La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el hacinamiento de presos en las cárceles de Argentina y la falta de recursos y autonomía funcional de la Defensoría Pública para mejorar la situación, informaron fuentes oficiales del país suramericano.
La CIDH se expresó así a través de un comunicado -divulgado por la Defensoría General de la Nación argentina– después de que su Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad hiciera una visita al país austral entre los pasados días 13 y 17 de septiembre.
"Los centros carcelarios del país se encuentran en una situación de hacinamiento" debido a "la insuficiente cantidad actual de plazas penitenciarias y del respectivo abuso de la prisión preventiva", explica la Comisión.
La CIDH cifró en 71.464 las personas detenidas en todas las cárceles argentinas hasta diciembre de 2015 y advirtió que desde 2010 la población penitenciaria creció un 16 por ciento.
El jefe de Gabinete de Ministros de Argentina, Marcos Peña, reconoció el pasado mes de abril que "claramente" hay un "problema de derechos humanos" respecto a la situación de las cárceles en el territorio nacional.
Por otro lado, la CIDH advirtió que el Comité de Derechos Humanos manifestó este año su preocupación por la falta de autonomía funcional y presupuestaria de la Defensoría Pública.
"La CIDH recibió información que indica que en Argentina la debilidad de la defensa pública estaría directamente relacionada con su falta de independencia y de políticas específicas para mejorar su peso en el sistema", explicó el comunicado.
Por ello, la Comisión determinó que es necesario "preservar la independencia funcional y presupuestaria de la Defensa Pública respecto de otros órganos del Estado y de los propios jueces y agentes fiscales".
La Relatoría también subrayó cuestiones en torno al "abuso de la prisión preventiva, la superpoblación en las unidades de detención, la utilización de dependencias policiales como lugares de prisión permanente".
Además, destacó la reclusión de personas en régimen de aislamiento y los malos tratos proferidos a las personas durante las requisas e inspecciones en las instalaciones.
La CIDH valoró el nuevo Código Procesal ya que, a su juicio, presenta "importantes avances en la reducción de la prisión preventiva, como la no inclusión de delitos inexcarcelables, la incorporación de un catálogo de medidas alternativas y la regulación de un órgano encargado del monitoreo de su cumplimiento".
Por último, sobre el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, advirtió que "aún no se ha implementado debido a que las autoridades nacionales no han iniciado el proceso de designación y selección de sus integrantes", a pesar de haber sido creado en noviembre de 2012.
Con información de EFE
