Hace casi 25 años, el 2 de noviembre de 1995 el político Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, donde acababa de dictar una clase de Cultura colombiana. Ahora, la admisión del asesinato por parte de las Farc, un grupo insurgente ahora pacificado, retoma la presencia de uno de los crímenes políticos más sonados de Colombia.
El Político
A menos de un mes de que se cumplan 25 años del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, y sin que a lo largo de las investigaciones aparecieran indicios sobre su participación en el magnicidio, excomandantes de las Farc hicieron pública su intención de aportar verdad y reconocer su responsabilidad en seis homicidios, entre ellos el del político conservador.
El crimen se dio en medio de la incertidumbre nacional que generaba la presión violenta de los carteles de la droga y la crisis de legitimidad del gobierno del entonces presidente Ernesto Samper por el ingreso de dineros ilegales a su campaña presidencial.
Los ex Farc confesaron su crimen por medio de una carta generó sorpresa y revuelo político y judicial, pues se trata de un hecho que marcóla historia del país, cuya investigación en más de dos décadas tiene más preguntas que respuestas y cuya víctima era uno de los políticos más respetados de la época.
Un político destacado
Gómez Hurtado ya había sido candidato presidencial y su nombre de nuevo sonaba para la Presidencia, fue concejal, representante a la Cámara y senador. Había sido uno de los líderes de la Asamblea Nacional Constituyente, que generó un hito en la democracia nacional, hijo del expresidente Laureano Gómez y quien desde las páginas del periódico El Siglo escribió columnas y editoriales sobre los cambios sociales que requería el país.
Un logro de la Jurisdicción Especial Para la Paz
Anunció que a través de una carta representantes del antiguo secretariado de las Farc ofrecieron “aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad” en los homicidios de Gómez Hurtado, del general (r) Fernando Landazábal, del activista de la paz Jesús Antonio Bejarano, el representante a la Cámara Pablo Emilio Guarín y de los exguerrilleros José Fedor Rey y Hernando Pizarro León-Gómez.
Pasado el mediodía de este sábado y cuando el tema ya había generado agitación en amplios sectores, el partido Farc expidió un comunicado en el que amplía su decisión de asumir la responsabilidad del magnicidio: “Reconocemos ante la familia de Gómez Hurtado, el país y el mundo que somos responsables de este hecho”. Añaden que no se va a atribuir la responsabilidad “a quienes hoy ya no nos acompañan” y que contarán “la verdad, sin intermediarios y sin interpretaciones que obedezcan a agendas que no sean las de la verdad plena”.
Y afirmaron que ante la JEP y la Comisión de la Verdad van a decir por qué consideraron a Gómez “un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra a las nacientes Farc-Ep y por qué decidimos callar este hecho todos estos años. Reconocemos que fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez. Hemos leído sus biografías y hoy sabemos que su contribución a la paz del país habría sido fundamental. Pero la guerra nubla la mirada del futuro y solo permite ver la realidad en blanco y negro para dividirla en amigos y enemigos”.
Finalmente señala la comunicación: “hoy sabemos que nuestros adversarios en la guerra pueden ser nuestros aliados en la paz. Por eso, con humildad y profundo sentido de responsabilidad con las generaciones futuras, pedimos perdón a la familia, amigos, copartidarios y al país entero por haberles arrebatado a la democracia y a la paz del país a un hombre como Álvaro Gómez Hurtado”.
Preguntas sin respuestas
La confesión deja varios interrogantes sobre si los excombatientes tienen cómo probar su responsabilidad en los hechos y por qué tardaron tanto tiempo en mencionar su vinculación con un suceso de tanta trascendencia nacional.
Aunque señalan que dirán la verdad en la justicia transicional, voceros de la Fiscalía General señalaron que seguirán investigando el delito que fue declarado por el ente acusador de lesa humanidad y que seguirán adelante con la citación de testigos e indiciados. De hecho, la Fiscalía, para aclarar el crimen, que fue una de las tareas que le fijó el presidente Iván Duque al fiscal Francisco Barbosa, citó a políticos y excapos de la droga, pero a nadie de las Farc.
En la última decisión, el ente acusador cita a declaración a la exsenadora Piedad Córdoba, el exalcalde Luis Eduardo Garzón y los narcotraficantes Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela; Fernando Henao Montoya, exmiembro del cartel del Norte del Valle; Guillermo Pallomari, excontador del cartel de Cali; el extraditado Samuel Santander Lopesierra, ‘el hombre Marlboro’, y el excapo Víctor Patiño Fómeque.
El caso plantea una futura colisión de competencias que resolvería la Corte Constitucional.
La carta de las Farc se conoce en medio de las versiones contradictorias de la policía y la exsenadora Piedad Córdoba, quien ha señalado que contará quién mató a Gómez Hurtado, sobre un incidente en el que se disparó al carro de sus escoltas, y tras un fuerte pronunciamiento de la familia del político conservador, que considera que la hipótesis de la exsenadora, ratificada ahora por las Farc, es “vieja y absurda, que no tiene el menor asidero probatorio”.
El crimen se dio en medio de la incertidumbre nacional que generaba la presión violenta de los carteles de la droga y la crisis de legitimidad del gobierno del entonces presidente Ernesto Samper por el ingreso de dineros ilegales a su campaña presidencial.
Versión que genera desconfianza
Mauricio Gómez, hijo del líder inmolado, señaló en un artículo publicado en este diario que la tesis es gravísima y llevaría a “librar de la responsabilidad y el castigo a sus verdaderos autores intelectuales”.
La versión de las Farc fue vista con desconfianza por algunos sectores que recordaron que en abril de 1985 el Estado Mayor de las Farc invitó a Gómez Hurtado a sentarse con ellos para hablar de la paz.
“Creemos que en estos momentos en Colombia quien logre llegar a la opinión de millones de personas con planteamientos claros y precisos sobre el proceso de paz y la paz misma será el próximo presidente de la república. Diga cuándo viene, lo estamos esperando en Casa Verde”, se leía en la carta.
El abogado Enrique Gómez Martínez, sobrino de la víctima y abogado de la familia en el proceso penal, señaló que la JEP se está prestando para intentar quitarle la competencia de la investigación a la Fiscalía “para, en un procesito de tercera, condenar que algún falso muerto de las Farc fue el que estuvo en esto, e impedir que avance la investigación contra (Ernesto) Samper y (Horacio) Serpa. Lo habíamos advertido”. Y añadió que “ya existen 322 pruebas entre testimoniales y documentales que confirman la ocurrencia de un crimen de Estado”.
Y es que a lo largo de los años las hipótesis han apuntado a distintos sectores, menos a las Farc, desde un grupo ilegal en Sincelejo (Sucre), pasando por un plan de criminales del norte del Valle del Cauca, por señalamientos a integrantes del Ejército y al expresidente Ernesto Samper e integrantes de su gobierno.
Este sábado, Samper y el exministro Horacio Serpa, quienes han sido señalados por la familia de la víctima, expidieron un comunicado en el que se declaran sorprendidos por el anuncio de los excombatientes. “Aunque entendemos y apoyamos que este reconocimiento se haga en el marco de la justicia transicional, como un aporte a la verdad, esperamos conocer los detalles de modo, tiempo y lugar, que seguramente investigará la JEP para hacer un pronunciamiento definitivo sobre los mismos”.
Tras el crimen se mencionó la existencia de un grupo de militares que estarían relacionados con este, y la Procuraduría alcanzó a formular cargos a cinco uniformados que tendrían relación con supuestos paramilitares de Sucre. Incluso, se ordenó investigar al Batallón de Inteligencia de Marina Número 2 de Corozal (Sucre).
Luego apareció la tesis de la participación de hombres de la Brigada 20 del ejército y una supuesta retaliación porque Gómez Hurtado no se habría prestado para apoyar una intentona de golpe de Estado al presidente Samper. El exmandatario había planteado como hipótesis que el crimen había sido perpetrado por personas que querían precipitar su caída del poder.
En las investigaciones también han aparecido menciones al general en retiro Rito Alejo del Río y sus alianzas con el exjefe de las Auc Carlos Castaño. Y luego la vinculación del cartel del Norte del Valle del Cauca, que lo habría perpetrado para hacerles un favor a políticos y sabotear la figura de la extradición a los Estados Unidos. Por el proceso ya ha sido escuchado el excapo Hernando Gómez, alias Rasguño.
Por el crimen está condenado a 40 años de cárcel Héctor Paúl Flórez, señalado de disparar contra Gómez Hurtado y sobre quien las Farc tendrán que referirse.
La confesión de las Farc se encuentra en este momento en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad. Analistas señalaron que los seis magistrados tendrán que definir en principio si se abre un nuevo macrocaso o si estos hechos se ajustan a alguno de los ya existentes.
Luego, indicaron los expertos, y frente a la importancia de los hechos, tendrá que darse una constatación de lo narrado por los excombatientes con los informes presentados a la JEP. “Debe existir un mínimo de verificación, de examen a lo dicho y de comprobación de lo manifestado”, señaló un analista consultado.
Advirtieron que, en todo caso, de encontrarse que no se está diciendo la verdad se podría abrir un incidente de incumplimiento con lo que se arriesgan a perder los beneficios del acuerdo de paz.
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