Al menos desde 2014 hay una regla tácita en la política venezolana. Quienes aspiren a ser gobernadores de estados o alcaldes de municipios ajenos al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) no pueden valerse de sus despachos para contravenir los intereses de Nicolás Maduro y compañía.
Alejandro Armas/El Político
Por supuesto, esa realidad no es precisamente atractiva para el votante opositor. De manera que en las elecciones regionales y municipales del año pasado, parte del mensaje de campaña fue que elegir la mayor cantidad de funcionarios opositores llevaría a contar con espacios geográficos más amigables a la disidencia. El mantra: “cuidar los espacios”.
No obstante, varios hechos en semanas recientes fueron como un balde de agua fría para esta narrativa particular. Veamos.
Inacción reveladora
En las últimas semanas, Juan Guaidó, quien encabeza el llamado “gobierno interino” desde 2019, ha estado recorriendo el país con miras a fortalecer la alicaída moral de la base opositora. Esta gira ha sido objeto de al menos dos agresiones por seguidores del régimen.
El primero ocurrió hace semana y media en el estado Zulia. El intento de un grupo de militantes chavistas por evitar que Guaidó realizara un acto público acabó en una trifulca en la que hasta sillas volaron por los aires. A los pocos días, una turba expulsó a Guaidó a empujones y golpes de un restaurante en el estado Cojedes.
Tanto en Zulia como en Cojedes hay gobernadores que militan en partidos integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática, principal alianza opositora venezolana. Pero en ninguno de los casos intervino la policía en teoría bajo su mando para evitar alteraciones del orden público y situaciones violentas. Tampoco hubo arrestos de agresores.
Semejante pasividad constituye un divorcio entre el Estado y su función más básica: garantizar la seguridad de los ciudadanos en su territorio.
Colaboración, ¿a regañadientes?
En cambio, la policía subordinada a una autoridad ajena al PSUV sí se involucró en otro caso, pero en detrimento de la oposición. Se trata del arresto de un grupo de jóvenes militantes del partido Voluntad Popular en el municipio Chacao de Caracas. Junto con agentes del gobierno nacional, la policía municipal los detuvo por pintar sobre una pared, adyacente a una avenida concurrida, mensajes conmemorando a Neomar Lander, un adolescente caído en las protestas de 2017.
El alcalde de Chacao es Gustavo Duque, militante de un nuevo partido llamado Fuerza Vecinal, el cual ha ilustrado como pocos la regla de oposición solo simbólica en ejecutivos regionales y locales. Sobre todo en esta oportunidad lo dejó muy claro.
Luego de que ciudadanos expresaran en redes sociales indignación por el arresto de los activistas, Duque pidió su liberación. Pero ya estaban bajo custodia de organismos de seguridad al servicio del gobierno nacional. Asumiendo incluso que su mensaje fuera sincero, de todas formas quedó expuesto como alguien que tiene que colaborar con la supresión de actividades en su municipio si la elite chavista así lo requiere.
Monopolio de la coerción
Como gobierno que decidió prescindir del consentimiento ciudadano, el chavismo depende principalmente del miedo de las masas para ejercer el poder. Para este tipo de gobiernos, la capacidad de coercionar lo es todo. De manera que no pueden darse el lujo de compartir con terceros el control sobre las instituciones armadas que tienen mayor capacidad para coercionar. Al menos en cuanto al manejo de situaciones políticas se refiera, necesitan un monopolio.
Es por eso que lo que mejor expresa la aludida regla tácita es la actuación policial. En teoría, los gobernadores y alcaldes ajenos al PSUV tienen cuerpos policiales a su disposición. Y efectivamente, estos pueden actuar en materia de delitos comunes. Lo que no pueden hacer es garantizar la seguridad de manifestaciones opositoras ante agresiones de factores comprometidos con el chavismo.
Si lo hicieran, muy probablemente correrían igual suerte que gobernadores y alcaldes que toleraron protestas antigubernamentales en sus respectivas jurisdicciones. Muchos fueron criminalizados por el chavismo y terminaron tras las rejas, o se fueron al exilio para evitar la cárcel. Y en varios casos los cuerpos de policía bajo su mando fueron intervenidos por el gobierno nacional para ponerlos bajo su control.
Los gobernadores y alcaldes actuales de seguro lo han tomado en cuenta. Por eso, prefieren abstenerse y no poner trabas a la persecución de opositores en sus territorios. Y así, los “espacios cuidados” dejan de ser seguros para el disenso.
