Una nueva acusación recayó en contra del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuando el Senado decide el futuro político de Brasil con la probable salida de Dilma Rousseff y del izquierdista PT del poder.
La Policía Federal de Brasil inculpó al emblemático Lula de beneficiarse de los sobornos de algunas de las empresas de la trama corrupta de Petrobras.
La acusación no podría ocurrir en peor momento: el Senado brasileño se encontraba sumido en el segundo día de debates para decidir si despoja del cargo a Rousseff, acusada de maquillar las cuentas públicas. Pero el masivo escándalo de corrupción en Brasil parece ser el principal punto en el menú del dramático juicio.
"¿Qué moral tiene el Senado para someter a juicio a Dilma?", lanzó la senadora Gleisi Hoffmann, del Partido de los Trabajadores (PT), al inicio de las sesiones el jueves.
La pregunta disparó gritos y agravios, repetidos llamados al orden y suspensión de los debates, en el segundo día de las sesiones ayer, en las que la defensa presentó sus argumentos en favor de la mandataria, de 68 años, primera mujer en asumir la presidencia de Brasil.
Si Rousseff es destituida, se pondrá fin a más de 13 años de gobiernos del PT, golpeado por las revelaciones de masivos escándalos de corrupción, incluido el megafraude a la estatal petrolera Petrobras.
Manicomio
El Senado se convirtió en "¡un manicomio!", se quejó su jefe, Renan Calheiros, emblemático legislador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Los debates en el Senado no son más que un reflejo de la profunda polarización en Brasil. Todo en un contexto amargo: la mayor economía latinoamericana atraviesa la peor recesión en décadas, con una inflación de más del 10%, desempleo que afecta a 11 millones de personas y un déficit de US$ 45.000 millones.
De los 81 senadores que deciden el futuro político de la exguerrillera, más de la mitad tiene causas pendientes o es investigado por corrupción, incluidos Calheiros y Hoffmann.
Y una vez más Lula fue puesto en la mira. La Policía de Brasil inculpó al expresidente por corrupción y lavado de dinero, en el marco de una investigación relacionada con el millonario fraude a la estatal Petrobras, que le costó a la empresa US$ 2.000 millones.
El informe, al que tuvo acceso la agencia AFP, deberá ser analizado por la fiscalía en los próximos 90 días para decidir si presenta cargos ante la Justicia.
Lula, de 70 años y presidente entre 2003 y 2010, está sometido a tres investigaciones en la llamada Operación Lava Jato, en la que gigantescas empresas privadas sobornaron a ejecutivos de la petrolera y a políticos a cambio de suculentos contratos.
La Policía Federal recomendó acusar a Lula en esta oportunidad por la presunta adquisición de un apartamento y una chacra de forma irregular con la colaboración de la empresa OAS, involucrada en esa trama de corrupción.
Lula ya fue acusado por intentar obstruir las investigaciones de Lava Jato.
Según la Policía, Lula y su esposa "fueron beneficiarios de ventajas ilícitas por parte de la constructora OAS, en valores que alcanzaron los 2,4 millones de reales", unos US$ 750.000 al cambio actual. Lula siempre negó las acusaciones. El apartamento habría sido comprado por la OAS y reformado para Lula. Las autoridades investigan además la mudanza de Lula después de dejar el poder.
Final cantado
Los sondeos y analistas coinciden en señalar que la tendencia es prácticamente irreversible en favor de la destitución de la mandataria, suspendida en mayo.
Rousseff, electa en 2010, está acusada de manipular datos para ocultar la verdadera situación de las cuentas públicas de su gobierno, y emitir por decreto líneas de crédito sin el aval del Congreso.
La mandataria insiste en que es "inocente" y denunció ser víctima de un "golpe de estado" orquestado por Michel Temer, su exvicepresidente y ahora su enemigo visceral. Será precisamente Temer quien completará el mandato de Dilma hasta 2018, si la presidenta es finalmente destituida.
Para ello, se requiere una mayoría especial de 54 votos (dos tercios) del Senado.
Rousseff tomará la posta de su defensa el lunes, acompañada de Lula. Después vendrán las deliberaciones, que darán paso a la votación final.
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En caso de ser sentenciada, Rousseff, una mujer aguerrida que militó en una guerrilla marxista durante la dictadura (1964-1985), quedará inhabilitada para ocupar cargos públicos por ocho años.
Aislada desde su suspensión en una especie de destierro en el Palacio de Alvorada, la residencia presidencial, Dilma pidió "mantener viva la esperanza".
Denuncia es "pieza de ficción", dice la defensa
La Policía Federal recomendó ayer viernes acusar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por la presunta adquisición de un apartamento y una chacra de forma irregular con la colaboración de la empresa OAS, involucrada en la trama de corrupción de Petrobras. También fue incriminada la esposa del exmandatario, por corrupción pasiva y lavado, y otras tres personas.
La defensa de Lula repudió "vehementemente" esta nueva denuncia y calificó el informe del delegado de la Policía Federal, Marcio Adriano Anselmo, como una "pieza de ficción", al reiterar que el apartamento "no es y jamás fue de Lula o sus familiares", sino de OAS.
El documento "tiene motivación política", subrayaron los abogados, ya que "el delegado Marcio Adriano Anselmo tiene un histórico de ofensas a Lula en las redes sociales y ya ha expresado públicamente su simpatía por el campo político opuesto al del expresidente". "No se puede aceptar como coincidencia el hecho de que el informe haya sido presentado en mitad del juicio de impeachment de la presidenta de la República (Rousseff) elegida con el apoyo de Lula", concluyeron.
Si Lula llegara a ser condenado no podría aspirar a un tercer mandato en las elecciones de 2018.
Con información de El Observador
