El mensaje en las redes sociales era: «#NoesNo». Los 300 días en blanco y de incertidumbre política que vive España desde que el 27 de octubre se disolvieron las últimas Cortes de mayoría absoluta podrían resumirse en ese lema tuitero, bandera del PSOE desde el día siguiente de las elecciones del 20-D. Esta misma semana, mientras el Partido Popular y Ciudadanos acercaban posturas para tratar de salir del atolladero, Pedro Sánchez se negaba a atender la llamada de Mariano Rajoy y fortalecía aún más su bloqueo.
La investidura ya tiene fecha: el 30 de agosto. Si el PSOE mantiene su «no», podría ser en realidad un «sí» a unas terceras elecciones… el 25 de diciembre, el día de Navidad. España llevaría entonces más de un año sin poder aprobar ni una sola reforma para afianzar su recuperación económica.
La repetición de elecciones solo tiene un precedente en la Unión Europea (UE): el de Grecia en 2012. Fuera de la UE, el referente es Turquía, que llamó a las urnas en cinco meses ante la imposibilidad de formar gobierno. Lo que no ha ocurrido nunca es que se celebren unas terceras elecciones. En la UE están asombrados ante el caso español, según fuentes parlamentarias. Pero su estupefacción y alarma no se deben tanto a la lentitud de las negociaciones, algo que se llega a comprender, como a la falta de capacidad para formar una gran coalición, y al bloqueo persistente del PSOE. Alemania, Austria, Países Bajos, Finlandia… Los ejemplos de coaliciones entre los principales partidos son mayoritarios en Europa. Lo que es incomprensible, a los ojos europeos, es la negativa del PSOE a mantener siquiera una negociación con el partido ganador en España. Detrás de esa alarma está la gran preocupación: que la inestabilidad política genere de nuevo inestabilidad económica en España, el fantasma más temido en la UE.
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Inercia de los Presupuestos
España se ha mantenido hasta ahora a velocidad de crucero, gracias a que los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se aprobaron el 20 de octubre, lo que permitió que la economía mantenga un buen ritmo de crecimiento, a la cabeza de Europa, mientras el paro no ha dejado de bajar. Pero la inercia no durará mucho más si el motor político no arranca, según advierten en La Moncloa. La parálisis política se ha traducido en un parón reformista que ha encendido todas las alarmas. El Gobierno lleva ocho meses «en funciones», a medio gas, con las manos atadas para tomar decisiones, impulsar reformas o aprobar proyectos de ley.
El 21 de diciembre, al día siguiente de las elecciones generales, se publicaron sendos Reales Decretos con el cese de Mariano Rajoy como presidente y de los miembros de su Ejecutivo. Todos están cesados, pero siguen «en funciones», limitadas al despacho de asuntos ordinarios, hasta la toma de posesión del nuevo presidente y del Gobierno.
Si se compara lo que hizo el Ejecutivo de Rajoy en su primer año en el poder con lo realizado en estos últimos 300 días se comprueba hasta qué punto el bloqueo político ha supuesto una enorme pérdida de tiempo en este 2016, que nada tiene que ver con 2012, y que podía haber servido para apuntalar la recuperación. El 30 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros de Rajoy, recién llegado al poder, aprobó el primer gran decreto-ley de choque contra la crisis, con un fuerte recorte y una subida de impuestos ante el descalabro que podía producirse. Dos meses después ya estaba aprobada la reforma laboral para frenar la sangría del paro, con una primera huelga general en marzo, y al mes siguiente se aprobaron los Presupuestos Generales de 2012, que Zapatero no había querido acometer antes de marcharse del poder. En abril llegaron más reformas en Sanidad y Educación, con ajustes anticrisis. En mayo se nacionalizó Bankia, en julio se subió el IVA y se aprobaron nuevos recortes. Ese fue el verano de infarto en el que se evitó el rescate de España. Y por si fuera poco, en septiembre Artur Mas quiso aprovechar el mal momento que atravesaba la nación para lanzar su desafío secesionista.
Esa actividad frenética, impulsada por un Gobierno con mayoría absoluta que hacía frente a la mayor crisis en décadas, contrasta con el parón actual. El Ejecutivo ha podido seguir actuando en casos excepcionales, como le permite la ley, y así ha ocurrido para frenar los nuevos pasos de los independentistas catalanes. Se han celebrado 31 Consejos de Ministros desde enero, se han adoptado 570 acuerdos, entre ellos 90 reales decretos, algunos con inversiones, ayudas a proyectos de I+D+i, que no eran más que el desarrollo de los Presupuestos ya aprobados. Pero no ha podido impulsar nuevas leyes ni reformas, ni ha podido cumplir con las obligaciones europeas, como son la transposición de directivas que exigen un cambio de ley. Desde Moncloa se advierte de que el Brexit y las incertidumbres económicas europeas y mundiales «exigen un Gobierno estable con plena capacidad» para afrontar los desafíos.
Callejón sin salida
Desde que se disolvió el Congreso hace ya 300 días el Gobierno y los grandes partidos sabían que nada sería igual. La entrada de nuevos partidos en el Parlamento y la radicalización de los nacionalistas obligaba a un mínimo entendimiento entre las dos grandes formaciones para no llevar al país a un callejón sin salida. Ese acuerdo, que existe en buena parte de Europa, está siendo imposible por el «no» del PSOE.
El primer «no» de Sánchez a Rajoy se produjo el 22 de diciembre, dos días después de que el PP ganara las elecciones del 20-D, con 123 escaños, frente a los 90 del PSOE. El dirigente socialista ni siquiera quiso escuchar al presidente en funciones: «No» fue el resumen de la brevísima reunión que mantuvieron en Moncloa, y que ya entonces marcaría la línea del PSOE. Rajoy quería ofrecerle un Gobierno de coalición, pero entonces Sánchez ya pensaba en el pacto de perdedores «a la portuguesa». Sánchez no logró su sueño, pero sí consiguió pasar a la historia como el primer candidato que fue rechazado en un debate de investidura. Fue el 4 de marzo cuando, en la segunda votación, solo logró 131 votos a favor y 219 en contra.
En ocho meses ha habido cuatro rondas de consultas del Rey, que derivaron en un declinación de candidatura, una investidura fallida, una ausencia de candidato y, la más reciente, una propuesta aceptada por el aspirante, que podría ser derrotado pese a tener 170 votos a favor. Cuatro situaciones diferentes, todas inéditas.
Tampoco había ocurrido nunca que un ministro en funciones, cesado de hecho, dimitiera. Este caso, desconocido hasta ahora, se produjo cuando José Manuel Soria renunció como ministro de Industria, por su implicación en los papeles de Panamá. La marcha de Soria obligó a Rajoy a asignar sus funciones a otro ministro, el titular de Economía, Luis de Guindos. A lo largo de los meses renunciaría también Ana Pastor, para ser presidenta del Congreso, y Alfonso Alonso, para ser candidato en el País Vasco. El Gobierno tiene así tres miembros menos, sin posibilidad de sustitución hasta que no se salga de este bloqueo.
Los 62 días de Aznar
Aznar tardó 62 días en ser investido presidente en 1996 desde la celebración de las elecciones. Entonces marcó un récord que se mantenía imbatible hasta este año. Estos 300 días en funciones lo han fulminado. El entonces candidato del PP fue investido en primera votación por mayoría absoluta, con los 156 votos de su partido más el «sí» de CiU (16 escaños), PNV (5) y Coalición Canaria (4). Faltaron a la votación los dos diputados de HB. El «Pacto del Majestic» de entonces es impensable ahora, una vez extinguida CiU y con el independentismo catalán fuera de la ley. Los nacionalistas, convertidos en partidos bisagras con González y Aznar, se desmarcan ahora de cualquier acuerdo.
El parón de estos 300 días también ha afectado a la política internacional. De entrada, se han suprimido las cumbres bilaterales con otros presidentes o primeros ministros, a la espera de que haya un presidente elegido por el Congreso. No hay que olvidar que un Ejecutivo en funciones no puede tomar decisiones que comprometan al siguiente Gobierno, por lo que el contenido de esas cumbres quedaría reducido a la mínima expresión.
Rajoy sí ha asistido a todos los consejos europeos, en un momento crucial para la UE al tener que hacer frente al Brexit o a la crisis de los refugiados. La ausencia de España en estos consejos, que son reuniones de jefes de Estado o de Gobierno, es inexcusable. Rajoy se vio obligado a consensuar la posición de España en el Congreso sobre asuntos como la inmigración, la política de refugiados y el Brexit.
El presidente en funciones no acudió a otras cumbres internacionales, como la de Washington de seguridad nuclear, pero sí estuvo en Varsovia, en julio, en la reunión de la OTAN. Allí coincidió con Obama, quien a continuación se trasladó a España para realizar su primer viaje oficial a nuestro país. La situación política de España ha sido motivo de interés y preocupación entre los aliados, que han elogiado la recuperación económica de los últimos dos años, pero temen que se acabe frenando por la falta de nuevas respuestas y reformas.
Rajoy tiene previsto viajar a China el próximo 4 de diciembre, si la hipotética formación de Gobierno se lo permite, para participar en la cumbre del G-20. Fuentes de Moncloa han explicado que España no puede permitirse el lujo de perder su silla en esa cumbre, y tiene que estar presente aunque sea en funciones.
Con información de ABC
