Las iniciativas o decisiones políticas del gobernador de Florida, y ahora precandidato presidencial republicano, Ron DeSantis, conocidas como "anti-woke, están incrementando los gastos estadales de los contribuyentes del estado del suroriente estadounidense.
El Político
Por qué el contribuyente no debe cancelarlas
Iniciativas como la ley "no digas gay’ y la "no-woke", junto a restricciones al derecho al aborto, la cancelación del estatus especial del que gozaba Disney World entre otras, son descritas por sus opositores como guerras culturales innecesarias, y con puras motivaciones electorales.
Las iniciativas y políticas de DeSantis han generado costosas demandas judiciales de varias comunidades que han visto violados sus derechos y son precisamente los residentes de Florida quienes se ven obligados a pagar por sus costos.
Según un reporte del diario Tallahassee Democrat, el presupuesto del estado de $ 177.000 millones, y contiene una partida de $ 16 millones para “para defender las políticas que DeSantis acaba de adelantar o para cubrir batallas legales que ya están en marcha”.
La senadora republicana y presidenta del Senado estatal, Kathleen Passidomo, justificó la partida diciendo al medio que “estamos en una sociedad litigiosa” y que “queremos asegurarnos de que haya suficiente para manejar los asuntos a través de la oficina del gobernador y las agencias responsables”.
Sin embargo, la partida podría no ser suficiente.
“Con tantos pleitos que se ha buscado el gobernador, solamente con Disney, los floridanos han contribuido con más de $ 16.7 millones”, dijo a Univision Noticias la representante estatal demócrata por el área de Tampa, Susan López Valdés.
Disney es solo la punta del iceberg.
Florida ha pagado a abogados, dentro y fuera del estado, para defender las políticas del gobernador en casos relacionados al voto de convictos que han cumplido sus penas, la defensa de la ley “stop W.O.K.E” que prohíbe la discusión de historia racial en las escuelas, la prohibición del requerimiento de vacunas de covid-19 para los pasajeros de cruceros que salen de los puertos del estado, entre otros.
Según la representante Valdés, después del paso de las controvertidas leyes de DeSantis, "muchas organizaciones han decidido no traer sus conferencias o negocios al estado”, algo que es grave en un estado como Florida donde solo en 2021 su economía recibió $ 101.900 millones en turismo.
Solo la semana pasada, eventos como la reunión anual Grace Hopper Celebration, la convención de mujeres en tecnología más grande del mundo que en 2022 llevó 16.000 visitantes a Orlando, anunció que después de 2023 abandonará el área, mientras que una convención nacional de profesionales de la enfermería decidió cancelar a Orlando como sede de su reunión en 2027.
AnitaB.org, que organiza Grace Hopper Celebration, notificó a sus miembros que después de 2023 no realizará conferencias en Florida a pesar de la “cálida bienvenida” que ha recibido a lo largo de los años en Orlando, debido al actual clima político del estado.
Valdés también advirtió que la promulgación de la Ley de Florida S.B. 1718 contra la inmigración indocumentada “ha causado muchas preocupaciones entre los obreros y sus familias, lo que ha hecho que muchos de ellos ya se hayan ido del estado”.
“Esperamos que las frutas y vegetales suban de precio”, dijo Valdés después de que trabajadores agrícolas sin documentos abandonaran el estado a raíz de la promulgación de la ley, de la que ahora los republicanos insisten "es más política que una ley".
