Pese a los intentos de última hora de sus defensores por preservarlo, el llamado "gobierno interino" de Venezuela que encabeza Juan Guaidó desaparecerá esta semana. Así lo decidió una mayoría de la Asamblea Nacional electa en 2015, el ente del cual el interinato emanó y del que siempre dependió.
Alejandro Armas
Los que votaron a favor de la medida señalan que el interinato no cumplió con su objetivo esencial de precipitar una transición democrática que ponga fin al régimen chavista. Eso es cierto. Sin embargo, esta facción opositora tampoco ha mostrado un plan para alcanzar la meta, una vez que el gobierno interino desaparezca. Y al asumir la propia Asamblea Nacional las funciones que aquel tenía, es realmente poco lo que puede cambiar en el margen de maniobra de la oposición venezolana.
Por otro lado, la forma en que se desmanteló el interinato, que no el desmontaje en sí mismo, pudiera tener repercusiones negativas para los adversarios del chavismo. Veamos.
¿Dinero a buen resguardo?
Durante sus cuatro años de existencia, el único poder real con el que el gobierno interino contó fue el de administrar activos del Estado venezolano en suelo extranjero. Estos fueron quitados a representantes del chavismo como forma de presionarlo para que acepte una transición democrática. Ahora el fin del interinato no deja del todo claro cuál será el destino de estos bienes.
Desde el partido Primero Justicia, uno de los principales impulsores del cese del interinato, el mensaje al respecto ha sido ambiguo. Sus voceros primero garantizaron que los activos no volverán a manos del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, luego también contemplaron la posibilidad de que eso ocurra, adelantando que sería responsabilidad de las respectivas autoridades extranjeras.
Hay indicios de que, efectivamente, los activos en Estados Unidos (como Citgo, filial de la estatal petrolera Pdvsa) no pasará a control chavista debido al fin del interinato. El Departamento de Estado sostiene que se respetará la decisión de la Asamblea Nacional al respecto. Washington sigue condicionando la normalización de relaciones con Caracas a un avance, al menos nominal, en el diálogo entre el chavismo y la oposición. En cambio, es más difícil prever qué pasará con bienes en otras jurisdicciones. Por ejemplo, el oro venezolano que reposa en bóvedas británicas.
Cualquier hipotético regreso de estos activos a manos del chavismo sería problemático para la oposición. Esto por el manejo sistemáticamente opaco de bienes públicos por el chavismo, que en parte se traduce en la "compra" de lealtades en entes militares y policiales que garantizan la estabilidad del régimen pese al descontento masivo en su contra.
Una pelea que nadie pidió
Más allá de lo que suceda allende las fronteras venezolanas, ya hay un daño hecho dentro del país. A saber, la percepción que deja en la base opositora la disputa amarga en el seno de la dirigencia sobre el futuro del interinato. Durante semanas, preservadores y reformistas intercambiaron acusaciones de "corrupción" y "traición".
La querella se dio sobre todo entre los cuatro mayores partidos de la disidencia: Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Solo el último clamó por prolongar el gobierno interino. Se trata del partido en el que el propio Guaidó militó formalmente hasta 2020 y aquel con mayor influencia en el interinato (aunque los otros tres también tuvieron influencia, pese a sus denuncias actuales sobre el fracaso y la falta de transparencia).
El conflicto denota incoherencia e improvisación ante una sociedad civil que mayoritariamente quiere un cambio político en el país pero no ve que la dirigencia opositora sea capaz de lograrlo. Transmite falta de unidad cuando la oposición se prepara para seleccionar un candidato unitario para las elecciones presidenciales de 2024. El resultado puede ser mayor frustración y desconfianza.
La mala impresión también se da afuera. Los aliados internacionales de la oposición, como el gobierno de Estados Unidos, vieron su carácter disfuncional en toda su plenitud. Otra razón para la pérdida de interés en la causa democrática venezolana, el cual en 2019 llegó a una cúspide de la que pronto comenzó a bajar, sin poder volver hasta ahora.