Ante el amplio rechazo de la sociedad, el Gobierno derogó y catalogó como inconveniente el Decreto 302 del 31 de agosto de 2016, que establecía jubilaciones especiales a miembros de la Fuerza Pública que ocupan altos cargos dentro del Órgano Ejecutivo.
Para el catedrático y abogado Miguel Antonio Bernal, con esta derogación queda confirmado que cuando la ciudadanía se hace oír y repudia los actos que se alejan del debido proceso que buscan crear prebendas y privilegios, las autoridades se ven obligadas a tirar marcha atrás.
Es por eso por lo que es importante y determinante una mayor participación ciudadana para evitar el ejercicio irracional del poder político", sostuvo.
Consideró que fue una confesión de partes y que de nada sirvieron las "palabras que demostraban ignorancia" por parte del ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, sobre este tema.
"Ha prevalecido la razón ciudadana y debemos complacernos por ello", indicó el jurista.
En tanto, el abogado Ernesto Cedeño, quien había interpuesto una demanda de nulidad en contra de este decreto ante la Corte Suprema de Justicia, explicó que esta intención era abiertamente ilegal, y que la CSJ así lo iba a declarar.
A consideración de Cedeño, es positivo que el presidente Juan Carlos Varela se haya ajustado a la derogatoria del decreto señalado como ilegal.
"Se ajustó al texto de la legalidad, lógicamente ya se les estaban dando instrucciones deliberativas a los policías cuando la misma ley orgánica de este estamento prohibía que entrara este tipo de engranaje gubernamental", argumentó.
En referencia a la demanda de nulidad contra este Decreto 302, la Corte deberá declarar sustracción de materia porque ya se terminó la vida jurídica del mismo.
Con información de Panamá América
