Con el voto favorable de 16 diputados kirchneristas , contra 15 de la oposición, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de Argentina declaró admisibles las acusaciones contenidas en los 14 pedidos de enjuiciamiento presentados contra los cuatro jueces de la Corte Suprema por parte del ejecutivo. Precisamente la corte que enjuicia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El Político
El Gobierno de Alberto Fernández acusa a los magistrados de mal desempeño en sus funciones y eventual comisión de delitos.
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De esta manera, el oficialismo consiguió su primer objetivo: garantizar la continuidad del proceso de enjuiciamiento contra Horacio Rosatti, presidente de la Corte, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
A partir de ahora la comisión, que preside la kirchnerista Carolina Gaillard, inicia la etapa de instrucción. En la que los diputados deberán recolectar testimonios y aportar las pruebas con las cuales deben sustentar las acusaciones contra los magistrados.
Esta etapa se puede prolongar por al menos tres meses.
“En los 14 pedidos promovidos se acumulan más de 60 hechos que configurarían las causales habilitadas por la Constitución Nacional de mal desempeño y delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Que -de ser probados- resultarían en gravísimas violaciones institucionales.
El tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicado y democrático”, leyó Gaillard.
Desde la oposición, calificaron la decisión de la comisión de juicio político como un ataque a la Constitución.
Por qué es importante
En los hechos, esto significa que a partir de ahora se inicia una investigación formal contra los miembros de la Corte Suprema que incluye la recolección de testimonios y de pruebas para demostrar su mal desempeño.
Las conclusiones de esta pesquisa luego serán elevadas a las cámaras de diputados y senadores para su votación.
En contexto: impulsado Alberto Fernández
Uno de los impulsores del proceso fue el propio presidente, Alberto Fernández, con el respaldo de 11 gobernadores oficialistas.
Luego de un reciente fallo del máximo tribunal que obligó al Estado nacional a pagarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% del monto total recaudado por impuestos, que se distribuye entre las 23 provincias y la capital, frente al 2,32% que recibía.
Si bien aceptó acatar el fallo, el mandatario lo calificó como una muestra de parcialidad del tribunal en favor del gobierno capitalino.
El cual es liderado por Horacio Rodríguez Larreta, uno de los principales dirigentes de la oposición y con aspiraciones presidenciales en los comicios generales de octubre.
Entrelíneas
El oficialismo responsabilizan a los cuatro magistrados de supuestas arbitrariedades cometidas en el fallo que declaró inconstitucional la integración del Consejo de la Magistratura, para beneficiar a la mayor fuerza opositora.
Además, acusan a los cuatro jueces de haber incurrido en un “incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración” de la obra social del Poder Judicial.
Asimismo, apuntaron contra a los jueces Rosatti y Rosenkrantz por el fallo en el que dispusieron que era aplicable el beneficio del “2×1″ en los delitos juzgados por lesa humanidad.
También rechazan la sentencia condenatoria en contra de la Vicepresidenta Cristina Kirchner.
Lo que dice la oposición
Los diputados de Juntos por el Cambio y el interbloque Federal, en minoría, rechazaron in límine las acusaciones del oficialismo.
“Este juicio político constituye un alzamiento del presidente (Alberto Fernández) y de un grupo de gobernadores. Se trata de un acto abiertamente destituyente porque intenta alterar el orden democrático. Ustedes, al restringir la deliberacion de los magistrados, restringen su independencia. Ustedes no dimensionan el daño que le hacen a la democracia”, declaró Juan Manuel López, de Juntos por el Cambio.
Advirtió que la embestida contra la Corte Suprema promovida por el Frente de Todos constituye un “peligroso precedente”.
“Si se juzga a los jueces por el contenido de sus sentencias, se podría igualmente destituir a un presidente o a su vice por las políticas públicas que establezcan”, sostuvo.
Por su parte, el diputado Mario Negri, jefe del bloque radical, enfatizó que las acusaciones oficialistas “no configuran elementos de mal desempeño”.
“Son artificiales y dogmáticas, carecen de sustento real”, asestó el radical. Quien insistió que el único objetivo del oficialismo es “limar, esmerilar” a los jueces.
En efecto, el oficialismo, si bien cuenta con mayoría en la Comisión de Juicio Político, no alcanza la mayoría agravada de los votos en el recinto (dos tercios de los presentes) para acusar a los magistrados.
La declaración del gobierno
El ministro de Justicia, Martín Soria celebró la decisión: "Es un día histórico", declaró.
Según Soria se busca a través de este mecanismo empezar a sanear "la cúpula del Poder Judicial en la Argentina en la persona de los integrantes de la Corte Suprema".
"Esta Corte hacia tiempo está haciendo política y no precisamente Justicia, eso también es parte del mal desempeño", disparó Soria y descalificó a sus miembros.
"Es la Corte Suprema más concentrada en el mundo, cuatro miembros con un claro sesgo en contra del gobierno y del peronismo".
Lo que sigue
El oficialismo no cuenta por el momento con la mayoría especial requerida (dos tercios de legisladores presentes) en el recinto para avanzar en la remoción de los jueces supremos.
Soria se refirió a continuar con el proceso pese a no contar con los votos necesarios: "Creo que es un error pretender que este juicio político, que recién está arrancando, ya tenga de antemano un resultado cantado".
