El juez federal en Tallahassee, Robert Hinkle, ha rechazado la solicitud del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de suspender la impugnación de una nueva ley estatal que lleva a cabo una enmienda constitucional que restituye el derecho al voto a los delincuentes que han cumplido sus sentencias, informó Florida Politics.
El Político
El gobernador republicano y la secretaria de Estado, Laurel Lee, pidieron esta semana al juez de distrito estadounidense, Robert Hinkle, que suspendiera la demanda federal mientras la Corte Suprema de Florida considera un caso relacionado. Pero en un breve orden de este miércoles, Hinkle negó la petición, reveló el portal.
Los defensores de los derechos de voto y los grupos de derechos civiles presentaron la impugnación federal poco después de que DeSantis promulgó una ley (SB 7066) que exige que los delincuentes paguen “obligaciones financieras legales”, como restitución, multas y honorarios, para tener derecho a que se les restituyan sus derechos de voto.
Los demandantes en el caso alegan que la ley estatal impone un “impuesto electoral” inconstitucional y viola una serie de otros derechos constitucionales.
Los defensores de la ley, incluyendo a DeSantis y a legisladores republicanos, han argumentado que se adhiere a la redacción de la enmienda, que otorga la restitución de los derechos de voto a los delincuentes “que hayan cumplido todos los términos de su sentencia, incluyendo la libertad condicional, excluyendo a las personas condenadas por asesinato o por un delito sexual grave”.
Los términos de la sentencia incluyen obligaciones financieras ordenadas por los tribunales, sostienen los acusados.
Los abogados de DeSantis le pidieron a Hinkle el mes pasado que desestimara la demanda federal. Poco tiempo después, pidieron orientación a la Corte Suprema de Florida sobre si la ley estatal lleva a cabo correctamente la enmienda constitucional, que apareció en la boleta de noviembre como Enmienda 4 y fue aprobada por casi el 65 por ciento de los votantes de Florida.
El martes pasado, el estado le pidió a Hinkle que suspendiera el caso federal hasta que la Corte Suprema se pronuncie sobre el asunto, “ya que la opinión sería instructiva sobre una cuestión de interpretación de la ley estatal que tiene implicaciones prácticas sobre los desafíos planteados en estas acciones”.
La corte estatal tiene previsto escuchar los argumentos en el caso el próximo 6 de noviembre, concluye Florida Politics.
Fuente: Florida Politics
