás Maduro le pidió a la constructora brasileña Odebrecht que le pagara $50 millones en sobornos si quería seguir disfrutando de los jugosos negocios que tenía en el país.
Pero el jefe de las operaciones de la firma en Venezuela, Euzenando Azevedo, tenía sus reservas. “Nada más le dio $35 millones”, afirmó la Fiscal General de Venezuela Luisa Ortega, en una entrevista con el Nuevo Herald desde Bogotá.
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El monto, dado a conocer inicialmente por el mismo Azevedo en declaraciones que hizo durante las investigaciones realizadas en Brasil, también forma parte del proceso judicial emprendido por Ortega contra la inmensa corrupción que rodea a Maduro y a su entorno más cercano dentro del régimen.
La fiscal, que se vio obligada a salir del país tras romper con el régimen, acaba de solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia, que también opera desde el exilio, que solicite la captura internacional de Maduro.
Y el proceso podría terminar definiendo ante los ojos del mundo donde reside la verdadera legitimidad en Venezuela, ya que según la Constitución venezolana Ortega y los magistrados que se encuentran en el exilio son las verdaderas autoridades de Venezuela, pero según la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), nombrada a fuerza por el régimen, son los magistrados de Maduro y su nuevo fiscal, Tarek William Saab, los que tienen esa autoridad.
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“Ahora corresponde a los distintos Estados, reconocer o no a estas instituciones”, dijo Ortega, en referencia a la Fiscalía General de la República, presidida por ella, al Tribunal Supremo de Justicia, conformado por magistrados que hoy operan desde el exilio, y la propia Asamblea Nacional, cuyas facultades constitucionales han sido removidas por el régimen, utilizando entre otros artificios a la ANC.
Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos de gran tamaño ya han anunciado que no reconocen a la Asamblea Constituyente, lo que significaría en esencia que para gran parte de la Comunidad Internacional, Ortega sigue siendo la fiscal, ya que ella fue destituida en agosto por la ANC, y no por la Asamblea Nacional, como establece la Constitución.
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La verdadera prueba de fuego sobre esa posición podría producirse en los próximos días si es que el Tribunal Supremo de Justicia y luego la Asamblea Nacional terminan aprobando la moción de la fiscal de que Maduro debe ser formalmente destituido y arrestado para luego ser enjuiciado por corrupción.
De producirse, la comunidad internacional, y en particular INTERPOL, tendría que acatar el pedido de captura internacional, que actualmente se encuentra en manos de los magistrados que operan en el exilio.
“Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, pronunciarse respecto a la solicitud. Ellos ya designaron a un magistrado ponente… y ahora tienen que tomar una decisión. Si acuerdan la medida que yo solicité, lo primero que tienen que hacer es oficiar a INTERPOL, para que libren la alerta roja de INTERPOL para el arresto de Maduro”, explicó la fiscal.
Ortega, quien salió del país con muchos de los documentos respaldando los casos de corrupción abiertos contra el chavismo, dijo que la información brindada por las investigaciones en Brasil muestra que Odebrecht pagó decenas de millones de dólares en sobornos para seguir a cargo de las monumentales obras que obtuvo bajo los gobiernos del fallecido presidente Hugo Chávez y Maduro.
Solo 13 de esas obras que aún se encuentran inconclusas, la mayoría de ellas abandonadas, generaron al estado venezolano una carga económica de más de $40,000 millones, dijo Ortega.
Odebrecht encontró un paraíso para capitalistas en la Venezuela socialista de Chávez, donde el gigante de la ingeniería consiguió enormes oportunidades de negocios gestadas bajo la sombra de la estrecha amistad entre el gobernante bolivariano y el ex presidente brasileño Luiz Inacio “Lula” Da Silva.
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La compañía brasileña obtuvo contratos públicos de miles de millones de dólares sin tener que medir fuerzas contra sus rivales en licitaciones y cuando incumplía con las condiciones, el tema no pasaba a convertirse en escándalo público como suele suceder en otros países.
Pero la experiencia no ha sido igual de favorable para los venezolanos. La mayoría de las obras otorgadas a la empresa brasileña muestran distintos grados de demoras en su ejecución y los costos frecuentemente terminaron disparándose, llegando en ocasiones a superar dos o tres veces los montos inicialmente pactados.
Pero el de Odebrecht es solo uno de los múltiples casos bajo investigación.
“Hay un caso muy delicado, que es el de los alimentos. Nosotros lo estamos investigando y entregamos evidencia a la fiscalía de Colombia y a la fiscalía de México”, señaló Ortega.
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El programa de alimentos subsidiados conocidos en Venezuela como los CLAP, se encuentra en el centro de esas operaciones de corrupción, y en ella están actualmente participando algunos de los dirigentes del chavismo más cercanos a Maduro, advirtió.
Esa corrupción atenta con la integridad física de los venezolanos que consumen alimentos a través del CLAP, porque muchos de ellos no cumplen con lo estándares de calidad para ser consumidos por seres humanos, agregó.
Vía: El Nuevo Herald
