El abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, Vidulfo Rosales, aseguró que los cambios en la cúpula de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) demuestran "que no hay prioridad en la justicia" sino "en los juegos políticos del Gobierno" mexicano.
A dos años y un mes de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, Rosales se refirió al relevo de la procuradora general, Arely Gómez, por el senador con licencia Raúl Cervantes, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI).
En un mitin realizado en el monumento conocido como Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México, el abogado aseguró que los cambios en la figura del fiscal "vienen a entorpecer las investigaciones y a hacer más lento el proceso de investigación".
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció el martes el relevo de Gómez, quien sucedió en 2015 como fiscal general a Jesús Murillo, que dejó el puesto en medio de las críticas a la forma en que investigó la desaparición de los estudiantes.
Rosales expresó la esperanza de que el nuevo fiscal "no mueva la oficina del caso Ayotzinapa porque eso nos va a meter en muchos problemas".
Dijo que con la hoy exprocuradora Gómez "se sentaron las bases y se construyeron las líneas de investigación adicionales al basurero de Cocula", donde según la versión oficial fueron incinerados por cuerpos de los estudiantes por miembros del cártel Guerreros Unidos. "Esperemos que eso no vaya hacia atrás", añadió.
"Vamos tratar de tener un acercamiento con el próximo procurador", dijo el letrado, y agregó que "el reto que tiene (Cervantes) es resolver el caso Ayotzinapa, y eso implica retomar los trabajos que inició Arely Gómez y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)".
Melitón Ortega, portavoz de los familiares, afirmó a su vez que el cambio en la PGR "es como volver a empezar", y agregó que "se podría decir que (el nuevo fiscal) desconoce el tema". Para los padres, dijo, "es una forma de distraer y atrasar la investigación".
Ortega reconoció que de parte de Gómez "había voluntad política" y "hubo pequeños avances". Sin embargo, destacó que aún "no hay respuesta" a la desaparición de los estudiantes.
"Quien sea el que esté en ese puesto tiene la responsabilidad de mantener abierta la investigación. Es una obligación del Estado", dijo.
Refiriéndose al mecanismo especial para dar seguimiento a las recomendaciones del GIEI, grupo designado por la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) para asistir en las pesquisas del caso, Vidulfo Rosales aseguró que las "esperanzas" de los padres "están puestas" en esta herramienta.
"La carta que hoy juegan los padres de familia es con el mecanismo especial de seguimiento. Nosotros creemos que le puede dar un oxígeno distinto a la investigación", aseguró.
El abogado consideró que "va a ser un contrapeso para la lentitud con que la PGR viene conduciendo las investigaciones" y añadió: "Lo que esperamos es que el nuevo procurador otorgue todas las facilidades, que no ponga obstáculos al trabajo del mecanismo".
Rosales dijo que los padres esperan "que este Gobierno entienda que el monitoreo internacional es necesario para el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos".
Confió en que al mecanismo "se le otorguen nuevas facilidades" para el esclarecimiento de los hechos del 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, sureño estado de Guerrero.
Asimismo, indicó que la reciente detención de Felipe Flores, exjefe de policía de Iguala y enlace de la red de corrupción del exalcalde José Luis Abarca con Guerreros Unidos, "por sí misma no implica nada en términos de saber el paradero de los estudiantes".
Esta detención "adquiere relevancia siempre y cuando él nos dé elementos del destino y paradero de los estudiantes", acotó.
Con información de EFE
