A lo largo de 2022, un comité especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investigó el asalto al Congreso perpetrado en enero del año anterior. La semana pasada emitió su informe final.
Alejandro Armas/El Político
El documento señala al expresidente Donald Trump como el principal responsable de los hechos violentos de aquel día, cuando una turba de sus seguidores irrumpió en el Capitolio buscando impedir la sucesión presidencial. Sostienen que el entonces mandatario inequívocamente incitó a los asaltantes con acusaciones falsas de “fraude” electoral, así como de no actuar para evitar la violencia una vez desatada.
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¿Qué consecuencias puede tener tal denuncia? Veamos.
Hecho sin precedentes
Más allá de los alegatos del informe del comité, su aspecto más importante es la remisión de sus hallazgos al Departamento de Justicia. Es en términos prácticos un llamado a este organismo del gobierno federal para que abra un proceso contra Trump.
Es decir, un expresidente de Estados Unidos pudiera enfrentar imputaciones criminales. Un expresidente que además aspira a un segundo mandato. Si el Presidente actual, Joe Biden, opta por buscar la reelección, sería su Departamento de Justicia procesando a un rival como señalado de delitos. Algo totalmente sin precedentes en la historia de la nación norteamericana.
El Departamento de Justicia no está de ninguna manera obligado por ley a acatar el llamado de la Cámara de Representantes. Pero habrá presión considerable para que lo haga. Sobre todo desde la base del Partido Demócrata con la cual un relativamente impopular presidente Biden tiene que seguir contando.
Ya el Departamento de Justicia está investigando a Trump por su presunto manejo inadecuado de documentos secretos luego de su salida de la Casa Blanca. En Georgia hay otra pesquisa por sus intentos de revertir la victoria de Biden en ese estado en 2020. Recientemente, su empresa familiar fue declarada culpable de fraude fiscal por una corte de Nueva York.
El dilema del gobierno
Como suele ocurrir cuando tiene problemas legales, Trump denunció el informe del comité como una “cacería de brujas”, políticamente motivada. En su discurso, representa un intento desesperado e ilegítimo de los demócratas por evitar su regreso al poder.
Incluso si Biden decide no volver a competir, un proceso criminal contra Trump desde el presente Departamento de Justicia pudiera brindarle al exmandatario una vía para argumentar que hay parcialización en su contra. Y puede que le funcione. En un contexto de gran polarización, mientras que los demócratas quisieran ver a Trump en el banquillo, muy probablemente la base republicana hallaría eso como un exabrupto inaceptable. Cabe esperar que Trump use el cúmulo de investigaciones en su contra para fortalecer esa versión.
Eso pone al Departamento de Justicia en un dilema. O se arriesga a ser visto por decenas de millones de estadounidenses como un ente arbitrario y partidista. O queda ante otras de decenas de millones como incapaz de hacer justicia cuando el señalado es un expresidente.
Puede que lo único que aminore las repercusiones de una decisión sea el reciente debilitamiento de Trump como figura líder del Partido Republicano. Si esa tendencia se mantiene, disminuye la probabilidad de que un hipotético proceso criminal genere mayor polarización y violencia política en Estados Unidos.
