Para el Banco de Previsión Social (BPS), el enfrentamiento entre el exdirector del Sodre y exlegislador, Jorge Orrico, con el sector frenteamplista Asamblea Uruguay por los aportes a la seguridad social de su secretaria es una oportunidad: el caso sirve como ejemplo a las autoridades para volver a plantear la falta de formalización de casi 20% de los trabajadores uruguayos.
Así lo manifestó el director del organismo en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz, que insistió con que el empleador debe aportar por su empleado desde el primer día que comienza a trabajar, incluso si es el propio empleado el que solicita no estar ingresado al BPS. "Eso no exime a ningún empleador porque la responsabilidad legal es del empleador", señaló. Ayer por la mañana, la esposa del ministro de Economía (MEF) y líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori, y asesora del MEF, Claudia Hugo, justificó la falta de aportes de la secretaria de Orrego porque "ella nunca tuvo interés en estar en el BPS".
En la misma línea que Ruiz, el ministro de Trabajo y expresidente del BPS, Ernesto Murro, dijo a la prensa que "lo importante es avanzar en un proceso de formalización" y que se regularicen "esta y otras situaciones".
"Todo trabajador remunerado tiene que estar registrado en la seguridad social, tiene derechos, tiene obligaciones y quienes los contratan tienen sus obligaciones".
Cuando se denuncia que un empleador no realizó los aportes correspondientes por sus trabajadores, el BPS inicia una investigación que puede terminar en el pago de una multa. Durante ese proceso, la empresa acusada de evadir esos pagos puede realizar sus descargos y recurrir la acusación. Ese proceso de investigación puede demorar hasta un año, explicó a El Observador un integrante del BPS que prefirió no dar su nombre. Eso significa que, caiga sobre quien caiga la responsabilidad de pagar lo adeudado por la secretaria de Orrico, finalizar el proceso tardará.
El director en representación de los trabajadores dijo no estar al tanto de quién es el responsable, pero destacó que sin dudas se trata de una situación irregular. "Nadie dice que no hubo una irregularidad, se detectó una irregularidad. No se sabe quién va a ser el responsable, porque hay un proceso que no está culminado", sostuvo.
Al respecto, Murro afirmó que, si bien no puede pronunciarse al respecto por existir el secreto tributario, "en el caso de los partidos políticos hay distintas formas que se pueden adoptar" para realizar aportes: "Puede ser una empresa que no paga los aportes patronales jubilatorios, pagan solamente los que le deben descontar a los dependientes de ese partido y otra forma es que el secretario dependa del legislador", explicó.
Más temprano, el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, planteó que "la inmensa mayoría de los funcionarios que están dentro de las bancadas de los legisladores son funcionarios de los partidos políticos".
"Cuando sucede que un legislador renuncia y se cambia para otro sector, o hasta cambia de partido, comienza el reclamo de las bancas", explicó.
Con la información de El Observador
