Con el fin de rechazar las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para el próximo 6 de diciembre, el Grupo de Lima adoptó este martes una declaración. En el pronunciamiento los integrantes del grupo solicitan que el reciente informe de la ONU que da cuenta de crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura sea examinado por la Corte Penal Internacional.
El Político
Claudia Blum, ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, señaló que el documento representa “un paso adelante para pedir que haya justicia y se evite la impunidad frente a los graves crímenes denunciados por la Misión independiente de la ONU”.
También dijo que “es un mensaje sólido a la comunidad internacional frente a la necesidad de rechazar el fraude electoral que está configurando en Venezuela el régimen ilegítimo de Maduro”.
Además, el grupo enumeró otras posturas: reafirmó su respaldo al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional; e hizo un “llamado a autoridades internacionales a investigar a fondo las relaciones del régimen ilegítimo con el crimen organizado, el terrorismo, la corrupción y otras manifestaciones delictivas internacionales”. El último punto de la declaración “reitera la importancia de la cooperación internacional en la atención a la situación migratoria en países de acogida”.
14 de los 16 países que participaron de la reunión suscribieron la declaración. Uno de los dos que no lo hizo fue Argentina, cuya diplomacia atravesó semanas de controversia con respecto a la crisis venezolana luego de que su embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, rechazara el informe de la misión de la ONU.
Buenos Aires luego votó a favor de la resolución del Consejo de Derechos Humanos del organismo multilateral que condenó las violaciones a los derechos humanos y renovó por dos años la Misión de Determinación de Hechos (Fact Finding Mission, en inglés) en el país caribeño.
Un dato a considerar es que el informé presentado en septiembre señaló a lo largo de 21 páginas a Nicolás Maduro y a sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en los graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.
El informe indicó que documentó de manera extensiva como “las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados”.
También constató numerosos actos de tortura y otros malos tratos. En un lista, identifica las nueve técnicas de las fuerzas chavistas para lastimar y humillar a los presos políticos: fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para inducir a la confesión; y tortura psicológica.
La CPI abrió la investigación luego de que seis países –Canadá, Colombia, Argentina, Chile, Perú y Paraguay– así lo solicitaran como consecuencia de los abusos de las fuerzas de seguridad contra manifestantes opositores en 2017 que dejaron alrededor de 125 muertos.
