La Ruta del dinero K, caso de investigación acerca del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina durante el período 2007-2015 luego del mandato de su esposo Nestor Kirchner, es el nombre que los medios de comunicación argentinos le dieron a las averiguaciones que se le están realizando a la exmandataria por supuestos hechos de corrupción durante su período presidencial, que también involucran a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y a varios exministros y funcionarios de su administración.
Dailyn Sánchez/El Político
El litigio por la denominada Ruta K comenzó el pasado mes de abril del año 2013, cuando aún Fernández de Kirchner presidia el Gobierno nacional. El caso se dio a conocer por un informe emitido por el programa televisivo Periodismo Para Todos (PPT), dirigido por el periodista argentino Jorge Lanata, el cual transmitió un video -grabado con cámara oculta- en donde se veían al empresario Leonardo Fariña y al financista Federico Elaskar conversando acerca de unas maniobras de lavado de dinero del dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez.
En dicha grabación, tanto Fariña como Elaskar admitieron el rol de Báez como testaferro del exmandatario argentino Néstor Kirchner. Cuyas maniobras financieras del empresario se remontaban a traslados de dinero a la banca suiza de alrededor de 55 millones de euros, además del desvío de fondos públicos conferidos a empresas del mismo Báez para la producción de obras públicas.
A pesar de ser una investigación de hace poco más de tres años, el caso volvió a posicionarse en la palestra pública este 2016 por la difusión de un video de seguridad del grupo financiero Southern Globe Investments (SGI) de Puerto Madero, Argentina, mejor conocido como "La Rosadita", en el que se ven a varios de los encausados por la Ruta del dinero K contando millones de dólares y euros de dudosa procedencia.
Desde Néstor a Cristina
Los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner inauguraron en el año 2006 el hotel Los Sauces S.A., empresa que actualmente está siendo investigada por el juez federal Claudio Bonadio por presuntamente ser una firma utilizada por la exmandataria para cometer delito de enriquecimiento ilícito y adulteración de documentos públicos. Tras el fallecimiento de Néstor Kirchner, la participación accionaria de Los Sauces quedó de la siguiente manera: Cristina Kirchner 45 %, Máximo Kirchner 32,5 % y la hermana de Néstor, Florencia Kirchner 22,5 %.
Debido a la denuncia que introdujo el juez Bonadio sobre la firma en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se ha descubierto tras varias investigaciones que desde la fundación Los Sauces, esta empresa ha adquirido hasta el año 2015 una serie de propiedades que se encuentran distribuidas entre Río Gallegos, El Calafate, El Chaltén y Buenos Aires, las cuales fueron alquiladas por las siguientes empresas; Alcadis de la Patagonia e Inversora M&S pertenecientes a Cistóbal López; Austral Construcciones, Loscalzo y del Curto Construcciones, Kank y Costilla, y Valle Mitre, de Lázaro Báez; también las sociedades Negocios Patagónicos y Refugio Austral, que estarían vinculadas a Sanfelice, quien fuera socio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria de Río Gallegos.
Estas propiedades que adquirió la firma se tratan de cientos de hectáreas de terrenos. Actualmente se investiga si al obtenerlos se buscaba “reducir el patrimonio” que se declaró ante la Oficina Anticorrupción argentina y si paralelamente se quiso incrementar el valor de la empresa con poca actividad y dividendos millonarios cuyos inquilinos claves fueron Cristóbal López y Lázaro Báez. Los movimientos contables de la empresa dan como resultado "varias inconsistencias en cuanto a los ingresos y egresos", según un fuente judicial que declaró al diario argentino Clarín.
A mediados de este 2016, el juez Bonadio ordenó una docena de allanamientos a los inmuebles de la firma Los Sauces S.A. para constatar los presuntos actos de corrupción de Cristina Kirchner. Dicha causa se inicio por una denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer, quien cuestiona las irregularidades de la sociedad anónima de la familia Kirchner.
Por su parte, el fiscal federal Gerardo Pollicita reiteró que la expresidenta maneja un "sistema de corrupción" que heredó de su esposo. El fiscal asegura que Fernández ahondó en el cohecho, generando delitos de administración infiel en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública, que según el Código Penal de Argentina, el primer delito cuenta con una pena de dos a seis años de cárcel, mientras que el segundo otorga un castigo penitenciaro de seis años más una inhabilitación perpetua para ejercer funciones estatales.
Caso Lázaro Báez
Uno de los personajes más salpicados por la llamada Ruta del dinero K es el empresario Lázaro Báez, que desde el año 2005 su capital empezó a subir como la espuma por la gran cantidad de obras públicas asignadas a sus empresas. Muchas de ellas obtuvieron hasta 80% de las licitaciones en contratos estatales otorgados por el gobierno de la provincia de Santa Cruz, durante el mandato de Néstor Kirchner.
Otras tantas obras fueron otorgadas a Austral Construcciones S.A., obteniendo por ellas 12% de los contratos licitados por el entonces ministro de Planificación, Julio de Vido. Por todas estas obras públicas, Báez recibió más de 4000 millones de pesos en contratos estatales y 1200 millones en acuerdos con la provincia de Santa Cruz.
Según el empresario en condición de testigo arrepentido, Leonardo Fariña, Lázaro Báez, más que testaferro, fue un socio de Néstor Kirchner por todos los negocios fraudulentos de lavado de dinero que realizaron. Báez actualmente se encuentra encarcelado por dicho lavado, y quien lleva su caso es el juez Sebastián Casanello.
Hasta entonces, al empresario se le han encontrado más de 300 propiedades distribuidas en varias provincias de Argentina. La justicia sostiene que parte del dinero obtenido por las obras públicas se utilizó para adquirir estos inmuebles.
Actualmente, por el complejo escenario judicial que está atravesando el empresario tras su detención y su familia por también verse involucrada en los delitos, tal como lo está su hijo Martín, la familia Báez tomó la decisión de cerrar definitivamente la empresa Austral Construcciones S.A. Las deudas de este consorcio fueron en constante aumento desde que se revelaron los informes de la Ruta K: emitieron 508 cheques sin fondos por $32 millones, un crédito en el Banco Nación de $160 millones que la entidad financiera ya calificó "con alto riesgo de insolvencia", no se pagaron las cargas patronales de los empleados, entre otras complicaciones financieras. Esta empresa llegó a manejar $21.000 millones durante el kirchnerismo por la construcción de obras viales.
La culpabilidad de la Kirchner
El pasado 5 de septiembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita insistió nuevamente en la indagatoria a la exmandataria, al exministro de Planificación, Julio de Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, por estar implicados en la concesión de multimillonarias obras públicas al empresario Lázaro Báez. Para Pollicita, este es un "plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial”.
Según el fiscal federal, la hipótesis delictiva "evidencia que mientras el empresario Lázaro A. Báez -amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner- era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz (…) paralelamente le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros, lo que demuestra que la maniobra investigada en la causa n° 5048/16 se trataría del paso previo de la hipótesis de lavado de dinero que se analiza en la causa conexa n° 11.352/14 ‘Hotesur’, en donde se están produciendo". Además, aseguró que Báez le giró al menos 6,5 millones de dólares a los Kirchner a través de alquileres de sus hoteles.
Sin embargo, el empresario Lázaro aseguró en una entrevista emitida desde la cárcel que la expresidenta Kirchner lo entregó a la justicia porque pretende que la investigación culmine en él. "El hilo se tiene que cortar en Báez. No puede seguir para arriba", declaró.
No obstante, para Cristina no ha sido fácil eludir su culpabilidad, a principios de agosto el periodista Jorge Lanata presentó en PPT un supuesto manuscrito escrito por la exmandataria dirigido a Báez que la comprometen mucho más de lo que está en el mencionado caso de corrupción.
En la carta, presuntamente Cristina Fernández le recomienda a Báez que nombre en sus declaraciones a empresarios cercanos al Gobierno, tal como el primo del presidente Macri, Angelo Calcaterra.
Imputados en la Ruta K
- Cristina Fernández de Kirchner: Inculpada por quedarse con parte del dinero de las empresas de Lázaro Báez de las obras públicas y blanquearlos en el exterior, además de presunto delito de enriquecimiento ilícito y adulteración de documentos públicos.
- Leonardo Fariña: Empresario en condición de testigo arrepentido en caso Ruta del dinero K.
- Federico Elaskar: Empresario de la SGI.
- José López: Exsecretario de Obras Públicas detenido cuando intentaba esconder varios millones de dólares en un convento.
- Jorge Chueco: Abogado ligado a la organización SGI, conocida como "La Rosadita", donde se hacían los lavados de dinero.
- Juan Ignacio Pisano Costa: Exdirector de la financiera SGI, responsable de cuentas offshore en paraísos fiscales.
- Ernesto Clarens: Financista encargado de transformar los recursos de las obras públicas en pesos, euros y dólares.
- Daniel Pérez Gadín: Contador de Lázaro Báez.
- Julio de Vido: Exministro de Planificación involucrado en la asignación de obras públicas a Báez.
- Julio Enrique Mendoza: Apoderado y presidente de Austral Construcciones.
- Claudio Bustos: Abogado de Austral Construcciones.
- Juan Carlos Fábrega: Expresidente del Banco Central involucrado por la creación de un fideicomiso por $350 millones en beneficio de Austral Construcciones tras su paso por el Banco Nación.
- Maximiliano Goff Dávila: Vinculado a las sociedades de Lázaro Báez.
- Carlos Wagner: Expresidente de la Cámara de Construcción, parte operatoria de Leonardo Fariña.
- Leandro Albornoz: Escribano de Lázaro Báez.
- Miguel Eduardo Etcheves: Fue apoderado de "La Rosadita", y actualmente presenta movimientos financieros de dudosa procedencia.
- César Andrés: Encargado de las cuentas bancarias en Santa Cruz de la firma Austral Construcciones.
- Santiago Walter Carradori: Encargado de blanquear el dinero de las obras públicas de Báez en Suiza.
- Santiago Punturo: Vinculado con la apertura de cuentas offshore.
