Aunque México es una nación de migrantes y Estados Unidos también, en ambos países la mayoría de la opinión pública se manifiesta a favor de rechazar la entrada e integración de los migrantes del Sur. Quizá por eso Donald Trump usa el argumento de echar mano de la fuerza contra la inmigración ilegal, y la personifica ahora contra los migrantes hondureños.
El Periódico/Opinión
Los hechos ocurridos en la frontera Sur, donde miles de personas presionan para entrar a México en su ruta hacia el Norte, han colocado a México en una posición incómoda. Ante la presión ejercida el jueves en un mensaje en Twitter, y la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo, el viernes se han tomado medidas sin precedentes: La primera es la acción coordinada de los presidentes de México, Guatemala y Honduras para crear condiciones de seguridad para regresar a los migrantes a sus países de origen. Es decir la decisión es no permitir el ingreso indiscriminado hacia nuestro país. Enseguida está el llamado a las Naciones Unidas para solicitar su intervención en el proceso de las solicitudes de refugio y asilo en México. Y finalmente la decisión de contener de hecho los flujos en la frontera con agentes de policía para imponer el orden.
La situación puede ser un hecho coyuntural que adquiere visibilidad política de importancia para los electores norteamericanos convocados a las urnas para el próximo 6 de noviembre. Pero es el reflejo de un problema estructural que debe atenderse con medidas de fondo.
El admitir una cantidad importante de solicitudes de asilo, o de condiciones de inmigrantes legales es un tema que debe ser tomado en cuenta por las autoridades mexicanas. Es preferible tener un registro y control de las personas que se internan en México a propiciar la inmigración ilegal que expone a las personas a los peligros conocidos de las prácticas del crimen.
La política migratoria debe ser revisada detenidamente para considerar una situación de hecho: cada vez más personas quieren llegar a México a desarrollar sus vidas y debemos ser congruentes como nación de migrantes que somos. La propuesta de suscribir un acuerdo internacional de tercer país seguro, que permita que los refugiados sean recibidos de forma segura y amigable en México y no en Estados Unidos, ha sido hasta ahora solo motivo de debates, pero ha llegado la hora de considerar y ponderar las opciones.
Los hechos muestran que cada vez más personas huyen de las condiciones precarias en sus países y merecen ser atendidas. Esto requiere de medidas coordinadas entre los países de Centroamérica, México y Estados Unidos. La situación puede agravarse y convertirse en un motivo de tensión, porque desgraciadamente las actitudes xenófobas crecen junto a las tensiones en algunas comunidades.
Las instituciones internacionales como las Naciones Unidas están rebasadas en su capacidad de generar soluciones a los problemas migratorios y los estados deben asumir las responsabilidades en medio de enormes retos materiales y económicos, y con exigencias de legitimidad crecientes. Las decisiones tomadas por las autoridades mexicanas y por quienes asumirán a partir del 1 de diciembre han sido plausibles. Sin embargo se vuelve urgente asumir el reto inmediato de cambiar nuestras normas migratorias para adecuarlas a una nueva realidad.
México está pasando de ser una nación de emigrantes a iniciar una etapa de inmigración, que debe ser ordenada para garantizar los derechos y la dignidad de todos aquellos que han decidido pisar este suelo. Es hora de asumir que con más de 30 millones de mexicanos e hijos de mexicanos que viven en el exterior, y un millón y medio de extranjeros legal o ilegalmente que viven aquí, México es un país de migrantes.
Luis Ernesto Salvador, periodista
El Informador, Méxicohttps://www.informador.mx/
