Con el anuncio oficial de la Corte Penal Internacional (CPI) de iniciar una investigación formal por crímenes de lesa humanidad a Nicolás Maduro y a quienes lo acompañan en su régimen en Venezuela, en el contexto de la visita del fiscal de la Coste Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a la nación suramericana, se crea el primer precedente en su tipo en América Latina.
El Político
Conforme a la versión noticiosa del sitio informativo digital argentino Infobae, en diciembre del año pasado la ex fiscal del CPI, Fatou Bensouda. fue determinante en su informe sobre la situación en Venezuela. Esta concluyó que luego de evaluar detalladamente, “existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte en Venezuela desde al menos abril de 2017″. Ahora, el fiscal de la CPI, Karim Khan, en su visita a la nación suramericana, lo determinó plausible. El mandatario venezolano pasa a liderar la lista de latinoamericanos que enfrenta una acusación y una investigación en su tipo.
De acuerdo con la versión informativa del portal argentino Infobae, el examen preliminar de la CPI comenzó el 8 de febrero de 2018 por las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad del régimen. Muchas cometidas tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 contra el dictador Maduro, como en algunas cárceles donde permanecen recluidos presos políticos en condiciones inhumanas.
En sus últimos días en su cargo en la CPI, Bensouda expresó que tenía la intención de pedir una investigación formal sobre los crímenes cometidos por las fuerzas del régimen chavista. Pero se lo impidió cuando desde Caracas se solicitó a los jueces que tomaran el control del caso. Ahora, en consecuencia, el caso está en las manos de Khan.
Nicolás Maduro y el destino de otros dictadores investigados por la Corte Penal Internacional https://t.co/2O57epAPrJ
— Infobae América (@infobaeamerica) November 4, 2021
Fundamentos razonables contra Maduro
El magistrado de origen británico pisó suelo venezolano desde el pasado domingo. En tan solo tres días sostuvo encuentros con funcionarios del régimen y con el propio Maduro. Finalmente, concluyó el examen preliminar de la situación en Venezuela. Y determinó que procede abrir una investigación “para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”.
El informe de Bensouda detalla los principales crímenes que ahora serán investigados por la CPI. Entre ellos: “La información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable. Como para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno, han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional. Con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del artículo 7. Tortura, conforme al apartado f) del párrafo 1 del artículo 7. Violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, con arreglo al apartado g) del párrafo 1 del artículo 7. Y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, de conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma.
Conviene saber que la CPI es un tribunal de última instancia. Y que únicamente interviene cuando los estados no llevan a cabo investigaciones fehacientes sobre los crímenes denunciados. La sentencia máxima es de 30 años de prisión. Para ello, el organismo multilateral cuenta con una instalación apropiada en La Haya, donde también se ubica el tribunal. Y en en circunstancias excepcionales, puede dictar cadena perpetua.
Hasta este día un total de 34 personas han sido procesadas por la Corte Penal Internacional desde su concepción en 1998 mediante el Estatuto de Roma. No obstante, no todos han terminado tras las rejas. Doce criminales se encuentran prófugos y dos de ellos fallecieron antes de ser arrestados.
Cumplir condena en La Haya o en otra nación
Conforme al acuerdo con los convenios que puedan rubricar la Corte y otros países, la pena puede cumplirse en la sede de La Haya, en los Países Bajos, o en otra nación. Hasta el momento, la condena más alta emitida por la CPI fue la impuesta al ex jefe guerrillero congoleño Bosco Ntaganda. En noviembre de 2019 se le sentenció a 30 años de prisión. Acusado por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la República Democrática del Congo.
Según la versión informativa de Infobae, la mayoría de los procesados, condenados y detenidos por la CPI han sido líderes rebeldes o militares. En gran parte de países africanos. El caso más reciente es el de Dominic Ongwen, un niño soldado convertido en comandante de la brutal rebelión del Ejército de Resistencia del Señor (LRA). Este opera en el norte de Uganda, que en mayo de este año se le condenó a 25 años de cárcel tras ser declarado culpable de 61 cargos.
Más corta es la lista de jefes de Estado o presidentes investigados. De esta manera, tras la decisión del fiscal Karim Khan, Maduro se suma a esa lista negra. Esta incluye también a Slobodan Milosevic (Yugoslavia), Muammar Gaddafi (Libia), Omar al-Bashir (Sudán), Laurent Gbagbo (Costa de Marfil) y Jean Kambanda (Ruanda). A todos se les condenó por crímenes de guerra, contra la humanidad y genocidio.
Las denuncias contra el régimen venezolano
El dictador venezolano cuenta con decenas de denuncias por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de parte de diferentes organismos como la OEA y la ONU. En su informe, la CPI apunta directamente contra los cuerpos de seguridad que responden a Maduro. Entre ellos: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Así como la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Y también el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
El documento también se refiere a las milicias paramilitares al servicio de la dictadura, conocidas como “colectivos”. Indica que actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento en relación con el presunto rol de los actores mencionados. Los casos potenciales identificados por la Fiscalía no estarían limitados a estas personas o grupos de personas. Se procuraría examinar la presunta responsabilidad de quienes parezcan ser los máximos responsables por los crímenes.
Fuente: Infobae
