A finales del año pasado, se reanudó oficialmente y con no poca pompa el diálogo entre el chavismo y la oposición venezolana. Estaba roto desde octubre de 2021 por una decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro.
Alejandro Armas/El Político
Pero cuando los delegados de ambas partes viajaron a México, país que se prestó como sede neutral para las conversaciones, apenas fue para suscribir un acuerdo cuyos detalles ya habían trascendido. Hubo, desde luego, compromisos de encuentros futuros.
Pero al momento de publicarse estas líneas, no hay ni siquiera una fecha para las reuniones venideras. Tampoco se sabe gran cosa sobre la concreción de lo que ya se ha acordado. ¿Qué está pasando con el diálogo venezolano? Veamos.
Una nueva condición
La oposición ha hecho varios llamados para que se decida cuándo proseguirá el diálogo. Sin embargo, en el chavismo no hay indicios de premura en tal sentido. Varios de sus voceros prominentes expresamente señalaron que el proceso se mantiene, pero que no es pertinente por los momentos hablar de más reuniones.
Así, por ejemplo, Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Maduro y miembro de la delegación chavista, dijo en diciembre que no veía nuevos encuentros al menos hasta enero. Al cierre del año, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN) afín a Maduro y jefe de la delegación gubernamental, explicó que no debería haber acuerdos nuevos mientras se “aterriza” el que ya se suscribió.
Con esto al parecer quiso decir que primero espera por la materialización del primer pacto. El mismo no tiene consideraciones profundamente políticas. Consiste más bien en el uso de recursos del Estado venezolano en el extranjero para financiar la adquisición de ayuda humanitaria y la recuperación de la malograda infraestructura pública nacional.
Estos activos habían sido quitados al gobierno chavista como forma de presionarlo para que acepte negociar una transición democrática. Algunos fueron entregados a la oposición mediante la desaparecida figura del “gobierno interino” que encabezó el diputado Juan Guaidó. Sin embargo, no se conoce información sobre los avances del acuerdo para su empleo. Esta semana, el propio Maduro condicionó la continuación del diálogo al desembolso de los fondos.
La guerra por los recursos
De hecho, mientras ambas partes insisten en las virtudes del diálogo y en que están buscando formas de concretar el acuerdo social, el conflicto por los recursos asociados sigue. Su más reciente episodio involucra a tres diputadas a la Asamblea Nacional electa en 2015, que controla la oposición y que opera en paralelo a la alineada con Maduro.
Se trata de Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vásquez. La semana pasada fueron electas para conformar la directiva de la AN opositora. A los pocos días, un tribunal de Caracas emitió orden de captura contra ellas. Todas están en el exilio.
Más tarde, Tarek William Saab, fiscal general también alineado con Maduro explicó que la orden de captura obedece al “robo de activos de la nación”. Y es que entre las funciones de la AN que las diputadas referidas ahora encabezan está administrar los activos que habían sido manejados por el “gobierno interino”.
Los hechos indican que el chavismo se mantiene nada dispuesto a aceptar que terceros administren recursos públicos. No es una buena señal para al futuro del pacto social y, por lo tanto, para el diálogo en general.
