En las paredes resquebrajadas de los edificios de la puntilla de Bahía de Caráquez aún se leen los mensajes escritos luego del terremoto del 16 de abril pasado: “Bahía, te amo”, “Bahía, volveremos”, “Te amamos, Bahía del alma”, “Quito está contigo”. A esas inscripciones, en las últimas dos semanas se ha agregado otra frase: “Edificio en consultoría”.
Este es uno de los pocos cambios que a seis meses del cataclismo se han dado en al menos una treintena de edificaciones afectadas duramente por el movimiento de 7,8 de intensidad en la escala de Richter. Estas estructuras, que promedian entre ocho y doce pisos, permanecen abandonadas en su mayoría. Solo en dos se ejecutan tareas de demolición, en otra se derrumban paredes y en otra en construcción, sigue la obra.
Aquello le da un panorama de olvido, de cataclismo, de oscuridad profunda en las noches y polvaredas asfixiantes en el día. La otrora zona turística y de relax de los dueños de departamentos, en su mayoría de Quito, tiene un panorama desolador. Ya se ha dicho eso meses atrás y toca repetirlo.
Recién ahora, cuando se cumplen hoy seis meses del cataclismo, parece encaminarse un probable cambio en la situación. Hace unas tres semanas, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) empezó una consultoría para determinar cuántos edificios deben demolerse y cuántos podrían entrar en reparación.
Inicialmente, un informe del Cabildo local había determinado que en el cantón Sucre, cuya cabecera es Bahía de Caráquez, constaban 31 edificios altos (más de cuatro pisos) afectados y tres por demolerse. Otro reporte, pero del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), señala que en este cantón se han demolido 530 edificaciones. Pero ninguno de estos señala cuántos quedan por derrumbarse y cuántos pueden repararse.
El pasado martes, el presidente Rafael Correa llegó al sector y al apreciar aquel panorama anunció la posibilidad de, si es necesario, crear una ley especial para derrocarlos. Señaló que se trataba de un tema complejo por ser edificios privados: “Se ha dado tiempo suficiente y no hay mayor reacción. Vamos a presentar, hoy día vamos a dar los últimos detalles de un programa muy potente de crédito, pero si aun así no se arreglan los edificios procederemos a -inclusive si hay que hacer una ley especial la haremos- procederemos a derrocar. Bahía no puede seguir teniendo ese rostro".
Esa declaración tuvo reacciones diversas, pero sobre todo de rechazo de parte de algunos dueños de edificaciones. María de la Paz Robalino es propietaria del Salango, de ocho pisos, valorado en un millón y medio de dólares y que estaba asegurado. Ella indica que por su cuenta pagó un estudio a técnicos de la Politécnica Nacional para determinar si era posible su reparación. Hace 15 días recibió ese informe y no será necesario derrocarlo.
Aclara que no ha recibido ningún informe del Municipio o del Comité de Operaciones de Emergencia. Y reclama: “Yo no puedo hacer nada hasta que el seguro me dé la plata. Yo no tengo la plata, solo el señor Correa (presidente de la República) tiene la plata para venir y advertir a los quiteños que va a botar los edificios. Sepa usted que los quiteños mantenemos Bahía de Caráquez… Nosotros damos trabajo…”.
De la Paz da gracias a Dios porque “recién están haciendo unos estudios…”, al referirse a la consultoría del Miduvi.
Hace un mes, el alcalde de Sucre, Manuel Gilces, refirió que algunos propietarios dejaron abandonadas las edificaciones. La administradora de uno de estos, que pidió la reserva, señala que no es así, que en el Municipio hay toda la información. Pero ahora el alcalde no responde sobre el tema. Este Diario lo buscó en Bahía y por su celular.
Con información de El Universo
