Así como ha ido in crescendo la percepción de inseguridad en Venezuela, la tendencia a la desconfianza y desaprobación de las personas hacia las instituciones del Sistema de Justicia y las Fuerzas Armadas también, ha ido en aumento, producto del comportamiento desproporcionado de los funcionarios y su secuela de víctimas.
El Político
Mientras los ojos del mundo están puestos sobre los abusos policiales en Estados Unidos, , en Venezuela sus habitantes no solo ven cómo los criminales amenazan sus propiedades y sus vidas, sino también aquellos que precisamente están allí para protegerlos.
Esta es la conclusión a la que llegó Acceso a la Justicia en su informe El servicio de policía venezolano: Entre la realidad y la percepción (2000-2019), en el que se denuncia que de los más de 16.000 venezolanos que fueron asesinados el año pasado, casi un tercio perdió la vida a manos de los uniformados.
En el documento se lee que:
«En el año 2019, Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor número de muertes violentas en la región y en el mundo, con un saldo de al menos 16.506 fallecidos y una tasa de 60,3 muertes violentas por cada cien mil habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos en América Latina».
Además, se explica que el número de asesinatos se discrimina de la siguiente manera:
«6.588 homicidios cometidos por los delincuentes, con una tasa de 24 víctimas por cada cien mil habitantes; 5.286 muertes por resistencia a la autoridad, según la denominación oficial, pero que en esencia son homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales, con una tasa de 19 víctimas por cada cien mil habitantes; y 4.632 muertes de intencionalidad indeterminada, registrados oficialmente como averiguaciones de muerte, pero que en la práctica son también homicidios o permanecen sin aclarar su situación al final del año considerado, y cuya tasa estimada es de 17 víctimas por cada cien mil habitantes».
Para esta investigación se utilizaron, entre otros, datos elaborados por organizaciones civiles como el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). Esto, en virtud de la falta de información por parte del Ministerio del Interior, Justicia y Paz; del Ministerio Público y de los propios organismos de seguridad evaluados.
De mal en peor
Las llamadas ejecuciones extrajudiciales no son algo nuevo en Venezuela. Desde hace décadas miembros de los cuerpos policiales se han visto involucrados en este tipo de crímenes, siendo casos como El Caracazo uno de los más emblemáticos. Sin embargo, con el paso de los años la situación no ha hecho más que agravarse y así lo deja en claro el informe.
«Entre 2010 y 2017 se contabilizaron 18.401 personas muertas en manos de los cuerpos policiales. En el año 2010 la tasa de muertes en manos de las fuerzas de seguridad del Estado era de 2,3 por cada cien mil habitantes, en 2016 llegó a 19, esto es un incremento alarmante de un 726%. El 60% de estas muertes han ocurrido entre 2016 y 2017».
El documento agrega:
«Se aprecia claramente la tendencia creciente en las muertes por resistencia a la autoridad que se incrementan en promedio en algo más de tres puntos por año. Este aumento sostenido contrasta con la disminución en los homicidios para terminar casi coincidiendo en el año 2019 (18 muertes por averiguación por cada 100.000 personas contra 24 homicidios por cada 100.000 habitantes)».
Asimismo, se advierte que prácticamente ningún cuerpo de seguridad está libre de cometer este crimen contra los derechos humanos.
“En el periodo 2015-2018 el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas), que ocupó siempre el primer lugar con casi la mitad de las muertes por resistencia a la autoridad, fue desplazado por la PNB (Policía Nacional Bolivariana) en el año 2019 como responsable del 36% de los casos de resistencia a la autoridad. Otro cuerpo que muestra una tendencia creciente en ese periodo es la GNB (Guardia Nacional Bolivariana) que aumentó hasta un 8% en el 2019”.
Las policías estadales y municipales, por su parte, quedaron en el cuarto y quinto lugar en este terrorífico ranking.
El problema de las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela ha cobrado tal gravedad que organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas se han referido a él en numerosas ocasiones.
Este estudio es la continuación de otro presentado por Acceso a la Justicia recientemente, bajo el título de Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000-2018) y en el cual se advertía que en el país hay más policías de los necesarios, pero no están bien entrenados ni equipados para cumplir eficientemente su función; y que las recomendaciones de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), entre las cuales figuraba la profesionalización de los cuerpos de seguridad y su desmilitarización, no se habían implementado, lo cual explicaba por qué los índices delictivos no habían disminuido dramáticamente y por qué la ciudadanía no se sentía más segura.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
Este nuevo informe confirma que las policías en Venezuela no cumplen con su principal función legal: proteger los derechos y brindar seguridad a la ciudadanía. Por el contrario, en vez de ser una solución los cuerpos policiales son parte del problema de la seguridad pública en Venezuela.
Pero como si no bastara con que las fuerzas de seguridad del Estado no sean eficaces ni eficientes respecto al cumplimiento de sus funciones, el hecho de que solo en 2019 hayan sido responsables de arrebatar la vida a más de 5.000 ciudadanos revela cuál es la magnitud de la impunidad en Venezuela.
El informe del Latinobarómetro (2018) destaca que Venezuela registra la menor confianza en las Fuerzas Armadas con el 19%, y más baja es la confianza en la Policía con 12%, y solo el 18% confía en el Poder Judicial.
Los datos proporcionados por la ENCOVI en sus cuatro ediciones permiten calcular que en promedio para el lapso 2014-2017, el 47% de los encuestados calificaba como malo y muy malo el trabajo realizado por la Policía en general y sólo un 10% lo consideraba bueno o muy bueno.
Estos datos se presentan de manera desagregada en el gráfico 12:
En la encuesta sobre letalidad policial del Observatorio Venezolano de Violencia del 2020 se registró un 30% de opinión favorable contra un
70% de opinión desfavorable en relación al trabajo de la policía, porque no se incluyó la opción “Regular.”
Desde inicios del siglo XXI el gobierno en Venezuela ha activado más de 20 planes, operativos o programas para combatir los altos índices de inseguridad y delincuencia que el país ha mantenido durante estas dos décadas.
Con el despliegue de esos planes, además de involucrar más a la Guardia Nacional Bolivariana en actividades policiales, se pretendía dar la sensación de que se estaba haciendo algo para combatir la delincuencia, básicamente respondiendo a momentos políticos de cercanía de elecciones
como las nacionales o parlamentarias, pero en lugar de seguridad se infundía temor ante las acciones desmesuradas de los funcionarios.
Entre los planes más sonados estuvieron el Plan de Seguridad del 2000 donde se involucraba a la GNB en funciones de patrullaje y control policial.
Diversos operativos se han ido desarrollando y todos terminaron en un rotundo fracaso.En el año 2006 se divulgó el Plan Estratégico Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con el cual se perseguía
la transformación de las policías. En el año 2008 se anuncia el Plan Caracas Segura donde reaparece la GNB en funciones de patrullaje, y el Plan Ruta Segura que establecía la presencia de un efectivo de la GNB en las unidades de transporte (PROVEA, 2012).
En 2015 se anunció el nuevo operativo militarizado denominado Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), desplegado en un barrio caraqueño conocido como la Cota 905, donde murieron 14 personas y más de 200 fueron detenidas por la GNB.
Con esta iniciativa se hace evidente la militarización de la PNB (Paz Activa, 2018). En abril de 2016 secrean las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), definido como un comando de la PNB.
Dispersión y fracasos
Según el informe, ante tanta dispersión de operativos, programas y planes para contrarrestar los índices de inseguridad, la pregunta obligada es cuán eficaz ha sido el servicio de policía en la reducción de la violencia y la inseguridad. La actuación policial y militar en el marco de operativos de seguridad ciudadana ha tenido poco impacto en el control de la delincuencia, mas no en el aumento de número de muertes en manos de organismos de seguridad, de violación de derechos humanos,debido al uso desproporcionado de la fuerza por parte de los organismos policiales.
Ninguno de los planes puestos en práctica abordó la esencia del problema delictivo, se sucedieron de manera descoordinada, se emplearon ineficientemente recursos al invertirlos en acciones aisladas y se aprovecharon con fines de proselitismo político, todo ello al
margen de un plan nacional de seguridad en el marco de una política pública de seguridad ciudadana consensuada y dirigida a la solución del problema empleando los mejores recursos especializados con los que cuenta el país.
ConclusionesDesde el punto de vista jurídico-penal, el sistema penal en Venezuela está conformado por 147 cuerpos policiales preventivos en sus niveles nacional, estadal y municipal, junto con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
(CICPC), el Ministerio Público como ente rector, los tribunales penales y el sub sistema
penitenciario.
En la normativa venezolana está claramente establecido el carácter fundamentalmente civil y preventivo del servicio de policía. Su objetivo es proteger los derechos humanos
y libertades de la ciudadanía, así como controlar y prevenir los delitos. La función de investigación penal es competencia del CICPC bajo la dirección del Ministerio Público.
El incumplimiento de la normativa que regula la emisión de información oportuna, veraz e imparcial sobre el desempeño de los organismos policiales, y la obligación de los organismos policiales a informar de su desempeño a la ciudadanía, impide el conocimiento real de la actuación de los organismos policiales.
El proceso de militarización de la seguridad ciudadana producto del incremento del protagonismo de organismos militares en labores policiales ha ido en ascenso, bien por la emisión de normas, por el nombramiento de militares en cargos ocupados por civiles, o por la implementación de planes u operativos con una lógica de guerra, que asume al contrario como el enemigo, que hay que liquidar.
