El pasado 24 de julio, el Gobierno de Colombia y las FARC acordaban incluir la perspectiva de género en la Mesa de Conversaciones de Paz de La Habana (Cuba). “Hay evidencias cuantitativas en otros países de que cuando se introduce el concepto de género en una situación de postconflicto, las probabilidades de que los acuerdos sean sostenibles en el tiempo se multiplican”, afirma la española Belén Sanz, directora de ONU Mujeres en Colombia y testigo presencial de estos cuatro años de negociaciones.
Hablar de las mujeres en la construcción de la paz significa visibilizar el impacto diferenciado que tiene la guerra entre unos y otros, explica la representante de Naciones Unidas. Sanz lo ilustra con un ejemplo claro: “El 52% de los 6,5 millones de desplazados por el conflicto son mujeres. Mujeres sin sus esposos, que están muertos o desaparecidos; pobres; con hijos en alguno de los bandos o incluso en bandos contrarios; con hijas violadas por los actores armados…”. Y continúa: “Mujeres que sostienen a sus familias y han sufrido hasta dos y tres desplazamientos y que en los lugares donde se asientan viven en el permanente riesgo de sufrir nuevamente violencia física y económica. Sus narrativas no tienen nada que ver con la de los hombres y no verlo es no entender la guerra que ha sufrido el país”. Pero bajo la perspectiva de género, las mujeres —tanto las presentes en las negociaciones de la capital cubana (en uno y otro bando), como las víctimas que han narrado los horrores que han vivido y las organizaciones feministas que llevan años trabajando incansablemente por una sociedad más equitativa y justa—, ven en los acuerdos de paz una oportunidad histórica para transformar el país.
Según el comunicado conjunto que emitieron el Ejecutivo colombiano y las FARC, el compromiso de incluir asuntos de género se basa en ocho puntos que cambian por completo el sistema actual. Entre ellos destacan el acceso igualitario a la propiedad rural; la búsqueda de un modelo que garantice los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y personas con identidad sexual diversa; la erradicación de los cultivos ilícitos y la promoción de la participación femenina en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos.
El grupo de especialistas en género presente en Cuba ha tratado también un asunto silenciado hasta hace poco en la sociedad colombiana: la violencia sexual y la utilización de las mujeres como botín de guerra. En este sentido, también consta la toma de medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres; el acceso a la verdad, justicia y garantías de no repetición, y el reconocimiento público y difusión de la labor realizada por mujeres como sujetos políticos.
Igualdad sustantiva
“Hemos presenciado la culminación de una fase crítica del trabajo de la subcomisión de género, que es un mecanismo único en la historia de la resolución de conflictos”, apunta el comunicado de la ONU sobre la firma. “La aplicación de este compromiso será la prueba clave de una paz duradera, y satisfará las aspiraciones más elevadas de las colombianas y los colombianos respecto a contar con una sociedad justa, equitativa, inclusiva y democrática”, remarca.
Ahora queda la formalización y materialización del pacto, ya que desde hace décadas existen leyes en Colombia sobre la participación de las mujeres en la política, la devolución de tierras a los campesinos y la violencia sexual y el feminicidio. Tampoco es nueva la resolución 1325 de Naciones Unidas, que ha cumplido ya 15 años, y que habla de la importancia del papel de las mujeres en la construcción de la paz. “No solo es el fin del conflicto. Hay que trabajar ahora para que la igualdad no solo sea formal, sino sustantiva. Hay que hacer que las leyes se cumplan y entender que los procesos de paz son momentos de transición donde se pueden remover y acelerar los cambios”, zanja Belén Sanz.
Con información de El País
