El Político.- Luego de que la Corte Penal Internacional anunciara el examen preliminar al país; dicho examen ha sido rechazado por el gobierno de Maduro. Este se aprueba luego tras las múltiples denuncias y los 19 casos confirmados de violación de los derechos humanos, estas denuncias se han venido registrando desde el año 2014 durante los hechos de protesta suscitadas a lo largo del territorio nacional.
Esta, es una acción tomada por la CPI en base al artículo 15 del estatuto de los DDHH, relacionado con la introducción de denuncias y casos en la CPI (Corte Penal Internacional) sobre violación de DDHH por parte de entes particulares, parlamentarios y ONGs, además del Consejo Internacional de DDHH.
¿Votar en el exterior? Miles y unas trabas que pone el régimen para evitar la participaciónhttps://t.co/R9PpM0sCqy
— El Político (@elpoliticonews) February 12, 2018
Ante esto Nicolás Maduro ha movido sus influencias para evitar que él o su “cúpula” obtengan una sentencia que conlleve a la prisión. Según reveló La Razón en su edición impresa, el abogado internacional Baltasar Garzón, el asesor de la OEA Luis Moreno Ocampo, la hermana del vicepresidente Tareck El Aissami, Haiffa El Aissami, la abogada Helen Duffy y el director de acusaciones de la CPI, Fabricio Guarigilia, presionan a la fiscal de La Haya, Fatou Bom Bensouda, a favor de Nicolás Maduro, reseñó El Cooperante.
Todos estos funcionarios están precedidos por artimañas tapadas a través de los años por personas pudientes. Como es el caso de Garzón, quien no puede asumir la defensa de Maduro, pero esta dispuesto a comenzar el “tráfico de influencias” en este grave caso que lleva la CPI. Señala el autor del artículo Santiago Alcalá, a pesar de que Garzón negó el miércoles estar asesorando a Maduro.
“A raíz de su suspensión por 11 años del cargo de juez de la Audiencia Nacional de España por prevaricato, Garzón llenó plaza como asesor de la Fiscalía de la CPI. El cargo le fue concedido a petición pública, expresa, un tanto histérica, de su altopana y compinche, el entonces titular de la fiscalía Luis Moreno Ocampo, argentino rufián y con nexos con el proto chavismo”, se lee en el trabajo original.
La Fiscalía Internacional deberá validar las denuncias apegándose al Estatuto de Roma. A partir del pasado jueves Venezuela se encontraba en la fase I, del cual evaluarán los posibles casos y realizarán los respectivos descartes; posteriormente entrarán a la fase II, donde realizarán un informe analítico acerca de los casos que valen la pena seguir estudiándose.
