Cerca de 453 familias de 25 caseríos aledaños al municipio La Montañita en el departamento de Caquetá (sur) se comprometieron a sustituir de manera voluntaria alrededor de 213 hectáreas de cultivos ilícitos, informó este sábado la Presidencia de Colombia.
Redacción El Político
Las comunidades de la región junto con representantes del Gobierno Nacional, departamental y municipal, así como las FARC, concertaron un diálogo para iniciar la sustitución de cultivos ilegales, en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), señaló la presidencia en un comunicado, reseñó la agencia EFE.
"Estos procesos de sustitución significan iniciar la transformación de las regiones. Los acuerdos para la sustitución voluntaria nos permiten dar el primer paso en el fortalecimiento de la presencia institucional", afirmó Eduardo Díaz Uribe, director para la Atención Integral de Lucha contra las Drogas de la Alta Consejería para el Posconflicto.
Por su parte, el Coordinador de la Oficina de Paz de la Universidad de la Amazonía, Jorge Pulecio, expresó la voluntad de la institución de aportar en la asistencia técnica para la construcción de alternativas productivas sostenibles de la mano de los campesinos que suscriben el acuerdo colectivo para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
LEA TAMBIÉN: FARC intimida con atacar a pobladores de un municipio colombiano
El acuerdo, que aporta en gran manera a la meta que tiene el Gobierno de sustituir de manera voluntaria 50.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, contempla en el primer año una remuneración mensual de un millón de pesos (unos 346 dólares) para cada familia que se vincule al mismo.
Además, por una sola vez, se entregará a cada familia 1.800.000 pesos (unos 622 dólares) para un proyecto que garantice su seguridad alimentaria de manera inmediata, y 9 millones de pesos (unos 3.100 dólares) para un proyecto de ingreso rápido.
En el segundo año tendrán 10 millones de pesos (unos 3.450 dólares) para un proyecto productivo, además de programas de alimentación escolar y para la tercera edad, así como formalización de la tierra y créditos blandos.
