Con una mujer asesinada cada 12 horas, Guatemala es el país con la cuarta tasa de feminicidios más alta del mundo, después de El Salvador, Honduras y Sudáfrica y es el país donde se registra el mayor número de feminicidios cometidos con arma de fuego, según el informe "Carga Global de la Violencia Armada 2015.
Cada Cuerpo Cuenta", elaborado y publicado por dos organizaciones no gubernamentales europeas con el apoyo de Naciones Unidas. En lo que va del año, la organización no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo, reporta 565 femicidios.
"La muerte nos convoca pero es la vida tras la que vamos" y "por una vida sin violencia para la mujer", se leía en algunas de las pancartas que portaban las manifestantes, vestidas de negro, además de #NiUnaMenos, consigna que se mantuvo como el trending topic del día en las redes sociales.
Mientras organizaciones feministas coreaban "¡Vivas nos queremos!" en la Plaza de la Constitución, a unas cinco cuadras, en la 17 avenida y 3era calle de la zona 1, yacía en plena calle el cadáver de una nueva víctima, que todavía no ha sido identificada. Un solo medio de comunicación reportó la noticia como nota breve.
Esta víctima anónima y otras cuyos nombres sí se conocen, entre ellas Mindy Rodas, Cristina Siekavizza y Claudina Velásquez figuran entre las miles de "Lucías" guatemaltecas.
En julio de 2009, Rodas, de 21 años, fue hallada inconsciente en un río, con los labios, nariz, barbilla y frente cercenados, luego de que su esposo, Eswin López, esposo de Rodas, de 21 años de edad, la golpeara en la cabeza con una piedra, le desfigurara el rostro con un cuchillo y la dejara por muerta. Rodas sobrevivió al ataque, el cual ocurrió en el departamento oriental de Santa Rosa, e interpuso una demanda contra López por femicidio en grado de tentativa.
Mientras Rodas se recuperaba en el hospital, la policía detuvo a López, pero un juez lo liberó, días después, luego de que presentara un escrito falsificado en el cual Rodas desistía del caso. El 18 de diciembre de 2010 apareció torturada y ahorcada junto al cuerpo de otra mujer, en la zona 1 de la ciudad capital.
En julio de 2011, la desparición de Siekavizza, de 34 años, una mujer de clase acomodada, nuera de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ofelia de León, acaparó los titulares de la prensa nacional.
Cuando Roberto Barreda, esposo de Siekavizza, se convirtió en el principal sospechoso en la investigación, desaparició con sus dos hijos pequeños: Roberto, de siete años, y María Mercedes, de cuatro. En noviembre de 2013, fue detenido en la ciudad de Mérida, en el estado sureño de Yucatán, México, donde vivía bajo una identidad falsa. Actualmente, enfrenta juicio por los delitos de femicidio, obstrucción a la justicia y maltrato a menores.
Los padres de Claudina Isabel Velásquez, de 19 años, una estudiante que nunca regresó a su casa después de asistir a una fiesta con su novio la noche del 12 de agosto de 2005, acusan al Estado de Guatemala de no haber protegido la vida y la integridad física de la joven ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un día después de su desaparición, el cuerpo de Velásquez apareció en la morgue. Había sido golpeada, violada y había recibido un disparo en la cabeza. Desde el inicio, la investigación del caso estuvo plagada de ineficiencias, ya que pasaron 40 días antes de que los investigadores entrevistaran a los padres de la jóven y a testigos claves, y la ropa de la jóven no fue guardada como evidencia.
Los padres de Velásquez aducen que las autoridades no se tomaron en serio la investigación porque el cuerpo de la estudiante fue hallado en un barrio pobre y llevaba sandalias y un piercing en el ombligo, por lo cual asumieron que era una trabajadora sexual.
La CIDH dictaminó que al no investigar el asesinato de Velásquez adecuadamente el estado guatemalteco había violado los tratados y convenciones internacionales que había ratificado, como la Convención de Belém do Pará, la cual establece que las mujeres tienen el derecho a vivir una vida libre de violencia y que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.
La comisión ordenó que las autoridades concluyeran la investigación para que los responsables por la violación y asesinato de Velásquez pudieran ser llevados ante la justicia. Sin embargo, hasta la fecha, esto no ha sucedido ya que se perdió la evidencia al inicio de la investigación. Como la CIDH concluyó que Guatemala no había cumplido con sus recomendaciones, en 2014, el caso fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Con información de Infobae
