El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy que planea poner fin al uso de prisiones privadas en el país, tras concluir que ese tipo de gestión en los penales acarrea más incidentes de seguridad y desprotección que los dirigidos por la Oficina Federal de Prisiones.
La Justicia estadounidense comenzará así a no renovar contratos con esas cárceles con el objetivo de dejar de utilizarlas.
"Este es el primer paso en el proceso de reducción y, en última instancia, pone fin a nuestro uso de establecimientos penitenciarios privados", afirmó en un comunicado la fiscal general adjunta del país, Sally Yates.
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Sin embargo, esta decisión no aplica para los centros de detención de inmigrantes que están gestionados de manera privada, ya que estos dependen del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) y no del Departamento de Justicia.
Numerosas organizaciones de defensa de los derechos humanos han criticado duramente estos centros para inmigrantes, por considerar inapropiadas sus instalaciones para acoger a familias enteras y no ofrecer un mínimo de condiciones a los detenidos.
Según datos del centro de estudios Center for American Progress, solo el 11 % de las camas de los 250 centros de todo el país están operadas por el DHS o alguna de sus agencias.
Con información de EFE
