El ministro peruano del Interior, Carlos Basombrío, expresó este domingo "rechazo, frustración y pena" por la liberación de un exjefe policial detenido por presuntamente pertenecer a una banda del crimen organizado, al igual que otros 12 sospechosos de integrar la organización Los Norteños y Guarayos.
En entrevista con Canal N, Basombrío dijo que las liberaciones son un "golpe a la lucha contra el crímen y la corrupción" porque el mensaje de algunos jueces es que "los delincuentes pueden escarparse luego de ser detenidos por la Policía".
El juez de investigación preparatoria, Ángel Mendívil Mamani, ordenó el viernes pasado la liberación del exjefe de inteligencia policial en la ciudad de Madre de Dios, Julio Mattos Vela, y de otros 12 presuntos integrantes de la banda de "Los Norteños y Guarayos" por falta de pruebas.
Mattos había sido denunciado por la fiscalía por presuntamente proporcionar información a la banda para llevar a cabo un millonario asalto al Banco de la Nación en Madre de Dios en abril del 2015.
El ministro peruano agregó que las evidencias en este caso son "abrumadoras" y que "había razones más que fundadas" para proceder con la acusación a Mattos y del resto de detenidos.
LEA TAMBIÉN: Aprobación de PPK cae tras denuncia de exasesor
Basombrío dijo que las liberaciones han puesto en riesgo la vida de los policías que estuvieron a cargo de las investigaciones, que incluye la grabación de los acusados en coordinaciones para cometer los delitos.
"Tenemos una ola de criminalidad tan grave, que no puede ser que un mal funcionario haga esto contra los ciudadanos", manifestó Basombrío.
El titular del Interior agregó que tiene "las manos atadas porque ya los han soltado", y que son al menos 42 personas vinculadas a bandas que han logrado ser excarceladas durante sus procesos de investigación.
"Son 42 personas liberadas, es descorazonador y no nos queda otra cosa que denunciar, porque estas decisiones no pueden continuar", anotó.
Basombrío anunció que este lunes detallará las medidas que adoptará su cartera al respecto, en una rueda conjunta de la Policía Nacional y el Ministerio Público (Fiscalía).
Como parte de las medidas del gobierno para enfrentar el crimen organizado, el Ejecutivo promulgó este sábado un decreto que endurece las penas para quien porte, transporte o comercialice armas sin autorización, a entre 8 y 15 años de prisión, y eliminó los beneficios penitenciarios para sicarios, entre otras medidas.
Con información de EFE
