El Presidente de México pide al Congreso modificar la Constitución para eliminar los escollos para aplicar el método de la consulta popular, mientras trata de tender “puentes” con los empresarios
El Político
El mandatario quiere que el Congreso establezca mecanismos de revocatoria del mandato como una forma efectiva de control y que elimine las trabas legales para la aplicación del método de la consulta popular. Así lo solicitó en el mensaje de su primer informe de gobierno.
Esta revocatoria del mandato que no está contemplada en la Constitución mexicana, se celebraría en junio del 2021 coincidiendo con las elecciones legislativas que tendrán lugar a la mitad de su sexenio de gobierno.
En esa misma fecha se renovará la cámara de diputados, habrá elecciones en las 32 entidades federativas de la república y quince días después en 15 de ellas se votará por gobernador. Así que en vez de esas elecciones intermedias, México asistiría a una jornada nacional de referendo presidencial.
Cambiar disposiciones de la Constitución
Para ello sería necesario remover las disposiciones constitucionales vigentes que prohíben expresamente a los gobernantes en México influir en las preferencias electorales de los ciudadanos (¿cómo no lo haría un presidente en campaña?) y que les obligan a la total imparcialidad política electoral.
Es paradójico, además, que López Obrador no vea la revocatoria de mandato como una herramienta al servicio de la oposición o de la ciudadanía, pues propone que la revocación se convoque a iniciativa del propio mandatario. ¿Se imaginan al presidente de Estados Unidos de América activando un juicio político contra sí mismo? Pues algo similar es lo que plantea López Obrador que se haga en México.
López Obrador fue electo presidente para el periodo 2018-2024 en una votación en la que participaron 56 millones de ciudadanos. El mandato popular que recibió fue por seis años y a ese periodo está obligado. En caso de aprobarse en esta legislatura la revocatoria de mandato, no debería proceder para él pues sería una aplicación retroactiva de la ley.
Los analistas políticos de ese país preguntan que si ya México vive graves problemas sociales y económicos, como la inseguridad y la pobreza, ¿para qué añadir a ello la inestabilidad política en alcaldías, gobernaciones y a la presidencia misma?
Lo contemplado en la Constitución
En la legislación mexicana están establecidas las consultas populares, las cuales se deben celebrar coincidiendo con la jornada electoral federal. Es decir, puede haber consultas cada tres años. El artículo 35 de la Constitución señala que las consultas pueden ser convocadas por el presidente de la República, por una tercera parte de una Cámara del Congreso o por ciudadanos que reúnan el 2% de firmas del padrón electoral.
Este mismo artículo constitucional establece condiciones para las consultas populares: sus resultados serán vinculatorios cuando participe al menos el 40% de los ciudadanos; no podrán someterse a voto popular los derechos humanos, los principios que hacen de México una república democrática, representativa, federal y laica; los ingresos y gastos del Estado; la materia electoral, la seguridad nacional ni la organización de las fuerzas armadas.
Pues bien, esos son los “obstáculos” que el presidente López Obrador desea remover para permitir que cualquier tema pueda ser sometido a consulta, para eliminar el umbral mínimo de participación, para excluir el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, y para hacer de las consultas no un complemento a la democracia representativa sino una forma de gobierno que alimente una política binaria de “sí o no”, “conmigo o contra mí”, favorable a la polarización permanente.
Esas propuestas del presidente López Obrador requieren cambios constitucionales para prosperar, pero él no cuenta con la mayoría calificada en el Congreso necesaria para lograrlos.
Está en manos de los contrapesos legislativos existentes, evitar el vaciamiento de la democracia representativa en México, ya que a la democracia deben resguardarla sus propios instrumentos: la pluralidad partidista y la división de poderes.
López Obrador tiende más puentes a los empresarios
En este un evento anual, contemplado en la Constitución para ser realizado en cada inicio de sesiones del Congreso, López Obrador insistió en un modelo de desarrollo con justicia social que se aleje de la "obsesión tecnocrática" del crecimiento económico.
Su discurso fue un largo rosario de cifras y datos. Todos supuestos logros obtenidos por un gobierno que se autodenomina la Cuarta Transformación, heredero de los procesos populares históricos de la Independencia, Reforma y la Revolución. En México, este informe ha sido siempre considerado coloquialmente “el día del presidente”. Antes era celebrado en la tribuna de la Cámara de Diputados y de cara a la oposición, aunque aquella tradición se fue diluyendo en los últimos gobiernos.
López Obrador, quien aún goza de una aprobación superior al 60%, ha vuelto a colocarse bajo los reflectores. Poco dado a la síntesis y a la concreción, el mandatario explicó el objetivo de su administración en una sola frase: “Acabar con la corrupción y la impunidad”. En las primeras filas de espectadores lo escuchaba su gabinete. Un poco más atrás, la plana más destacada de los empresarios mexicanos. Los hombres de negocios fueron centrales en el discurso en momentos de alerta ante una economía estancada.
—La economía crece poco, es cierto— admitió el presidente, quien insiste en instaurar un modelo de desarrollo con justicia social que se aleje de la "obsesión tecnocrática" del crecimiento económico.
—Pero no hay recesión. Ahora es menos injusta la redistribución del ingreso—, añadió el líder del izquierdista partido Morena, que elevó el salario mínimo un 16%, el mayor incremento en años.
El político señaló sus cuatro prioridades económicas: fortalecer la economía popular, impulsar el desarrollo regional, fomentar la relación con el sector privado e intensificar el comercio exterior.
Agradecimiento a los empresarios
El presidente agradeció personalmente al magnate Carlos Slim; a Carlos Salazar, del Consejo Coordinador Empresarial, y a Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios, por ayudarlo en la negociación con empresas extranjeras que permitió poner en marcha una vasta red de gasoductos que abastecerá al país del carburante por dos décadas.
López Obrador también tuvo palabras generosas para Manuel Bartlett, un veterano político expriista que dirige hoy la Comisión Federal de Electricidad, y quien ha sido acusado recientemente por una investigación periodística de enriquecimiento inexplicable.
López Obrador dedicó gran parte de su informe a la economía y en esforzarse en disipar el mal ambiente entre los grandes capitales y su gobierno, principalmente con inversionistas nacionales que comenzó al inicio de su mandatos cuando paralizó la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco, iniciada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, del PRI.
—Los empresarios están cooperando con mayor compromiso social. Invierten, crean empleos y pagan sus contribuciones. Eso me mantiene optimista— afirmó minutos después de decretar la condonación de impuestos a las grandes empresas.
Dijo que los últimos dos sexenios (del PAN y del PRI), 108 compañías recibieron beneficios fiscales por 10.600 millones de dólares al cambio actual.
Pero López Obrador dedicó poco tiempo a hablar de la epidemia de homicidios, otro de los grandes problemas de México, cuando 2019 va camino a convertirse en el año más violento de México. En los primeros seis meses del año se contabilizaron más de 20.600 homicidios, un récord en 22 años de registros.
Aseguró que sus críticos están moralmente derrotados y que él pretende crear un país con bienestar material y del alma.
Con información del diario El Mundo y del economista Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral de México.
