Este miércoles se conoció que la Organización No Gubernamental estadounidense Human Rights Watch (HRW) expidió ayer miércoles un comunicado en el que solicitaron suspender el ascenso de un grupo de generales y coroneles del Ejército que estarían implicados en casos de “falsos positivos”.
Según la ONG, entre la lista militares que presentó esta semana el ministerio de Defensa para el ascenso se encuentran al menos cinco generales o coroneles sobre los que HRW “ha identificado evidencias creíbles y convincentes de que estarían implicados en este tipo de asesinatos extrajudiciales”.
“El Senado colombiano debería examinar las hojas de vida cuidadosamente y rechazar los ascensos de militares contra quienes existan evidencias creíbles de abusos. De lo contrario, se reforzaría el mensaje de que en Colombia los oficiales no deben rendir cuentas por sus crímenes”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Los miembros del ejército que serían ascendidos y que son señalados por HRW son los brigadieres generales Emiro José Barrios Jiménez y Jorge Enrique Navarrete Jadeth, quienes serían ascendidos al grado de mayor general. Así mismo los coroneles Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, Edgar Alberto Rodríguez Sánchez y Adolfo León Hernández Martínez, quienes serían ascendidos a brigadier general.
En junio de 2015 la ONG presentó un informe en el que documentaron, basados en información de la Fiscalía, lo que a su juicio es evidencia contra los oficiales postulados y otros. Así mismo, dicen haber establecido que brigadas comandadas por varios de los oficiales que se prevé ascender participaron en un número significativo de homicidios. HRW cree que, dado el patrón sistemático de las ejecuciones, “ellos sabían, o al menos deberían haber sabido, sobre las ejecuciones ilegales y, por lo tanto, podrían ser penalmente responsables”.
De acuerdo con HRW, las autoridades colombianas han condenado a más de 800 miembros del Ejército por ejecuciones extrajudiciales, pero en su vasta mayoría ha sido soldados y suboficiales de menor rango pero han ignorado el rol de los altos mandos.
Los que dice HRW de los militares cuestionados
El brigadier general Emiro José Barrios Jiménez, que actualmente está al mando de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, sería ascendido a mayor general. La Fiscalía General de la Nación investiga actualmente el rol de Barrios Jiménez en “falsos positivos” durante su comandancia de la Octava Brigada del Ejército, al menos durante parte de 2007, 2008 y 2009. La Fiscalía General de la Nación ha abierto investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por soldados de la Octava Brigada en 2008. Barrios Jiménez fue citado a interrogatorio –uno de los primeros pasos del procedimiento penal colombiano– en octubre de 2015.
El brigadier general Jorge Enrique Navarrete Jadeth, quien está actualmente al mando de la Primera División del Ejército y sería ascendido a mayor general, fue el segundo comandante de Barrios Jiménez en la Octava Brigada durante al menos parte de 2008. Navarrete Jadeth se encuentra bajo investigación penal por homicidios cometidos por la Octava Brigada, así como por su presunta cooperación con grupos paramilitares. Human Rights Watch examinó un documento que él y Barrios Jiménez firmaron en marzo de 2008, en el cual certificaban el pago de 2 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 1.000) a un informante por “la muerte en combate de dos terroristas”.
Según expedientes judiciales a los cuales tuvo acceso Human Rights Watch, la Fiscalía concluyó que los “terroristas” eran civiles que no estaban armados y que habían sido reclutados en una ciudad cercana y luego fueron ejecutados extrajudicialmente.
El coronel Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, que podría ser ascendido al rango de brigadier general, comandó el Batallón Magdalena de la Novena Brigada entre diciembre de 2007 y julio de 2008. La Fiscalía General de la Nación ha abierto investigaciones sobre al menos 19 muertes presuntamente perpetradas por soldados del Batallón Magdalena bajo su mando.
El coronel Edgar Alberto Rodríguez Sánchez precedió a Pinto Lizarazo como comandante del Batallón Magdalena entre julio de 2006 y diciembre de 2007, y podría ser ascendido a brigadier general.
La Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones sobre al menos 22 muertes presuntamente perpetradas bajo su mando. En agosto de 2012, un tribunal en Antioquia condenó a un soldado del Batallón Magdalena por el asesinato de un agricultor ocurrido en noviembre de 2007.
El coronel Adolfo León Hernández Martínez, que podría ser ascendido al rango de brigadier general, estuvo al frente del batallón Popa de la Décima Brigada al menos entre enero de 2008 y 2009.
En julio de 2011, un tribunal de Valledupar condenó a cinco miembros del Batallón Popa, incluido un sargento, por asesinar un civil en marzo de 2008 y reportarlo como un guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En octubre de 2013, el mismo tribunal condenó a cinco miembros del Batallón Popa por haber asesinado a dos civiles en el municipio de Pueblo Bello, en junio de 2008, e informarlos como “N.N.” muertos en combate.
Con información de El Tiempo
