El presidente de Argentina, Mauricio Macri, reconoció que no impulsará la legalización del aborto ni los juicios a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1976-1983).
En entrevista con Notimex, Macri respondió a temas centrales de derechos humanos en medio de la creciente preocupación de un sector de la sociedad argentina y de organismos internacionales por los retrocesos en la materia.
Respecto al aborto, el presidente fue consultado sobre el caso de Belén, una mujer de la provincia de Tucumán, ubicada en el norte del país, que fue detenida y condenada hace dos años después de sufrir un aborto espontáneo.
“Es un tema muy delicado”, dijo el jefe de Estado al hablar sobre la campaña “Libertad para Belén” impulsada por múltiples organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional.
Macri explicó que “a veces esos casos particulares lo llevan a uno a la reflexión, pero vuelvo a insistir que acá lo importante es defender la vida”.
Aunque se le preguntó por la vida de las mujeres que mueren por abortos mal practicados, el presidente insistió en que “hay que defender la vida, traer a un niño a este mundo es una de las cosas más lindas que le puede pasar a una pareja, es la expresión más linda de amor que hay”.
Por otra parte, Macri fue consultado sobre el informe de Naciones Unidas que criticó la lentitud en los juicios contra los represores y las investigaciones sobre la complicidad empresarial en crímenes de lesa humanidad durante la dictadura que gobernó el país.
También se le preguntó por las graves y múltiples prisiones domiciliarias que están obteniendo criminales que secuestraron, torturaron, desaparecieron y asesinaron a miles de víctimas en la década de los años 70.
El presidente se limitó a responder que “trabajo todos los días para que cada día haya más institucionalidad en mi país, que la Justicia actúe como corresponde, independientemente del Poder Ejecutivo”.
Los juicios de lesa humanidad que convirtieron a Argentina en un ejemplo en justicia y derechos humanos a nivel internacional son resultado de políticas de Estado, es decir, de los tres poderes, no sólo el Judicial.
Con sus definiciones, Macri confirmó los temores de los organismos de derechos humanos que anticiparon que el gobierno dejaría de apoyar los históricos juicios que hasta hoy habían logrado la condena de más de 600 represores.
Con información de La Jornada
