En el entramado de corrupción que acaba de hacerse público en Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), hay una figura que resalta: la del intermediario.
El Político
Es esta, una de las causas de la capacidad de destrucción exhibida por el régimen que encabeza Nicolás Maduro Moros, en la principal empresa pública venezolana.
Cientos de intermediarios furtivos, anodinos y con mínima relación con el mundo petrolero en muchos casos, están saliendo a relucir en lo que apenas despunta como uno de los robos más grandes y descarados contra empresa petrolera alguna.
¿Dónde están los $ 20.000 millones?
La pregunta que se hace el venezolano hoy es la que tiene que ver con el destino de más de $ 20.000 millones por concepto de exportación del petróleo criollo.
A principio de marzo, el régimen a través de su sanguinaria policía política, arrestó a 21 personas, entre ellos directivos de empresas, altos funcionarios y un legislador, como parte de una investigación de pagos faltantes por envíos de petróleo.
De inmediato el aparataje comunicacional del régimen se movilizó y no escatimó esfuerzo en dar a conocer a través de una profusión de imágenes y videos, a los acusados, afeitados, limpios y con bragas naranjas de estreno, asistir a la audiencia judicial, que extrañamente no se hizo en la sede de los tribunales, sino justo en la de la sede de la policía política.
Sin embargo, ante la manera como se ha llevado el caso a nivel judicial, y por otros factores ya políticos, la sensación del venezolano común es la de una pugna interna entre los principales dirigentes del gobernante PSUV.
¿Por qué es importante?
El escándalo, cuyas consecuencias se prolongan y parecieran enredarse, tienen un presunto primer gran culpable, el exministro de petróleo, Tareck El Aissami.
El Aissami renunció de manera cobarde, a través de un mensaje escrito en su cuenta de Twitter al cargo, aunque prometió entregar pruebas de su inocencia. Desde ese momento, uno de los hombres más importantes y con mayor proyección y poder en el país, se encuentra "desaparecido."
Eso sí, sus colaboradores más cercanos como su socio, Joselit Ramírez, quien era el regulador de la criptomoneda en el país, entre otros, están detenidos.
¿Por qué El Aissami sí y Asdrúbal Chávez no?
La siguiente pregunta que se hace el común de los venezolanos es sobre el destino del exministro de Petróleo y vicepresidente del PSUV.
Aunque las autoridades venezolanas no han mencionado a El Aissami entre los blancos de la investigación, la mayoría de las transacciones furtivas en la gran petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA ocurrieron bajo su mando y mientras Asdrúbal Chávez, primo del difunto Hugo Chávez era presidente de la empresa, conocida generalmente como PDVSA.
Documentos internos de PDVSA obtenidos por The Associated Press revelan que hasta agosto de 2020 se le debían a la petrolera estatal 10.100 millones de dólares, siendo los deudores 90 compañías comerciales poco conocidas que han surgido como grandes compradoras de crudo venezolano desde que Estados Unidos impuso sanciones económicas en una campaña para derribar a Nicolás Maduro.
Al gobierno nacional se le deben otros 13.300 millones de dólares correspondientes a 241 embarques en buques cisterna, como resultado de una maniobra contable de PDVSA que reasignó la responsabilidad de cobro de facturas impagas directamente al gobierno de Maduro en lugar de regalías en metálico.
Esta cifra supera la de todas las reservas en moneda extranjera en el banco central venezolano.
Ventas con descuento y en consignación
Todos los cargamentos de petróleo se vendieron en consignación y con grandes descuentos debido a las sanciones, que han espantado a los negociantes más tradicionales.
PDVSA empezó a recurrir más que nunca a los intermediarios en 2020, cuando el gobierno de Donald Trump amplió las sanciones con la amenaza de excluir de la economía estadounidense a cualquier individuo o empresa, independientemente de su nacionalidad o sede, que tuviera negocios con el gobierno de Maduro.
Con estas sanciones, combinadas con la caída global de la demanda de petróleo provocada por la pandemia, la producción a mediados de ese año se redujo a 350.000 barriles diarios, el 10% de lo que se producía cuando Chávez asumió en 1999.
Para vender lo poco que se produce, Maduro, con ayuda de los aliados Rusia e Irán, también bajo sanciones estadounidenses, recurrió a una red compleja de intermediarios.
La mayoría son empresas fachada, registradas en jurisdicciones conocidas por conservar el secreto. Los compradores envían los llamados buques cisterna fantasmas, que ocultan su ubicación y entregan su carga valiosa en medio del océano antes de llegar a destino.
Para evitar los bancos occidentales, Venezuela empezó a aceptar pagos en rublos rusos, bienes en trueque o criptomoneda, pero no todos pagaban.
Pero nadie pagó
En la lista de deudores figura Walker International, que debe a PDVSA unos 77 millones de dólares, según los documentos.
La empresa está registrada en Emiratos Árabes Unidos y su dirección en Venezuela es una casona antigua en la céntrica urbanización de Sarría.
El intermediario más endeudado es M and Y Trading Co, registrada en Hong Kong en 2020. Debe a PDVSA más de 1.200 millones de dólares, según los documentos internos que manejan los periodistas Regina García Cano y Joshua Goodman de AP
Otro vendedor fue United Petroleo Corp, registrado en Panamá en 2021 y que debe más de 468 millones de dólares.
Una de las cargas de United, un embarque de 600.000 barriles en septiembre, está en el centro de una controversia en la isla holandesa de Curazao, donde se almacena crudo venezolano en instalaciones vinculadas con inversionistas estadounidenses, posiblemente en desafío de sanciones.
Otro de los socios de PDVSA era Treseus International, dirigida por Juan Fernando Serrano, un español acusado el año pasado de lavado de dinero en una corte federal en Manhattan por asociación para contrabandear petróleo en beneficio de rusos ricos.
Una conclusión
La misma corte busca a El Aissami y Ramírez para juzgarlos por violar las sanciones estadounidenses. En 2017, Washington designó a El Aissami como un “jefe del narcotráfico” por presuntamente ayudar a carteles a contrabandear cocaína a través de Venezuela.
Las autoridades no han revelado aún el monto del dinero faltante, pero en sus recientes apariciones públicas, Maduro ha advertido a los funcionarios sobre la corrupción.
Las campañas anteriores, con el arresto de varios expresidentes de PDVSA en 2017, no han servido para limpiar la industria petrolera, responsable de casi toda la recaudación de divisas duras por el país.
Muchos analistas creen que Maduro busca estabilizar la economía de cara a la elección presidencial del año próximo.
“Las arcas están vacías y el país entra en un año electoral en el que Maduro quiere enviar un mensaje de que Venezuela ha vuelto a encarrilarse”, señala Geoff Ramsey, del instituto de investigaciones Atlantic Council.
“Cuanto más claro resulte que la economía está en dificultades graves, más buscará Maduro a gente para echarle la culpa”.
