Este lunes se inicia en EEUU el juicio por lavado de dinero contra la enfermera de Hugo Chávez, Claudia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa.
El Político
El juicio se llevará a cabo en los tribunales de Fort Lauderdale (a 40 kilómetros al norte de Miami) y durará dos semanas, la primera de ellas para la selección del jurado, reportó Infobae.
¿Quién es ella?
Díaz Guillén es una oficial que alcanzó el rango de sargento técnico y que, entre 2011 y 2013, fungió como directora de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela y secretaria del Fondo de Desarrollo Nacional (Fondén).
Se trata de una institución creada por Chávez en 2005 para invertir los millonarios recursos que recibía el país suramericano por concepto de exportaciones de petróleo.
Díaz Guillén formó parte del equipo de salud de Chávez antes de ser nombrada tesorera nacional, cargo que ejerció de 2011 a 2013, y su esposo fue su jefe de seguridad.
Tras la muerte de Chávez se fueron del país y después de una breve estancia en República Dominicana se instalaron en España.
Venezuela solicitó a España su extradición en 2018 y fue aprobada el 25 de octubre de 2018 por la Audiencia Nacional por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento en su propio país.
Pero España revirtió su decisión, al considerar que en Venezuela corría “peligro su integridad”, un argumento que la Fiscalía de la nación suramericana rechazó por ver en este giro “una decisión política, motivada por el apoyo brindado por el Gobierno español” a la oposición.
¿Por qué se le juzga?
La Fiscalía del Distrito Sur estadounidense la sigue por tres delitos: uno por “conspiración para competer blanqueo de capitales” y dos por “blanqueo de capitales” haciendo uso de la banca de Miami, Florida.
Las acusaciones de la justicia estadounidense en contra de la pareja cercana al mandatario fallecido, en 2020, revelaron más detalles de sus presuntos vínculos con un “esquema de lavado de capitales y sobornos internacionales”.
Díaz Guillén y Velásquez participaron en un método de corrupción a través del sistema cambiario de Venezuela por al menos 1.000 millones de dólares. Los esposos residían ya en Madrid, España, al momento de la acusación penal.
La justicia estadounidense señaló entonces como su cómplice al empresario venezolano Raúl Gorrín, conocido por comprar en 2013 la mayoría accionaria del canal privado de noticias Globovisión y acusado por Estados Unidos en agosto de 2018 de conspiración y comisión de lavado de capitales.
Según Estados Unidos, Díaz Guillén y Velásquez recibieron “millones de dólares en sobornos” para que la enfermera de Chávez asegurara los derechos sobre transacciones internacionales de cambio de divisas a “tasas favorables”.
La acusación formal de la justicia estadounidense indicó que Gorrín transfirió dinero tanto a Díaz Guillén como a Alejandro Andrade, otro tesorero venezolano, para el beneficio de ambos y para la compra de jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y una línea de moda.
Andrade, conocido en la política venezolana como “El Tuerto”, también exescolta de Hugo Chávez, recibió en 2018 una sentencia de 10 años de cárcel en Estados Unidos.
Quedó en libertad en febrero pasado por sus colaboraciones, admisiones y revelaciones a la justicia norteamericana, sin embargo.
¿De qué se le acusa a Velásquez?
Una serie de publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) señaló al esposo de Díaz Guillén como cliente del bufete panameño Mossack Fonseca para poder lavar dinero y evadir impuestos, también mediante la firma suiza V3 Capital Partners LLC.
Esa asociación le permitió al militar retirado crear una empresa en un paraíso fiscal en la República de Seychelles, un grupo de 115 islas del océano Índico, al noreste de Madagascar, a 13.500 kilómetros de distancias de Venezuela, de acuerdo con los reportajes conocidos popularmente como los Panama Papers.
La investigación permitió determinar, además, que Velásquez tuvo participación en otras cinco empresas domiciliadas en Panamá, también con tales fines.
Díaz Guillén y su pareja migraron de Venezuela luego de la muerte de Chávez, anunciada en marzo de 2013, según informes de prensa del país suramericano.
Otras noticias precisaron que ambos fijaron residencia temporal en República Dominicana, al menos hasta mediados de 2015, en una zona de Punta Cana cuyas viviendas costaban entre 400.000 y 1,6 millones de dólares.
¿Cuáles son los recursos con los cuales cuenta la fiscalía?
El Tribunal del Distrito Sur de Florida, a cargo del juez William P. Dimitrouleas, estableció que el 28 de noviembre es la fecha prevista por el inicio del juicio a la pareja cercana al fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, conformada por Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa.
El juzgado ya había acordado enjuiciar a los esposos Díaz Guillén- Velásquez Figueroa en un solo proceso, después que el militar conocido en sus tiempos como “Guarapiche” fue extraditado a Estados Unidos desde España, por lo que el tribunal está en la fase preliminar con miras al inicio formal de juicio.
Entre los documentos que se ventilan previo al juicio en el tribunal figura la lista de 1.163 elementos probatorios promovidos por los fiscales estadounidenses contra la pareja acusada de presunto lavado de dinero proveniente de un hecho de corrupción originado justo cuando Claudia Patricia Díaz Guillén era Tesorera de la Nación.
Las autoridades estadounidenses cuentan con un documento de 22 páginas que consta ante el tribunal en el que está la larga lista de pruebas que tendría la Fiscalía y que consisten en declaración de testigos, confirmaciones de pagos, correos electrónicos, fotos, transferencias bancarias, entre otros documentos.
Entre la lista de testigos de la Fiscalía aparece el también ex tesorero venezolano Alejandro Andrade Cedeño, según los documentos judiciales.
Andrade sería el “testigo estrella”, según otros documentos judiciales en los que solo aparecen sus iniciales.
En la lista de testigos figuran 15 nombres entre los que están, además de Alejandro Andrade, el experto William Luther, de la Florida Atlantic University , Alejandro Zingg, supuesto socio del empresario Raúl Gorrín Belisario (declarado como prófugo por Estados Unidos), Joel Brakha, propietario de una compañía de yates en Miami, el empresario Maximilian Camino Beran, Jeremías Martorell, quien se define como consultor de empresas en redes sociales, Mercedes Matsuo, Moisés Zapata y Jailyne Padrón.
En la misma causa en los tribunales federales del sur de Florida está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, el cual es considerado prófugo por la justicia estadounidense.
Según la Fiscalía, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a la “enfermera” de Chávez y a Andrade Cedeño para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.
El matrimonio, extraditado desde España, ella en mayo y él en octubre de este año, es conocido como la “enfermera” y el “guardaespaldas” del que fuera presidente de Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 por un cáncer.
¿Cómo será el proceso?
En primera instancia se elegirá el jurado para dar inicio al esperado juicio de la enfermera de Chávez y su esposo.
La defensa de Claudia Díaz Guillén y Adrián Velásquez insiste en que “ni ella ni el esposo cometieron los delitos que alega el Gobierno”, dijo a EFE la abogada de la pareja, Marissel Descalzo.
La abogada no quiso adelantar los argumentos en los que basará la defensa, al señalar que los presentará el próximo lunes 28 en la corte una vez sea escogido el jurado, que señaló será una tarea “difícil”.
La abogada presentó el viernes una moción en la que pide a la corte obligar a la Fiscalía de Estados Unidos a divulgar información que eventualmente serviría a la defensa.
La defensa afirma que ni Díaz, que se declaró no culpable, ni Velásquez Figueroa “transmitieron, transportaron o transfirieron algún instrumento monetario a los Estados Unidos para promover alguna actividad ilícita”.
Se estima que el juicio puede durar dos semanas o menos, según periodistas conocedores del caso.
