La Casa Blanca estaría estudiando medidas para ordenar al Departamento de Justicia reinterpretar la ley sobre armas fantasmas no rastreables. Se trata de kits que se montan a partir de piezas compradas por internet o en ferias de armas; estas se asocian con más frecuencia a delitos.
El Político
De acuerdo con una publicación de la agencia Reuters, este armamento no entra en la categoría de armas de fuego; por esa razón pueden venderse legalmente sin números de serie ni controles de antecedentes.
El 30% de las armas ilegales confiscadas en algunas zonas de California son de este tipo, según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos. Pero cambiar su designación probablemente desencadene un desafío legal; así como los intentos por limitar la propiedad de armas.
A principios de la administración de Biden dos asesores de la Casa Blanca, Cedric Richmond y Susan Rice, solicitaron a los activistas y líderes comunitarios propuestas sobre la política de violencia armada. Funcionarios del Departamento de Justicia también se han reunido con la industria de las armas.
Según los asistentes, citados por Reuters, las armas fantasma son parte de los temas tratados. Sería un impulso para que el Departamento de Justicia inicie una causa contra los distribuidores y fabricantes de armas; también supondría una limitación de las exenciones de las ventas privadas y de las normas de comprobación de antecedentes.
Tiroteos masivos presionan a la Casa Blanca
Los tiroteos del mes pasado en Colorado y Georgia representan una presión para la Casa Blaca, ante la imposibilidad de que el Congreso actúe rápidamente. La secretaria de prensa, Jen Psaki, reiteró el jueves que la administración está estudiando la posibilidad de dictar órdenes ejecutivas.
De acuerdo con datos policiales, los tiroteos mortales en balnearios de Atlanta y en un supermercado de Boulder fueron ejecutados por sospechosos que utilizaron armas de fuego compradas legalmente.
En sus discursos, Biden ha señalado que su gobierno evalúa si puede tomar medidas sobre armas de fuego fabricadas con impresoras 3D, así como sobre las armas importadas. Los abogados de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia trabajan para anticiparse a una serie de desafíos legales, dijeron ayudantes y aliados.
Según abogados y activistas, el Departamento de Justicia trabaja en una manera de demostrar que el cambio en la normativa no es abrupto ni político; asimismo, busca dejar claro que el proceso para el cambio fue razonado y ordenado.
El gobierno de Biden también evalúa desafíos anteriores en esta materia, como el que siguió a la prohibición de Trump de los "bump stocks"; dispositivos que permiten a las armas semiautomáticas disparar en ráfagas rápidas y sostenidas. Estos se utilizaron en octubre de 2017 en un concierto de Las Vegas en el que murieron 60 personas y más de 400 resultaron heridas.
La entrada en vigencia de esta prohibición fue permitida por el Tribunal Supremo mientras siguen las demandas en tribunales inferiores que intentan su anulación.
Decisión del Tribunal Supremo
Un grupo de 18 fiscales generales estatales pidieron al jefe del Departamento de Justicia de Biden, Merrick Garland, que cierre él mismo lo que consideran un vacío legal sobre las "armas fantasma".
La última palabra la tendría el Tribunal Supremo, ante la ausencia de legislación que transforme las órdenes ejecutivas en leyes. Sin embargo, el pasado mes de junio eludió una importante sentencia sobre este tema; en ese momento desestimó un recurso contra las restricciones a propietarios de armas en Nueva York. También rechazó una serie de otros casos que pretendían ampliar los derechos de las armas.