Domingo 25 de junio es la fecha señalada para las elecciones presidenciales en Guatemala, lo que en la mayoría de los países de mundo genera esperanzas de cambio, en dicha nación centroamericana ha llevado a muchos periodistas, abogados y fiscales anticorrupción a huir en los últimos años.
El Político
Las amenazas y las presiones legales contra las voces independientes no han hecho más que intensificarse en los últimos meses, lo que hace insostenible la situación.
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Varias sentencias de los tribunales han marginado a varios candidatos presidenciales considerados en algunos círculos como las únicas esperanzas de un cambio significativo en el sistema político de Guatemala, cada vez menos democrático, reportó AQ.
En contexto
Ante esta difícil situación el éxodo continúa, en medio de la expectativa de que el sistema de justicia de Guatemala seguirá siendo utilizado como arma contra cualquiera que se atreva a abordar la corrupción y otros problemas arraigados.
Guatemala celebra elecciones periódicas, pero la Economist Intelligence Unit considera al país un "régimen híbrido", ni una democracia plena ni una dictadura.
El gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a múltiples funcionarios, entre ellos la fiscal general Consuelo Porras, por su implicación en "corrupción significativa".
Corrupción en Guatemala
Juan Francisco Sandoval, director de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) durante seis años, indicó "ahora, investigar la corrupción significa el exilio, la cárcel o la muerte".
Sandoval expuso que las amenazas de muerte y arresto lo llevaron a optar por el exilio en agosto de 2021.
El renombrado magistrado del alto tribunal Miguel Ángel Gálvez duró hasta hace seis meses. Llevaba más de dos décadas presidiendo importantes juicios por presuntos delitos, entre ellos genocidio por parte de ex jefes de Estado, asesinatos y desapariciones por escuadrones de la muerte, y gran corrupción en la que estaban implicados presidentes y narcos.
Sin embargo, dijo que nunca se sintió tan vulnerable como cuando se marchó en noviembre. Gálvez contó que, a pesar de las medidas de protección del gobierno ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguían persiguiéndole. "Las medidas ni siquiera garantizaban mi seguridad física, mucho menos mi libertad".
Panorama general
Al igual que otros juristas anticorrupción que son objeto de investigaciones del MP, Gálvez remonta la situación actual al conflicto armado de Guatemala (1960-96), que dejó 200.000 muertos y 50.000 desaparecidos, la gran mayoría a manos de militares y grupos paramilitares.
Tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, dijo Gálvez, nunca se resolvió la cuestión clave de los Aparatos Clandestinos de Seguridad Ilegales -CIACS-.
Durante el conflicto armado, estas ramificaciones de los grupos de inteligencia militar utilizaron la violencia y las redes ilícitas para enriquecerse y favorecer los intereses de la élite económica del país, según un informe de una misión de investigación de las Naciones Unidas posterior al conflicto.
Estos grupos continuaron operando, dijo Gálvez, y sólo hicieron metástasis en los años siguientes. En 2015, los fiscales guatemaltecos que trabajan con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, lograron avances sin precedentes en el descubrimiento de la profundidad de la corrupción, demostrando que el presidente en ejercicio, un ex general, dirigía una red de malversación masiva. Pero a medida que las investigaciones de la CICIG avanzaban y revelaban presuntas conexiones con influyentes líderes empresariales, la élite cerró filas, expulsó a la CICIG en 2019 y continuó socavando posibles amenazas, dijeron Gálvez y otros.
Inhabilitaciones en Guatemala
En los últimos meses, tres importantes candidaturas presidenciales han sido declaradas inelegibles por el sistema judicial del país, suscitando una gran polémica.
El 19 de mayo, Carlos Pineda, un empresario de derechas del este de Guatemala que se había disparado a la cabeza de las encuestas en mayo, fue inhabilitado.
A principios de año, otros dos destacados aspirantes, Roberto Arzú y Thelma Cabrera, también fueron descalificados.
Todo esto prácticamente garantiza que quien gane será un aliado del statu quo, dijo Sandoval. Además, el vencedor heredará una consolidación sin precedentes del poder ejecutivo y una erosión de los controles y equilibrios. Los que están en el poder "ya no utilizan escuadrones de la muerte simplemente porque tienen el sistema judicial a su disposición para aniquilar a cualquier oposición", según Sandoval.
Conclusión
Este ciclo electoral ha estado más marcado por la "muerte civil" -exilio o encarcelamiento- que por la violencia. Pero hay indicios de que se avecina más violencia, dijo Wendy Geraldina López, abogada de la Unidad para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
López citó la creciente tendencia de las familias rurales a ser desplazadas a la fuerza por poderosos terratenientes. Los conflictos por la tierra y el agua en las zonas rurales, generalmente entre comunidades indígenas y latifundios, se están intensificando, especialmente a medida que el cambio climático exacerba la inseguridad hídrica y alimentaria.
Además, López reveló que ella también enfrenta cargos penales por su trabajo como abogada defensora. "Hay presiones y amenazas por todas partes", dijo. "Es una época oscura. Pero voy a seguir trabajando".
