La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este miércoles de que el influyente diario La Prensa de Nicaragua puede dejar de circular en su versión impresa por presiones del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
El Político
"Con 93 años de existencia, el diario corre riesgo de interrumpir su circulación debido a medidas de presión impuestas por el Estado de #Nicaragua: la aduana retiene desde hace 56 semanas papel y tinta importados", señaló la CIDH, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE-CIDH), en un tuit.
Ese organismo señaló que el fin de semana pasado cerró la versión impresa del suplemento de sátira política "El Azote", de La Prensa, tras casi 25 años de publicaciones dominicales, debido a que el Gobierno sandinista mantiene retenido su papel.
Managua, 9 oct (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este miércoles de que el influyente diario La Prensa de Nicaragua puede dejar de circular en su versión impresa por presiones del Gobierno del presidente Daniel Ortega.
"Con 93 años de existencia, el diario corre riesgo de interrumpir su circulación debido a medidas de presión impuestas por el Estado de #Nicaragua: la aduana retiene desde hace 56 semanas papel y tinta importados", señaló la CIDH, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE-CIDH), en un tuit.
Ese organismo señaló que el fin de semana pasado cerró la versión impresa del suplemento de sátira política "El Azote", de La Prensa, tras casi 25 años de publicaciones dominicales, debido a que el Gobierno sandinista mantiene retenido su papel.
Mientras el periódico Hoy, dirigido a segmentos populares y del Grupo Editorial La Prensa, apagó el lunes su versión digital, para sobrevivir a los problemas económicos derivados del bloqueo aduanero de su materia prima.
"El cierre de @laprensa sería un hito en la censura a los medios de comunicación en #Nicaragua; un diario que sobrevivió a la clausura de la dictadura de Somoza. Más de 200 trabajadores podrían quedar desempleados y los ciudadanos perderían otra fuente más de información", advirtió la CIDH.
En este contexto, el Meseni y RELE-CIDH exigieron al Estado de Nicaragua dejar de hostigar a medios y levantar medidas indirectas que afectan a la libertad de prensa, como el control del papel y la prohibición a medios independientes de ser transmitidos en televisión para abonados.
El bloqueo aduanero que mantiene el Estado nicaragüense desde hace 13 meses del papel, tinta y otras materias al Grupo Editorial La Prensa, que publica el diario La Prensa y Hoy, y a la empresa ND Medios, obligó al cierre de El Nuevo Diario, el segundo periódico en importancia del país centroamericano.
El Nuevo Diario, el segundo más antiguo de Nicaragua, así como el rotativo Metro y el medio digital Maje, todos propiedad de ND Medios, del grupo financiero nicaragüense Promerica, dejaron de circular hace 12 días a causa de las presiones económicas del Gobierno de Ortega.
La retención de papel también hizo desaparecer de las calles al periódico popular Q’Hubo, que también pertenecía a ND Medios, desde diciembre pasado.
La aduana empezó a bloquear las materias primas desde septiembre de 2018, cinco meses después de que estallara la crisis sociopolítica nicaragüense y, de acuerdo con los periódicos, "sin ninguna justificación legal o administrativa".
El Gobierno, en cambio, sostiene que el cierre de los periódicos obedece a razones administrativas, económicas y de credibilidad, más que a la retención del papel de prensa.
La 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al Gobierno de Ortega por la "asfixia económica y continuos ataques a la integridad de los periodistas y medios de comunicación", y demandó liberar los insumos retenidos a los periódicos.
La política gubernamental hacia la prensa independiente también ha hecho desaparecer decenas de programas televisivos y radiales y un canal de televisión cuyas instalaciones permanecen ocupadas por la Policía Nacional desde hace 10 meses.
El asedio policial y grupos oficialistas han llevado al exilio a por lo menos 90 periodistas, según la Fundación Violeta Barrios, que entre abril de 2018 y agosto de 2019 registró al menos 1.080 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas y asesinato, entre otras transgresiones.
Fuente: DW
