¿Vió usted la pelicula Pandillas en Nueva York? Son juego de niños al lado de las pandillas de El Salvador, la única fuerza coherente que existe entre jóvenes que han perdido toda esperanza.
El Político
El número de asesinatos en el país es m{as alto que el de un país en guerra. El gobierno las ha tipificado como grupos terroristas pero el problema que ha provocado miles de muertes y desplazados es mas complejo y profundo.
Hay un problema social, un problema de hambre, y un problema de inseguridad que ha provocado que aumenten los desplazados. Las estrategia de repreión no han dado resultados por lo que es necesario aumentar la prensión en o que se ha llamdo estrategia inteligente. Mientras, la población exige medidas ante las contínuas amenzas de estos grupos anárquicos que atacan a las mujeres, lassecuestran y siembran el terror.
El nuevo presidente de El Salvador llegó al poder prometiendo un plan para disminuir las pandillas pero requiere la aprobación de un polémico ccrédito para activarlo. La polémica reside en que los parlamentarios no pueden permitir una política meramente represiva cuando lo importante es lograr una política social.
Ayer, Bukele ingresó al Salón Azul, realizó una corta declaración y una oración, y luego se retiró.
Hay una situación de guerra que se produce todos los días y deja un muerto diario, con su secuela de dolor. Sin embargo, el 11 por ciento de las familias que están vinculadas con las pandillas al ser catalogadas de terroristas le da una connotación política al fenómeno.
A juicio de los estudiosos lo que corresponde es lograr una tregua, m{as cuando la mayoría de los muertos se tribuyen a la policía. NO queremos un exterminio, dicen los políticos.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador: “Si fuera un dictador habría tomado el control de todo el Gobierno anoche”. El mandatario salvadoreño conversa con EL PAÍS horas después de entrar en el Congreso respaldado por los militares y llamar a la insurrección.
En un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de El Salvador y usando al Ejército, a la Policía y a las fuerzas antimotines, el presidente Nayib Bukele se tomó la Asamblea Legislativa y desde el Salón Azul les advirtió a los diputados que, si en una semana no aprueban el préstamo de $109 millones que quiere para la Fase III del Plan Control Territorial, le dará el poder al “pueblo” para que se tome el Congreso.
Asamblea califica de “intento de golpe Estado” la militarización del Congreso
La Sala de lo Constitucional admitió la demanda presentada por dos ciudadanos contra la convocatoria del Consejo de Ministros hacia la Asamblea para una plenaria extraordinaria el 9 de febrero. Ese día, Bukele se tomó la institución a fuerza de las armas.
ARENA exigió a Bukele "desmontar proceso de autogolpe".
La medida fue repudiada incluso por diputados que se han mostrado afines con el gobernante e incluso la organización internacional de derechos humanos Human Right Watch la calificó como “una demostración de fuerza bruta”.
La tensión en la Asamblea Legislativa, producto de la militarización del Salón Azul
continúa este día con reacciones de algunos diputados y la comunidad internacional condenando los actos que el presidente Nayib Bukele promovió la tarde del domingo.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, notificó esta mañana que quedaba suspendida la sesión plenaria extraordinaria que había sido programada para las 12:30 p.m. de este lunes, pero en horas del medio día confirmó que se reprogramaba para las 5:00 p.m.
Horas antes, Ponce convocó a una reunión “urgente”, a las 9:30 a.m., a los diputados de la Comisión Política.
A raíz de esto, se canceló el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Legislativa, entre ellas la de Hacienda. Estaba previsto que los diputados que la conforman se reunieran a las 9:00 a.m para retomar la discusión de la autorización del préstamo de $109 millones que el Gobierno ha solicitado para la fase III del Plan Control Territorial.
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Diputados condenan militarización de la Asamblea por parte del Gobierno | Noticias de El Salvador -…
"La Fuerza Armada no tiene absolutamente nada que estar haciendo en la Asamblea Legislativa, el protocolo de seguridad se ha firmado con la PNC", enfatizó el diputado de ARENA, Mauricio Vargas,…
Aseguró que pedirán a la Fiscalía que investigue “el intento de golpe de Estado al Órgano Legislativo” que se dio la tarde del domingo.
“Esa violencia con la que entraron ayer no se justifica en un país que ha construido una democracia con sangre”, dijo en declaraciones a la prensa.
Pidió al Fiscal, Raúl Melara, que se pronunciara y actura contra el hecho, ya que considera que ha tenido una actitud muy pasiva ante el irrespeto a la independencia del parlamento.
“Al Fiscal lo hemos visto muy pasivo”, señaló. También criticó “la tibia reacción” de Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ante el hecho. Además, pidió la intervención de la Sala de lo Constitucional porque considera que debió de sesionar de urgencia y considera que mostrado demasiada “pasividad” respecto al proceso.
En cuanto a la discusión de la aprobación del préstamos, dijo que por el momento es imposible llegar a un acuerdo porque “nada se puede conseguir a la fuerza. No se puede ceder con una pistola en la cabeza”.
El diputado del PCN, Reynaldo Cardoza, quien es miembro de la Comisión Política, reiteró que hubo agresiones contra periodistas y empleados de seguridad de la Asamblea Legislativa, por lo que se tomó la decisión de retirarlos y la Policía tuvo el control de la institución.
El pasado sábado 8 de febrero, Ponce también convocó a sesión extraordinaria para discutir el préstamo de $109 millones destinados a la tercera fase del Plan Control Territorial, pero solamente asistieron 28 diputados.
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Cardoza señala que en la reunión a de la Comisión Política se están dando a la junta directiva los pormenores de los incidentes registrados este domingo en la @AsambleaSV para que determine si fueron constitutivos de delitos y tomen decisiones.
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Este lunes, diputados de ARENA condenaron durante una conferencia de prensa la militarización de la Asamblea impulsada por Bukele. Le exigen “desmontar proceso de autogolpe” y pide a la Sala resolver el alcance del artículo 167 de la Constitución de la República, en el cual se amparó Bukele para convocar a la Asamblea, por medio del Consejo de Ministros, a una sesión extraordinaria el domingo.
El jefe de fracción de ARENA, Carlos Reyes, reaccionó sobre lo acontecido el domingo y dijo que ellos siguen abiertos al diálogo y al estudio y eventual aprobación del préstamo de $109 millones solicitados por el Gobierno, pero “sin armas”.
Por otro lado, Guillermo Gallegos, diputado de GANA, vio normal la irrupción de policías y militares en el Salón Azul. “Eso no me ofende”, dijo. Aseguró que empleados de la institución no tuvieron control porque fueron relevados por la Fuerza Armada y la Policía.
FMLN dice que un “hubo un delito flagrante de militarización”
La Diputada del FMLN, Nidia Díaz, aseguró que la presencia de militares en la Asamblea Legislativa fue “un golpe a una institución del Estado” y que “hubo un delito flagrante de militarización de la Asamblea y se forzaron puertas de la institución”.
La parlamentaria dijo que espera que la Sala de lo Constitucional se pronuncie y darán aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que dé inicio a una investigación.
Militarización en la Asamblea
La falta de transparencia
Los 109 millones de dólares, cuyo financiamiento viene del Banco Centroamericano de la Integración Económica, quieren ser destinados por Bukele a la tercera fase del Plan Control Territorial que lleva adelante el gobierno salvadoreño. El objetivo es modernizar el equipamiento de la Policía Nacional Civil y de las Fuerzas Armadas.
A principios de año, el crédito contaba con el apoyo de casi todas las fuerzas políticas del país. Sin embargo, aquello comenzó a diluirse y los congresistas solicitaron datos adicionales sobre cómo se manejarán los recursos.
Cuando el gobierno comenzó a presionar a la Asamblea Legislativa para la aprobación del préstamo se precipitó el choque de poderes.
Qué dice el artículo 87 de la Constitución de El Salvador que invocó Nayib Bukele para llamar a la «insurrección»
José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, le explicó a BBC Mundo que la desconfianza histórica en el manejo de presupuestos en El Salvador es uno de los principales motivos de la crisis política actual.
«Los diputados solicitaban mayor información y al presidente le urgía la aprobación. Siempre en estos proyectos hay discusiones de ‘a quién le van a hacer la compra’ porque hay compañías que tuvieron privilegios y favoritismo de parte de gobiernos», indica el profesor universitario.
El presidente dio un plazo hasta el fin de semana siguiente para que la Asamblea Legislativa apruebe el préstamo / REUTERS
Tojeira añade que en El Salvador «ha habido mucha corrupción y es un problema histórico del país. El trabajo de político suele ser visto como unido a un plan de enriquecimiento individual».
Por su parte, Roberto Rubio, director de la Fundación Nacional para el Desarrollo, señala que una de las características de la crisis política es que el descrédito político está muy extendido y principalmente entre los partidos en el Congreso enfrentados al gobierno.
«El problema de la oposición política es que tiene los pies hinchados. Si critican al gobierno por corrupción, su credibilidad está bien cuestionada», indica el investigador en una entrevista publicada el lunes en el diario salvadoreño La Prensa Gráfica.
Según Rubio, «aunque tengan razón, porque pueden tener razón en lo que dicen, no tienen credibilidad ni peso, y ese es el problema de la lucha contra la corrupción».
El financiamiento a fuerzas de seguridad
Pese a que el plan de seguridad del gobierno de Bukele incluye programas sociales, el hecho de que todo un préstamo de decenas de millones de dólares sea destinado a las fuerzas de seguridad no pasó inadvertido en un país que tiene diferentes problemas socioeconómicos y niveles elevados de pobreza.
Más si se considera los constantes incrementos en el presupuesto de seguridad y defensa registrados en el país en los últimos años.
Al respecto, José María Tojeira indica que la violencia y los homicidios existentes en El Salvador no van a desaparecer mientras no existan niveles de vida dignos para la gente, cuyo índice de pobreza se sitúa alrededor del 30%.
«Hay que invertir mucho más en el desarrollo de la gente», sostiene el analista.
Este lunes, la directiva de la Asamblea Legislativa suspendió la sesión para debatir la aprobación del préstamo / AFP
El entrevistado añade, sin embargo, que el Plan Control Territorial ha logrado reducir la tasa de asesinatos aunque las cifras siguen siendo muy altas (30 casos por cada 100.000 habitantes).
Tojeira apunta que, paradójicamente, es la Asamblea Legislativa la principal impulsora de políticas de «mano dura» contra la violencia.
Vale apuntar que la segunda fase de este proyecto gubernamental de seguridad incluía otro préstamo internacional (US$91 millones) que también debe pasar por el Congreso y que inicialmente fue recibido de modo favorable por los partidos que lo integran, situación que puede cambiar por el enfrentamiento actual.
Mientras tanto la Corte Suprema de Justicia salvadoreña ordenó al gobierno dejar sin efecto la convocatoria a sesión de la Asamblea Legislativa del fin de semana pasado e instruyó a Bukele abstenerse del uso de las fuerzas armadas para fines fuera de sus funciones constitucionales,
Como continuación de este choque de poderes, este lunes, la junta directiva del congreso anunció que evalúa la posibilidad de interpelar y pedir la destitución de los ministros que administrarían de manera directa los recursos del cuestionado préstamo.
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