El ministro de Hacienda, Santiago Peña, garantizó hoy el normal funcionamiento del Estado tras el veto del presidente paraguayo, Horacio Cartes, al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2017, que había sido aprobado por el Congreso con modificaciones al proyecto del Ejecutivo.
Entre esas modificaciones se encontraba una limitación a la emisión de fondos soberanos con los que el Ejecutivo tenía previsto financiar proyectos de infraestructuras.
Peña aseguró en una rueda de prensa que el Estado funcionará con todas sus facultades y asumiendo sus pagos, al tiempo que recordó que será el presupuesto de 2016 el que entrará en vigor el próximo año si el Congreso aprueba esta semana el veto presidencial.
El ministro añadió que la objeción presidencial al presupuesto "se sustenta en aspectos jurídicos con fuertes basamentos constitucionales que facultan totalmente al poder Ejecutivo a hacer uso de sus atribuciones".
"Es absolutamente claro que el presidente de la República tiene atributos constitucionales, sin restricciones, para objetar total o parcialmente una ley sancionada por el congreso, facultad que también incluye a la ley de presupuesto", dijo durante su comparecencia en el Ministerio de Hacienda.
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Peña subrayó que el poder Ejecutivo sigue trabajando para encontrar puntos de coincidencia con el Legislativo en lo referente al presupuesto.
Las declaraciones de Peña se produjeron antes de que la Comisión Permanente del Congreso anunciara que este jueves se celebrarán sendas sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados y en la de Senadores para aprobar o rechazar el veto del Ejecutivo.
Peña declaró el lunes que las razones para esa objeción fueron un "aumento discrecional de salarios" no previsto en "el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de deuda pública", además de las limitaciones impuestas a la política del Banco Central.
El Senado aprobó el 15 de diciembre, tras ser discutido en la Cámara de Diputados, el presupuesto para 2017 por un monto de 67,4 billones de guaraníes (unos 11.825 millones de dólares), menor que el presentado por el Ejecutivo, ya que la Cámara alta se ratificó en limitar la emisión de bonos para ese año.
Durante la sesión, se aprobó reducir a 349 millones de dólares la emisión de bonos soberanos y se impuso una cifra máxima de 300 millones de dólares para este tipo de financiación, que el Ministerio de Hacienda había cifrado en 558 millones de dólares.
Con información de EFE
