HRW (Human Rights Watch) emitió un informe esta semana en cuyo contenido señala que las autoridades venezolanas hostigan y procesando penalmente a diversas organizaciones de la sociedad civil. Con énfasis en las que llevan adelante “un trabajo esencial para abordar la emergencia humanitaria en curso en el país”.
El Político
La organización asegura que desde noviembre pasado el régimen de Nicolás Maduro y sus fuerzas de seguridad llevan a cabo una campaña sistemática contra los grupos humanitarios y de derechos humanos. Acusa que a estos se les congelan cuentas bancarias y se emiten órdenes de captura y allanamientos de oficinas, así como detenciones e interrogatorios a algunos miembros interrogatorio.
En su sitio Web, HRW agrega: “Mientras tanto, las autoridades bancarias están imponiendo restricciones que limitan la capacidad de los grupos de la sociedad civil para operar en el país. Y el gobierno no ha proporcionado a las agencias clave de ayuda humanitaria permisos para que el personal internacional ingrese al país”.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW aduce que al bloquear el trabajo de las organizaciones de ayuda en medio de una emergencia humanitaria, las autoridades demuestran que les importa más reprimir a su gente que ayudarla.
HRW denuncia hechos concretos
Entre otras denuncias, la organización citó que el 23 de noviembre la Fiscalía dictó orden de aprehensión contra seis cooperantes de Alimenta la Solidaridad. Se trata de una organización benéfica que administra 239 comedores populares que proporcionan alimentos a 25 mil niños. Y a su vez entrega mil 500 comidas diarias gratuitas a los trabajadores de la salud que brindan asistencia durante la pandemia. Denuncia que los hacen referencia a blanqueo de capitales y pertenencia a una asociación ilícita. Y que los activistas no han tenido acceso al expediente penal del caso en su contra.
El régimen venezolano ahora arremete contra actores humanitarios. Detenciones, allanamientos, congelando cuentas bancarias.
En un país en emergencia humanitaria donde los niños están desnutridos y se expande el COVID-19. Pronunciamiento de @hrw_espanol https://t.co/jXce8wdl1g pic.twitter.com/ECoKNeNTnU
— Tamara Taraciuk (@TamaraTaraciuk) December 21, 2020
De otro lado relata que al día siguiente, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela (SEBIN) allanaron las antiguas oficinas de Alimenta la Solidaridad en Caracas, sin proporcionar orden judicial. El día 25 del mismo mes allanaron la casa de los padres de su fundador, preguntando por su paradero.
Para HRW el trabajo que proporcionan estos comedores sociales es fundamental. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) considera que la seguridad alimentaria y la nutrición son una preocupación clave en Venezuela.
Otras organizaciones coinciden con las denuncias
Con antelación, en 2019, una evaluación del Programa Mundial de Alimentos estimó que 2,3 millones de venezolanos padecían inseguridad alimentaria grave y otros 7 millones padecían inseguridad alimentaria moderada. En algunas comunidades de bajos ingresos, más del 14% de los niños menores de 5 años estaban desnutridos, según un informe de julio de Cáritas.
Igualmente la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) proporcionó una creciente ayuda humanitaria a Venezuela durante el último año. Pero el 24 de noviembre anunció que se retiraría del hospital “Ana Francisca Pérez de León II” en Caracas. Allí brindaba ayuda para atender los contagios del COVID19. Con su retiro, 150 profesionales de la salud abandonaron el hospital y casi 100 más dejaron de recibir apoyo de MSF.
“El gobierno venezolano nunca respondió a las solicitudes de permisos de trabajo de MSF. Esto impidió que su personal ingresara a Venezuela. MSF había contratado personal venezolano y proporcionado consultas remotas. Pero en última instancia no pudo brindar la atención necesaria a los pacientes de COVID-19 sin obtener acceso para sus propios especialistas y personal”, agrega el informe.
HRW insiste en denunciar ejecuciones extrajudiciales
Hace referencia también que el 15 de diciembre agentes de la Fuerza de Acción Especial (Fuerzas de Acción Especial o FAES) allanó las oficinas de Convite. Se trata de una organización de derechos humanos que monitorea los derechos de las personas mayores en Venezuela. Y que distribuye ayuda humanitaria a 4 mil 500 personas en varios estados. Los oficiales le mostraron al personal de Convite lo que dijeron que era una orden de registro que les permitía buscar explosivos, armas y actividades relacionadas con el terrorismo. Sin embargo no proporcionaron una copia de la misma.
“La FAES están implicadas abusos atroces, incluidas ejecuciones extrajudiciales. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación de que las autoridades puedan haber utilizado a agentes de las FAES para generar miedo entre la población local”, sostiene el informe.
Presiones a entidades bancarias
Adiciona que el 20 de noviembre la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) requirió que las entidades bancarias públicas y privadas sigan más de cerca las operaciones financieras de estas organizaciones. Las obliga a identificar los remitentes y destinatarios de sus fondos.
SUDEBAN también restringió el uso de tarjetas prepagas en dólares estadounidenses que las empresas u organizaciones han venido utilizando para pagar salarios y beneficios a sus empleados.
Cuestiona además que el líder político oficialista Diosdado Cabello, miembro electo de la Asamblea Nacional, anunció que la misma aprobaría una ley para regular la capacidad de los grupos para obtener fondos internacionales.
Fuente: HRW (Web)
