Hace 230 años fue la primera vez que un inmigrante se hizo ciudadano de Estados Unidos, por la Ley de Naturalización de 1790 que establecía como requisito principal: “ser persona blanca, libre y de buen carácter moral”.
El Político
Este privilegio de la naturalización al que hoy en día pueden aspirar la mayoría de los inmigrantes sin importar su color de piel o condición social se restringió y se resguardó celosamente desde los primeros años del nacimiento de la nación a pesar de que Estados Unidos preservó en el primer siglo de su historia una política de “fronteras abiertas”.
Estados Unidos permitía a cualquier extranjero empezar una nueva vida en estas tierras, podían entrar libremente, pero no cualquiera podía gozar de los plenos derechos que concedía la naturalización, como votar y ser elegido para un cargo público.
En 1866, se estableció que todos los nacidos en Estados Unidos o naturalizados fueran declarados ciudadanos del país, sin importar raza, color de piel o condición previa de esclavo, y que tuvieran los mismos derechos que gozaban los blancos.
Posteriormente, la Ley de Naturalización sufrió varias reformas y se promulgaron otras leyes migratorias para la exclusión de chinos a finales del siglo XIX y de anarquistas o “lunáticos” a principios del siglo XX, para imponer cuotas de inmigrantes de determinados países, para deportar a los mexicanos después de la Gran Depresión, para enviar a los japoneses a campos de concentración y para crear programas de trabajadores temporales, entre otras cuestiones que le dieron forma a la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1952 que continúa vigente y que a pesar de enmiedas posteriores ha pretendido mantener el fundamento de su creación: la reunificación familiar.
El actual proceso de naturalización se enmarca en esa ley de 1952 y se administra a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), dependiente del Departamento de Justicia (DOJ).
Desde sus comienzos, uno de los principales requisitos para naturalizarse es el “buen carácter moral” y aunque no sólo los blancos pueden aspirar a convertirse en ciudadanos estadounidenses, la administración del presidente Donald Trump ha mostrado sus intenciones de arrebatar a muchos inmigrantes los derechos que conlleva la naturalización al anunciar esta semana una oficina especial para ello.
Se trata de la Sección de Desnaturalización de la División Civil del DOJ que promoverá el retiro de la naturalización a inmigrantes que hayan cometido algún delito, como criminales de guerra, terroristas, delincuentes sexuales y “otros estafadores”.
El presidente Trump tiene muy en claro cuál es el color de piel de quienes considera son “inmigrantes criminales”, a quienes buscará despojar de los derechos que les concede la ciudadanía, como votar y ser elegidos para cargos públicos.
Fuente: Laopinion
