Casi a última hora, la Asamblea Nacional venezolana electa en 2015 aprobó darse continuidad a sí misma por un período más. También al llamado Gobierno Interino que encabeza Juan Guaidó.
Alejandro Armas / El Político
El lapso para hacerlo vencía este 5 de enero. No fue sino hasta bien entrada la noche del día 3 cuando se concretó la medida.
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El retraso se debió, al menos en parte, a las crecientes divisiones con respecto al futuro del “interinato”, entre los partidos que lo apoyaron originalmente. Junto con la prolongación, se aprobó una reforma del Estatuto para la Transición que estableció el Gobierno Interino en 2019. Dicha reforma es producto de una larga serie de negociaciones con miras a mantener unida a la coalición que apoya a Guaidó.
El gran problema con este proceso es que muestra a una dirigencia opositora enfrascada en consideraciones legales que sirven de fachada en disputas por el reducido poder del interinato. Mientras tanto, se sigue echando de menos una estrategia para lograr el cambio político.
Foco incorrecto
La primera seña de fractura grave en el seno de la coalición opositora vino del partido Primero Justicia (PJ). Su coordinador nacional, Julio Borges, a finales de 2021 renunció como canciller de Guaidó y pidió expresamente el fin del interinato.
Acto seguido, PJ planteó ante la Asamblea Nacional una reforma del Gobierno Interino que prácticamente lo reducía a un apéndice del parlamento. En cambio, el procurador designado por Guaidó, Enrique Sánchez Falcón propuso modificar el Estatuto para la Transición en sentido radicalmente opuesto. Sostuvo que los controles parlamentarios son culpables del hecho de que el interinato no hubiera logrado su objetivo de desplazar al chavismo del poder, por lo que solicitó una reducción drástica de esos controles.
En los días siguientes, las facciones en querella mantuvieron un intercambio de consideraciones jurídicas y constitucionales en defensa de sus respectivas preferencias. Pero para efectos de política real, ambas posturas son poco relevantes, debido a que el interinato no controla del territorio venezolano. Cualquier invocación de la filosofía política sobre la separación de poderes (John Locke, Montesquieu, James Madison, etc.) es accesoria e insustancial en tal sentido.
Lo más probable es que la motivación de fondo tenga que ver con el manejo de recursos públicos en manos del interinato. A lo largo de 2021, este asunto provocó diatribas amargas dentro de la coalición opositora. Sobre todo entre PJ y Voluntad Popular (VP), el partido en el que Guaidó militó hasta 2020 y el cual sigue ejerciendo influencia considerable en la presidencia interina. Sobre todo la administración poco transparente de Monómeros, una empresa química del Estado venezolano en Colombia, acentuó el conflicto. PJ y VP se lanzaron mutuamente acusaciones de corrupción.
Tal vez por el temor a las consecuencias de un impasse infinito, a última hora hubo un consenso sobre el destino del interinato. Ninguna parte obtuvo todo lo que quiso. A Guaidó lo confirmaron como cabeza del interinato por un año más, pero cediendo algunas de sus atribuciones a la AN (no todas las que PJ pidió).
Necesario pero ausente
El mismo mal que aqueja a la dirigencia opositora desde hace varios años sigue vidente. A saber, no cuenta con un plan de presión interna que precipite una transición democrática. Aunque resuelta, la reciente disputa sobre el destino del Gobierno Interino da fe de ello.
Sea cual haya sido el resultado, sus efectos solo se hubieran sentido allende las fronteras de Venezuela. Específicamente en el manejo de las relaciones con los aliados extranjeros de la causa democrática venezolana y en el manejo de activos de la República en aquellos países.
Si la oposición sigue concentrando sus esfuerzos en este tipo de conflictos, es poco probable que su situación cambie pronto. El esfuerzo opositor quedaría así estancado por más tiempo. Y, claro, el chavismo lo celebrará.
