Sólo 73 países de 200 han asumido el compromiso climático. Esta Cumbre del Clima (COP25), la número 25 que se celebra desde 1995, es de transición, tenía dos objetivos: uno político —lograr que los países se comprometan a presentar planes de recorte de emisiones más ambiciosos— y otro técnico,7culminar el desarrollo del Acuerdo de París con, entre otros asuntos, la regulación de ese artículo 6 del Acuerdo de París, el cual trata de los sistemas por los que se intercambian unidades o derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) entre países y entre empresas.
El Politico
Y, según alertaban algunos negociadores se corre el riesgo de que de nuevo se posponga el desarrollo de este punto otro año ante la imposibilidad de poner de acuerdo a los casi 200 países que participan en la cumbre.
En apariencia, podría pensarse que se trata de un asunto técnico secundario, pero el desarrollo de este apartado —que ya embarrancó hace un año en la COP que se celebró en Katowice (Polonia)— puede ser un arma clave para ayudar al recorte de emisiones de gases de efecto invernadero y el cumplimiento del pacto climático.
La secretaria ejecutiva para laConvención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa, recordó que el artículo 6 “es la única parte del Acuerdo de París que involucra directamente al sector privado”. Lo dijo en el acto de apertura de las sesiones de alto nivel de la cumbre.
: “Todavía quedan asuntos por resolver, muchos corchetes en los textos”, explicaban fuentes de la negociación. Desde este martes las conversaciones incluyen a los ministros, que tendrán que intentar llegar a un pacto pese a las diferencias.
La presidencia de la COP25, que ostenta Chile, ha designado a los ministros de Medio Ambiente de Suráfrica y de Nueva Zelanda para coordinar la negociación para alcanzar un consenso sobre el desarrollo del artículo 6.
La Cumbre del Clima busca recortes más drásticos de las emisiones de los países
El debate se centra en las conocidas como unidades de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto. Con aquel pacto —que data de 1997 y será sustituido por el Acuerdo de París a partir de 2020— se creó el comercio de derechos de emisiones a través del intercambio de unidades entre países y entre empresas. Esas unidades hacen referencia a los ahorros de CO2 que determinados proyectos logran.
Por ejemplo, un plan de reforestación de un bosque que actúa como sumidero contribuye a que no se emita una cantidad concreta de CO2. Ese ahorro se certifica y se cuantifica en toneladas de dióxido de carbono y un país —o una empresa— pueden adquirir las unidades para cumplir con sus compromisos de recorte de gases.
De Kioto a París
La batalla que se está librando ahora en la COP se refiere a las unidades que se han generado durante el periodo de vigencia del Protocolo de Kioto. Un grupo de países, encabezados por Brasil, quieren que esas unidades puedan seguir empleándose para que los países cumplan sus compromisos adquiridos dentro del Acuerdo de París a partir de 2020. Pero la mayoría de Estados lo descarta al entender que los planes suscritos bajo el paraguas de París se refieren a recortes nuevos a partir de la próxima década.
Kelly Levin, experta del Instituto de Recursos Mundiales (WIR, sus siglas en inglés), recuerda que un reciente estudio situaba en 4.000 millones las unidades sobrantes que podrían quedar del Protocolo de Kioto. Es decir, ahorros equivalentes a 4.000 millones de toneladas de CO2. Y uno de los países que más unidades acumula es, precisamente, Brasil.
El otro gran punto de fricción se refiere a la doble contabilidad. Kioto dividió al mundo en dos: los países desarrollados obligados a recortar sus emisiones y los países en desarrollo, que no estaban obligados a ello. Es decir, había claros compradores y vendedores de unidades.
Sin embargo, el Acuerdo de París iguala a todos: cualquier país que firme el pacto debe presentar planes de recorte de las emisiones. Y la cosa se complica. Porque, según la mayoría de los países que negocian en Madrid, se debe crear un mecanismo robusto para evitar la doble contabilidad, es decir, que una misma unidad no pueda ser utilizada en el plan de recorte de emisiones del país donde se desarrolla el proyecto que lo respalda y del país que adquiere esa misma unidad. De nuevo, resaltan fuentes de la negociación, Brasil es el país que más problemas pone al desarrollo de esos mecanismos para evitar la doble contabilidad.
En lo que sí se ha conseguido avanzar, exponen las fuentes consultadas, es en la creación de una tasa a las transferencias de derechos de emisiones, fundamentalmente, entre empresas. Los fondos recaudados se destinarían a ayudas a los países con menos recursos a adaptarse a los impactos de un calentamiento global que ya se considera irreversible.
LO QUE SÍ FUNCIONA
La UE cuenta desde 2005 con un mercado de emisiones (el ETS) que obliga a las industrias más contaminantes a adquirir derechos por cada tonelada de CO2 que generen. La filosofía que rodea a estos mercados —en el mundo, además de la UE, otros ocho países cuentan con sistemas de este tipo— es que al ponerle un precio al carbono se obligará a las empresas a buscar alternativas menos emisoras. A la UE le ha costado casi 15 años cumplir esa premisa y no ha sido hasta ahora que han empezado a cerrar centrales de carbón o anunciarse cierres debido, en parte, a que ha subido considerablemente el precio de la tonelada de CO2.
Era un momento esperado en la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid: saber qué países se comprometen a aumentar su recorte de emisiones, responsables del calentamiento global. Chile, que preside la cita climática, ha anunciado este miércoles que son en total 73 los que se han sumado a la Alianza por la Ambición Climática para alcanzar la neutralidad de emisiones de carbono para 2050. Apenas ocho más que en septiembre, cuando se anunción esta coalición de países.
El Acuerdo de París, firmado en 2015, acordó limitar la temperatura del planeta a 1,5ºC –o al menos no superar los 2º–, el umbral de «seguridad climática» marcado por la ciencia antes de que el aumento del nivel del mar, las olas de calor, inundaciones o sequías se multipliquen de forma exponencial. Sin embargo, hoy el planeta va camino de sobrepasar los 3º.
Pero este año los países no están obligados a aumentar su «ambición», como se ha bautizado en la jerga negociadora a que los países se comprometan a endurecer sus recortes de emisiones. Es algo que deberían hacer a lo largo del año que viene.
Lo que sí ha aumentado notablemete es el número de ciudades y empresas que se han comprometido. Si en septiembre eran 10 regiones, 102 ciudades, 93 empresas y 12 inversores; ahora son 14 regiones, 398 ciudades, 786 empresas y 16 inversores.
«Estoy profundamente alentado por este crecimiento. Muestra que el sector privado y el capital privado ahora se están moviendo», ha valorado hoy el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. «El cambio de la economía gris a la verde está en marcha y está acelerando su ritmo».
Gonzalo Muñoz, responsable de la Alianza, ha asegurado a Efe que espera que antes de que finalice la cumbre -el próximo viernes- aumente el número de países comprometidos, si bien «aquellos que no lo hagan, esperamos que se sumen antes de 2020», cuando se celebra la COP26 en la ciudad escocesa de Glasgow.
