La crisis en Venezuela, lejos de encontrar una luz al final del túnel, se acrecienta con el pasar de los días y un último informe indicó que más de 19 millones de venezolanos necesitan ayuda humanitaria.
El Político
Este informe, denominado "de Seguimiento a los impactos de Emergencia Humanitaria tras el confinamiento por Covid" fue realizado y difundido por la organización HumVenezuela, que además detalló que 10,4 millones de venezolanos enfrentan privaciones severas.
La pobreza, el hambre, la violencia y el colapso de los servicios básicos marcan la pauta en este texto. Sin embargo también denuncian abandono escolar, mala salud y muertes evitables, hasta la migración forada.
Más datos
- 18,7 millones tienen problemas en alimentación
- 6,2 millones de niños, niñas y adolescentes enfrentan serias dificultades para recibir una educación básica de calidad o están fuera del sistema educativo.
- En promedio, 55% presenta necesidades humanitarias severas: 65,7% en alimentación, 56% en salud, 55,5% en agua y saneamiento, y 54,8% en educación.
- Las medidas de confinamiento entre los años 2020 y 2021 para contener la transmisión de la COVID-19 dejaron una mayor escala y severidad de la EHC en 2022, si se compara con los niveles alcanzados al inicio de la pandemia. Y esta tendencia continuará ocurriendo en tanto no desaparezcan los factores que la producen: una caída estructural de las capacidades internas a niveles muy profundos en un contexto de desinstitucionalización y gran incertidumbre para resolver la falta de gobernabilidad democrática y la ausencia de Estado de derecho.
Colapso prolongado
De acuerdo con el informe, el colapso prolongado de las capacidades nacionales condujo al aumento del número de personas con necesidades humanitarias. Y aunque la economía presentó algunos signos positivos incipientes entre 2021 y 2022, éstos no permearon hacia las necesidades de la mayoría de la población que se encuentra en situación de pobreza generalizada, con una gran acumulación de vulnerabilidades y problemas cada vez más complicados, y con un agotamiento de sus reservas y estrategias de sobrevivencia.
El Estado no ha tenido la disposición para asumir las reformas estructurales internas que permitan restaurar las capacidades que han sido profundamente fragilizadas para poder encaminar el país hacia el desarrollo. Tampoco ha mostrado disposición para cumplir obligaciones de respeto a la democracia, las libertades y los derechos humanos, incluyendo garantías para que las víctimas de violaciones y sus familiares obtengan justicia. Esto, a despecho de recibir una gran cantidad de recomendaciones emitidas por órganos y mecanismos del sistema internacional de protección, que han sido reiteradamente desestimadas.
Considerando el enfoque de nexos anunciado en los planes de respuesta para Venezuela con apoyo internacional, la escala de personas con necesidades humanitarias severas en sectores esenciales indica que la implementación de soluciones de desarrollo, aun cuando se contara con recursos disponibles, llevará tiempo mientras no sea posible superar las enormes brechas de las capacidades institucionales en el país, lo cual se encuentra estrechamente ligado a una eventual solución al conflicto interno.
Ello exige mantener una respuesta humanitaria el tiempo que sea necesario, con capacidades operativas y financieras suficientes, y fuertes interdependencias con la protección efectiva de los derechos humanos. Ámbitos en los que descansa la posibilidad de que la sociedad venezolana pueda apoyarse y reforzar capacidades de resiliencia para afrontar los tiempos de necesidad, riesgos y vulnerabilidad que se atraviesan.
Sin medios de vida para alimentación
La pérdida de medios de vida es una de las principales causas de las privaciones de la población en el acceso a la alimentación. La mayoría destina más de la mitad de los gastos familiares a la compra de alimentos y un 77,9%, dispone de presupuestos muy deficitarios para adquirirlos.
Según las mediciones de HumVenezuela, 18,7 millones de personas perdieron o agotaron sus medios de vida de forma irreversible y 15,4 millones dependen de bonos, remesas o de la ayuda de terceros por haber perdido la totalidad o la mayor parte de sus fuentes de ingreso. Hay 12,3 millones de personas en inseguridad alimentaria y, de esta población, 10,2 millones están en inseguridad alimentaria moderada y 2,1 millones en inseguridad severa.
Se encontró que 10,9 millones de personas padecen hambre crónica, cifra estimada de acuerdo al déficit de consumo de alimentos. En estas severas circunstancias, unos 4,3 millones debieron privarse de alimentos, incluyendo 1,4 millones que pasaron días enteros sin comer.
Evaluaciones de organizaciones de la sociedad civil indican que más de 200 mil niños y niñas menores de cinco años padecen desnutrición aguda, y hay unos 800 mil con desnutrición crónica.
Sistema sanitario público en colapso
El colapso del sistema sanitario público se evidencia en la privación de servicios de salud que, antes de la pandemia, llegaron a reducir sus capacidades en un 70% y, después de pasar por la emergencia de la atención de los casos de COVID durante 2021, se elevó a más de 80%.
Esto afecta a 89,7% de la población que depende del sistema sanitario público para la atención de sus necesidades de salud; un 91,5% sin protección financiera para gastos de enfermedad y en una pobreza generalizada que ubica al menos al 58% sin recursos económicos mínimos para cubrir esos gastos de su bolsillo.
Como consecuencia, unos 19,1 millones de personas tienen necesidad de recuperar servicios que están inoperativos en el sistema sanitario, y esto se hace más urgente para 10,7 millones de personas con afecciones de salud graves. De este grupo, 8,4 millones enfrenta grandes dificultades para recibir atención médica y 4 millones no la recibió en los últimos 6 meses.
Las medicinas son económicamente inaccesibles para 9,3 millones de personas y 3,1 millones no contaron con tratamientos.
A esta situación se suman aspectos tales como la suspensión indefinida de programas de salud en áreas críticas para poblaciones con condiciones de salud graves, las débiles capacidades de vigilancia y detección de enfermedades que generan un considerable subregistro de casos, lo cual representó un gran problema para el seguimiento del comportamiento de pandemia de COVID, y la negativa a publicar boletines epidemiológicos, estadísticas de servicios y de gasto en salud, desde 2016.
De la meta de una vacunación total contra la COVID-19, para febrero-marzo de 2022 6,5 millones de personas todavía no tenían la primera dosis y más de 15 millones no habían recibido la segunda.
Continúan las severas privaciones de acceso al agua
En marzo de este año 2022, el 90% de la población dijo estar afectada por deficiencias de acceso al agua. Al menos 19,1 millones de personas reportaron interrupciones severas en el suministro del servicio o que carecían de conexión al sistema de acueductos.
Unos 21,2 millones de las personas expresaron estar expuestas a aguas con señales de contaminación y 4,4 millones no tenían medios para usar métodos de purificación. Un total de 4,4 millones reportó no tener conexión al sistema de cloacas y 1,3 millones tampoco a pozos sépticos.
La medición arrojó que 19,1 millones dijeron tener interrupciones severas en el suministro del servicio de agua. De esta población, 6,7 millones carecen de conexión a acueductos mientras que las demás personas pasan semanas y hasta meses sin recibir agua, debiendo recurrir a fuentes alternativas de abastecimiento no seguras, como pilas públicas, manantiales, ríos y caños.
Asistencia irregular en la educación básica
En una población de 9,2 millones de niños, niñas y adolescentes (NNA), hasta marzo 2022 unos 2,9 millones no asistían regularmente a clases.
Los NNA enfrentan un alto déficit de docentes, quienes se han retirado del sistema educativo para velar por su subsistencia. A esto se suma que hay escuelas que no cumplen condiciones físicas adecuadas. La falta de servicios aparece entre los principales problemas, así como una alimentación escolar. La mayoría de estos NNA habitan en hogares que se encuentran en pobreza extrema.
Como producto de la pérdida de capacidades en el sistema educativo, al menos 62,6% de los niños, niñas y adolescentes (NNA) entre los 0 y 17 años están en riesgo de abandono escolar o fuera del sistema educativo. Este número suma a los NNA afectados por una asistencia irregular, la deserción educativa y la no escolarización que afecta sobre todo a los más pequeños.
La caída de las capacidades del sistema educativo también se observa en el deterioro de la infraestructura escolar, siendo que hasta marzo 2022 al menos 4,9 millones de estudiantes asistían a escuelas básicas que presentaban severos problemas de infraestructura y 1,6 millones no asistían regularmente por las condiciones inadecuadas de las escuelas.
La pobreza multidimensional afecta a dos tercios de la población
Un 94,5% de la población no tenía ingresos suficientes para cubrir el costo de alimentos y otros bienes y servicios básicos como vivienda, salud, educación, transporte y vestimenta.
En la Venezuela de 2022, 19,7 millones de personas viven en contextos de pobreza multidimensional, atrapados entre la precariedad económica y el colapso de servicios: 8,8 millones están sin gas doméstico, 5,9 millones viven con fallas eléctricas severas y 3,8 millones habitan viviendas inadecuadas.
Ante fallas severas de transporte 13,1 millones y 10,3 millones reportaron caminar para realizar sus actividades. Unos 3 millones no tenían telefonía móvil y 14,9 millones no contaban con internet en el hogar.
Miembros de 2,1 millones de hogares habían migrado fuera del país hasta junio de 2021. Hasta marzo de 2022 1,8 millones integrantes de hogares encuestados migraron y en 700 mil manifestaron intenciones de emigrar.
En 2022, la población venezolana sigue enfrentando dramáticos problemas de acceso a fuentes de ingresos ante un costo de la vida que supera en más de 90% el poder adquisitivo del salario mínimo. Esto, a pesar de los esfuerzos para estabilizar la inflación, la dolarización de las transacciones y las expectativas positivas de reactivación económica, al levantarse las restricciones por la pandemia de COVID.
Fuente: humvenezuela
