La incapacidad de dar respuestas acertadas a los países latinoamericanos tras la pandemia del coronavirus constituye el principal riesgo político de la región.
El Político
Jorge Sahd, abogado y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (Ceiuc), analiza los resultados del índice de riesgo político para la región latinoamericana, así como la pérdida de institucionalidad y la fragmentación de las democracias con motivo del Primer Informe de Riesgo Político de Amërica Latina.
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El experto, que también se desempeña como presidente del Consejo de la Sociedad Civil de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales Chile, confiesa que hoy la región adolece de “un choque institucional por el cada vez menor nivel de confianza en las instituciones públicas que son clave para la democracia”.
Las protestas se han transformado en violencia
Escenarios como el de Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Perú e incluso el de Costa Rica muestran un mayor nivel de violencia en las protestas, donde “la manifestación legítima en la democracia ha, lamentablemente, pasado a situaciones de violencia, vandalismo y delincuencia”.
Desde los problemas de gobernabilidad y debilidad institucional, la corrupción o los efectos de la rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, el índice Riesgos Políticos América Latina 2021 hace un repaso de aquellos eventos que se vislumbran post COVID-19.
Casi 4 mil personas que participaron en la encuesta y a los 120 expertos que entregaron sus opiniones sobre los principales riesgos
La crisis provocada por la pandemia del COVID-19
podría arrastrar a la pobreza a más de 28 millones de personas, superando los 200 millones en la región, equivalente a un 35% de la población, según datos de la CEPAL. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en tanto, proyecta una caída para América Latina y el Caribe de −8,1% este año, la más alta recesión en la historia económica reciente.
Al difícil cuadro económico se suma la crisis de gobernabilidad, con una cada vez más tirante relación
entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, un deterioro en el proceso de elaboración de las políticas
públicas y un desprecio por la evidencia técnica.
Perú y Chile son ejemplos de la creciente dificultad
de los gobiernos de llevar adelante sus agendas por
la tensa relación con el Congreso.
Con un marco amplísimo de estudio que mira de cerca el comportamiento y tendencias de estos actores sociales, así como de los Estados, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile (Ceiuc) ha elaborado el informe ‘Riesgo político de América Latina’, que comparte con este medio y del cual se desprenden 10 importantes conclusiones:
1. Incapacidad del Estado de dar respuesta a las demandas sociales.
Debido a un mayor nivel de deuda pública, débil desempeño de las economías y creciente conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo.
2. Nueva ola de protestas violentas en la región.
Por altas tasas de desempleo, mayor desigualdad y aumento de la pobreza.
3. Aumento de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.
Ante el debilitamiento del estado de derecho, los organismos de control y la falta de orden público.
"Si uno levanta la mirada al bosque se da cuenta de que hay elementos más globales y uno de esos es la corrupción, y el caso Odebrecht, que ha involucrado a más de diez países de Latinoamérica, fue ese golpe que generó una mayor crisis de confianza en la política y en las instituciones públicas, y si bien los países han avanzado, en materia de transparencia aún queda crear esa cultura de integridad que es muy difícil porque es un plan a largo plazo", expresa.
4. Mayor apoyo a líderes autoritarios y populistas.
Ante el bajo nivel de confianza en la democracia y las instituciones, viéndose afectadas las libertades y derechos de las personas.
5. Debilidad institucional y del estado de derecho.
Afecta la seguridad jurídica de los negocios y de la inversión.
6. Crisis migratoria.
Frente al deterioro de la realidad económica y social en la región, generando tensiones internas.
¿Cómo evalúan la continuidad del fenómeno migratorio?
El fenómeno migratorio estaba en la prioridad de la agenda pública hasta el primer semestre de 2019 o en la época pre pandemia.
Había preocupación; la situación de Venezuela, con casi cinco millones de migrantes en distintos países del hemisferio, la situación de Centroamérica y Honduras con la ida a la frontera de Estados Unidos, la situación siempre tensa con México, pero la pandemia ha postergado y desplazado de la agenda pública a la migración, pero sigue siendo una preocupación y les aseguro que una vez que se vaya restableciendo cierta normalidad en los países, este tema va a volver a la prioridad porque la migración tiene un componente humano, de integración en la sociedad, y también un componente de si los Estados están preparados, desde el punto de vista de salud, educación y servicios sociales para absorber esos flujos migratorios que son desordenados y muy de golpe producto de distintas crisis sociales, como lo que ha ocurrido en Venezuela o los países que van a quedar debilitados después de la pandemia.
7. Utilización de las fuerzas armadas.
Están siendo utilizadas para fines políticos o de orden público interno, generando inestabilidad política.
8. Conflicto geopolítico de Estados Unidos y China.
Una mayor dependencia a China, genera divisiones políticas en la región.
9. Parálisis de la integración regional.
Ante la mayor polarización y fragmentación de los países, se afectan las instancias de colaboración.
Presuntos integrantes de la organización de alias Guacho
10. Tensiones fronterizas.
El peligro de conflictos fronterizos es evidente y podrán derivar en conflictos armados.
Cada uno de estos aspectos ha sido planteado tras el análisis de data, cifras y antecedentes por parte del equipo especializado del Ceiuc.
Altos niveles de deuda pública
La capacidad del Estado para enfrentar estas crecientes demandas se verá limitada además por mayores niveles de deuda pública. Países como Venezuela, Argentina, Brasil o El Salvador ya exhibían una alta deuda fiscal que superaba el 65% previo a la crisis.
La capacidad financiera del Estado se verá más restringida aún luego de los planes de rescate frente al COVID-19.
Según la CEPAL, El Salvador,Chile, Perú, Brasil y Paraguay han realizado los mayores esfuerzos fiscales como porcentaje del PIB, en un mix de transferencias, subsidios y créditos con garantía del Estado, mientras otros países se han visto limitados por su baja capacidad
Sobre Panamá, es enfático al aclarar que la corrupción sigue siendo un desafío “no solo desde la probidad y la integridad, sino de cómo avanzamos en modernizar el Estado panameño a nivel central y local”, para propiciar mejores condiciones que permitan solventar “las demandas en materia de salud, economía y seguridad social”.
Sustentan en este informe que uno de los elementos más importantes en materia de riesgo político en la época postpandemia será la incapacidad del Estado de dar respuesta a las demandas sociales. Hablan además de que América Latina enfrenta un triple ‘shock’: sanitario, económico e institucional.
Sobre estos y otros temas ha opinado el coordinador de la investigación Jorge Sahd:
¿Cómo digerimos esto?
No es tan fácil de digerir porque América Latina primero venía con un estancamiento económico en los últimos seis años, de hecho fuimos la región que menos creció el año pasado a nivel mundial, después del boom de los años 2000, cuando muchas personas pasaron de la pobreza a una clase media.
Luego viene la pandemia, que ha significado –según estimaciones– que 30 millones de latinoamericanos van a caer en la pobreza; vamos a tener cerca de un tercio de la región en esa situación, más la recesión económica, el desempleo y lo que se llama la pandemia social. Y finalmente, que es un tema más de fondo, tenemos un choque institucional por el cada vez menor nivel de confianza en las instituciones públicas; las instituciones que son clave para la democracia, gobierno, poder judicial y Congreso, hoy no superan un 25% en su nivel de confianza; entonces, este triple shock se acelera, se hace más manifiesto en la pandemia y será el gran desafío cómo los Estados van a poder enfrentarlo en 2021.
Pronostican también una nueva ola de protestas violentas debido a la desigualdad y la pobreza.
-¿Cómo evalúa el manejo de las políticas públicas en países como Chile, México, Guatemala y Panamá en aras de garantizar la igualdad de derechos?
-Lo veo con mucha preocupación, porque el principal enemigo de la democracia es la violencia. No pueden coexistir la democracia, un estado de derecho si no somos capaces de controlar la violencia y resguardar el orden público.
Lo que hemos visto en América Latina en 2019 con Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Perú e incluso en Costa Rica, es un mayor nivel de violencia en las protestas; la manifestación legítima en una democracia ha pasado a situaciones de violencia, vandalismo, delincuencia, en muchas ocasiones también acentuados por el narcotráfico o el crimen organizado, y eso sin lugar a dudas es una amenaza y enemigo para la democracia y muestra incapacidad de procesar los conflictos de diferencias sociales por la vía institucional; entonces, a ese riesgo político que se ubica en el segundo lugar dentro de los diez principales riesgos postcovid. Hay que mirarlo con atención porque vemos una tendencia al aumento de la violencia en las protestas, que también ha venido de la mano con la frustración de la sociedad y sus expectativas frente a este estancamiento económico y sensación de desigualdad, y en algunos casos, de abusos.
¿Cree que el rol de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha enmarcado en servir como válvula de escape ante la crisis sociopolítica que atraviesan algunos de nuestros países?
Sí, creo que los organismos internacionales como la OEA, en materia política y de cooperación, el Banco Interamericano, en materia económica, por citar algunos ejemplos, cumplen un rol, pero tienen las limitaciones propias de un organismo multilateral. En el caso del resguardo de la democracia y del orden público son finalmente de resorte de cada uno de los gobiernos y ahí organizaciones como la OEA pueden proponer un marco de acuerdo, tienen principios y la carta democrática, pero al final del día, los que tienen que resguardar ese orden público son los propios gobiernos.
Aumento de líderes utilitarios
También plantean un aumento en el apoyo a líderes autoritarios y populistas en los días venideros. Mencionan que liderazgos que apunten a distanciarse de la élite, como los de Jair Bolsonaro (Brasil), Andrés López Obrador (México) o Nayib Bukele (El Salvador) se presentan “atractivos” para una ciudadanía “que no ha logrado respuestas por las vías institucionales”. Y este también es el terreno fértil del autoritarismo.
De hecho, la pandemia ha derivado en estados de excepción que otorgan facultades adicionales a los gobiernos para la emergencia sanitaria y en la toma de decisiones, que no bien llevados pueden generar situaciones en las cuales se afecta la libertad de los derechos de las personas.
Este mayor apoyo a líderes autoritarios o populistas está directamente relacionado con la menor confianza en las instituciones públicas, en la política y en la democracia, lo que da un terreno fértil para estas figuras que se muestran antagónicas o en oposición a las élites de todo tipo, económicas, políticas, académicas, intelectuales y que ofrecen atajos a la sociedad o la ‘Tierra prometida’. Entonces, la ecuación de poca confianza en las instituciones públicas y el surgimiento de líderes populistas va totalmente de la mano.
¿Hay una corresponsabilidad entre el Estado y la ciudadanía en la erosión de las democracias?
Sí. Me parece que después de las democracias –que sigue siendo el sistema más apoyado por las sociedades– hay una crisis de confianza y de legitimidad que también viene dada por las expectativas; el cambio social que tuvo América Latina, con todas sus fragilidades, en la década pasada significó también que las sociedades fueron sofisticando sus demandas políticas, sociales y económicas, y los gobiernos han sido incapaces de anticipar y resolver ese problema, no solamente en Latinoamérica, también lo observamos en otras latitudes.
Explica que existe frustración, malestar, y se indica como culpables a los políticos de turno y al Estado, pero aquí lo importante es cómo América Latina genera condiciones para ir construyendo mayores capacidades institucionales.
-Si me preguntas cuál es la mayor debilidad de la región, te diría que es su gran debilidad institucional que hace que no haya certezas básicos estables, hay una transformación muy radical cada vez que hay un cambio de gobierno, surgen este tipo de liderazgos, problemas de separación de poderes, y todo esto que hemos hablado de la desconfianza en las instituciones es marcado por la corrupción, que no sabemos si es mayor o menor que en el pasado, pero hoy es más visible y no se toleran actitudes o actividades que en el pasado sí eran tolerables.
-¿Se ha desvirtuado el rol del líder político en América?
-Ha cambiado, porque hoy tenemos la irrupción de las redes sociales donde la interlocución es mucho más directa e inmediata. Antes teníamos una suerte de intermediarios, solamente los medios de comunicación formales, al representante en la política, pero hoy las redes sociales se han transformado en un amplificador de los deseos, las frustraciones y las opiniones de las personas, y han generado una inmediatez que más allá de los gobiernos de turno, los Estados no están preparados.
Papel de la sociedad civil
La sociedad civil cumple un rol fundamental en todos estos procesos que estamos conversando, entendido como el conjunto de ciudadanos organizados, con un plan coherente, con un petitorio, porque lo que ha demostrado, por ejemplo, la corrupción, es que una sociedad alerta, que alarma, genera denuncia y está activa, es un disuasivo frente a posibles actos de corrupción.
Decías en una entrevista para CNN que “Latinoamérica no es prioridad en la política exterior de Estados Unidos. El foco está en China, en recomponer relaciones con sus aliados”, me gustaría que nos comentaras al respecto.
Claramente el tema de Estados Unidos genera interés en América Latina, sin lugar a dudas. Hay cooperación, temas de política migratoria, relaciones históricas de nuestra región con Estados Unidos, convergencia de principios, defensa de la democracia y de derechos humanos, pero si uno mira la política exterior y las principales preocupaciones que va a enfrentar el presidente Biden, primero son de naturaleza doméstica; una sociedad americana profundamente dividida que va a tener que administrar y ver cómo un discurso moderado encaja en esa sociedad dividida, porque Trump lo que hizo fue polarizar esa división. En política exterior las prioridades están frente a la potencia emergente y el ascenso global de China en lo económico, en tecnología; esta diplomacia que es mucho más asertiva. Por otro lado, Biden tiene que ir restableciendo las relaciones con sus aliados históricos, especialmente en la Unión Europea, entonces Latinoamérica tiene un tema al que poner atención más allá de las políticas migratorias o de cómo puedan influir los planes de cooperación o de ayuda para el combate del narcotráfico, o de la corrupción que contemple la administración de Biden, que es cómo va a pararse frente a la creciente rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China, considerando que para América Latina ambos países son de sus principales socios comerciales y crecientemente China, receptor de inversión extranjera. Hasta el momento hemos querido lo mejor de los dos mundos; este es un tema complejo ante el cual nuestros gobiernos debieran prepararse por un mundo que va a ser cada vez más bipolar y donde este enfrentamiento va a continuar.
Populismo y debilidad institucional marcarán el paso del riesgo político para América Latina, según informe
Previsiones para 2021
¿Es de alguna manera previsible el escenario sociopolítico de nuestras naciones de cara a los meses venideros?
Este 2020, sin duda, se ha convertido en una prueba de fuego para las administraciones de gobierno, los organismos internacionales y la sociedad civil dentro y fuera de la región.
Cada uno de estos aspectos ha sido planteado tras el análisis de data, cifras y antecedentes por parte del equipo especializado del Ceiuc.
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