América Latina ha sido históricamente tierra fértil para un tempestuoso fenómeno social. El de poblaciones en países políticamente estables donde un descontento latente de pronto estalla en protestas y disturbios que pocos veían venir. Se vio, por ejemplo, en Chile en 2019 y 2020.
Alejandro Armas/El Político
Ahora le tocó a Panamá, que ha gozado de una democracia ininterrumpida desde la invasión estadounidense de 1989 y el consiguiente fin de la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Desde la semana pasada, la nación centroamericana ha experimentado una oleada gigantesca de protestas que ha puesto al gobierno en alerta máxima. Ahora se desarrolla un diálogo entre ciudadanos descontentos y las autoridades, pero el futuro es harto incierto.
¿Cómo se llegó a esto? ¿Qué pudiera pasar? Veamos.
Manchas entre la prosperidad
Panamá no es un país con un largo historial de protestas masivas, como sí lo es, verbigracia, Ecuador. Las de hoy pudieran ser las más fuertes desde las de 1964, cuyo propósito entonces era denunciar la soberanía estadounidense sobre el Canal de Panamá.
Varios de sus indicadores socioeconómicos son congruentes con semejante calma. Según datos de organismos multilaterales recogidos por la agencia EFE y presentes en una nota de BBC Mundo, solo 12,3% de la población es pobre. En la no muy distante Honduras, la proporción es de 73%.
Pero, relata el medio británico, el aumento drástico en el costo de la vida (sobre todo el combustible) ha golpeado severamente a las masas. No solo los más humildes, sino también la clase media. En efecto, los manifestantes incluyen no solo a colectivos sociales y sindicatos, sino también a asociaciones estudiantiles y gremios profesionales.
Las protestas han estado motivadas además por una percepción masiva de riqueza distribuida injustamente. Aunque la economía panameña ha crecido a un ritmo vertiginoso, el país es uno de los más desiguales en una región altamente desigual. La corrupción generalizada no ayuda. Mientras que Uruguay tiene un puntaje de 73 sobre 100 en el Índice de Percepción de Corrupción de la ONG Transparencia Internacional, el de Panamá es 36.
Nudo gordiano
Pese a denuncias de uso excesivo de la fuerza en la represión de protestas, el gobierno de Laurentino Cortizo reaccionó con tono conciliador. Ordenó bajar el precio de la gasolina y llamó a un diálogo con representantes de la sociedad civil descontenta.
Un primer resultado de estas negociaciones se dio a conocer este lunes. El ejecutivo acordó reducir el costo de 72 artículos de la canasta básica, mediante precios máximos, subsidios al consumo y reducciones arancelarias. El éxito de estas medidas está lejos de garantizado. Los controles de precio por lo general no aplacan la inflación y pueden generan desabastecimiento. La ayuda monetaria al consumo tal vez sea más eficaz, pero dependerá de la salud fiscal del país.
Por otro lado, los manifestantes también exigen restringir los márgenes de ganancia de las empresas, al parecer con el propósito de reducir la desigualdad socioeconómica. El gobierno se opone. Y es que desde 1989 las autoridades panameñas han tendido favorecer al empresariado privado. Eso ha sido incluso durante los varios gobiernos del Partido Revolucionario Democrático, fundado en 1979 por el entonces dictador Omar Torrijos, de tendencia populista y socialista. En esa organización milita Cortizo, el actual Presidente.
Así pues, el ejecutivo se encuentra en un verdadero entuerto. Tendrá que buscar un punto medio que satisfaga las exigencias de los manifestantes sin caer en impulsos demagógicos que terminen generando más daño. De lo contrario, las protestas podrían buscar cambios más radicales dirigidos a transformar desde su base toda la institucionalidad política panameña, por más de 20 años una de las más estables en la región.
