A quien interese poner en cifras el colapso económico y social de Venezuela, pudiera resultarle difícil. Mucha de la información en la materia dejó de ser publicada hace años por los entes del Estado responsables. Un intento del chavismo por ocultar la magnitud del daño hecho.
Alejandro Armas/ El Político
Pero la academia se encarga de llenar esos vacíos. Cada año, la Universidad Católica Andrés Bello realiza la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), un estudio exhaustivo sobre la calidad de vida en Venezuela. Recientemente fueron publicados los resultados de la Encovi 2021, que son verdaderamente espeluznantes.
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Sin duda el hallazgo más perturbador es que 94,5% de la población venezolana está en pobreza de ingresos. La “pobreza multidimensional”, como los investigadores llaman a aquella que incluye factores como vivienda y servicios, es de 65,2%. Y la pobreza extrema, de 76,6%. Si la política (del chavismo) tuvo implicaciones enormes en este descalabro, al descalabro tiene a su vez implicaciones para la política venezolana. Veamos.
Mejora contenida
En 2019, el régimen de Nicolás Maduro comenzó discretamente a abandonar sus políticas económicas cuasi estalinistas, dando pasó a una especie de “liberalización” limitada de la economía. Los controles de cambio y precio fueron desaplicados. Se levantó algunos aranceles. El chavismo toleró el uso del dólar estadounidense en transacciones cotidianas, de cara a la pérdida del valor de la moneda nacional.
Como resultado, varios de los horrendos indicadores económicos de Venezuela tuvieron cierta mejora. La escasez crónica de productos de primera necesidad se redujo considerablemente. La inflación, que en 2018 llegó a ser de tres dígitos por mes, sigue siendo elevadísima pero dista de aquellos niveles récord.
Sin embargo, al menos hasta ahora, esto no se ha traducido en una recuperación generalizada de la calidad de vida. El hecho de que 95 de cada 100 venezolanos esté en situación de pobreza así lo confirma.
El grueso de los beneficios de la nueva política económica del chavismo los ha percibido el resto. Es decir, el pequeño porcentaje de la población cuyos negocios sobrevivieron a lo peor de la crisis económica. Ahora tienen un clima algo más favorable para dichos negocios y les es más fácil mantenerlos en pie, o hasta prosperar.
Para el 95% empobrecido, en cambio, solo ha habido unos pocos alivios en su estilo de vida. Por ejemplo, menos dificultad para conseguir productos y mayor facilidad en las transacciones, con el uso del dólar. De resto, su poder adquisitivo se mantiene por el piso, con todo lo que ello implica en materia de adquisición o mantenimiento de un hogar, conservación de la salud, transporte y recreación.
A eso hay que agregar que el acceso a los servicios sigue siendo muy deficiente. Los apagones y la falta de agua aun son comunes. La gasolina, al contrario de los alimentos, sigue siendo terriblemente escasa. Aunque estos son problemas generalizados, afectan de peor forma a los más pobres.
La protesta sigue
En su último informe, correspondiente a agosto, el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social registró 566 protestas en Venezuela. De estas, 77% fue para exigir “derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”. Es decir, manifestaciones que demandaron acceso a electricidad, agua o gas; que exigían mejoras laborales o cobertura de salud, etc. Solo el 23% restante estuvo motivado por razones políticas.
Esto supone un problema latente para el chavismo. Las protestas están atomizadas y la inmensa mayoría de ellas no exige un cambio político. Luego de las manifestaciones masivas de 2014 y 2017, los ciudadanos entendieron que las protestas específicamente políticas son las que el régimen reprime con más saña. De ahí que sean relativamente pocas. Pero siempre habrá un riesgo de que las otras, las manifestaciones sociales, se articulen y adquieran un cariz político.
Lo que para el chavismo es un problema, es una oportunidad para la oposición. El hecho de que los cambios en las políticas económicas no hayan recuperado la calidad de vida de las masas permite a la dirigencia opositora apelar a ellas. Un mensaje que ate la posibilidad de recuperación socioeconómica con el cambio político pudiera reanudar el entusiasmo de la población por la causa democrática, tan alicaído en años recientes.
Semejante mensaje es más que una consigna de la oposición. Sin una alteración sustancial del sistema político venezolano que restaure la democracia y el Estado de Derecho, es poco probable que Venezuela reciba las ayudas e inversiones necesarias para una mejora inclusiva.
Por supuesto, para tener éxito, la oposición tendría que brindar el mensaje de manera correcta. Y las comunicaciones nunca han sido su fuerte. Tal vez necesitaría además una renovación de su liderazgo, pues un argumento que en sí mismo es convincente puede caer en oídos sordos si el receptor no confía en el emisor. Pero la oportunidad está ahí. Descontento no falta. ¿Sabrá la oposición aprovehcarlo?
