El Gobierno de Ecuador aseguró hoy que quiere identificar a los involucrados en la supuesta trama de sobornos en proyectos con la constructora brasileña Odebrecht, pero remarcó que no permitirá denuncias selectivas o sesgadas.
El Ejecutivo ecuatoriano, en un comunicado difundido hoy por la Secretaría de Comunicación (Secom), también calificó como desafortunado el ejemplo de sobornos esgrimido por el Departamento de Justicia de EE.UU. sobre Odebrecht en Ecuador, porque coincide con el tiempo en el que la constructora fue expulsada del país.
El Departamento de Justicia, según documentos publicados la semana pasada, señaló que la constructora brasileña Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil y Ecuador.
El informe del Departamento de Justicia indica que en Ecuador, entre 2007 y 2016, la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de 35,5 millones de dólares a "funcionarios del Gobierno", lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
"Somos los primeros en querer identificar a los responsables, ya que esta (el soborno) es la forma de corrupción más difícil de detectar", señala el documento de la Secom.
"La conducta del Gobierno Nacional siempre ha sido transparente y decidida en función de los intereses de la Patria. Podemos sostener con firmeza que jamás hemos permitido ningún perjuicio al país", añade el texto y subraya que si han habido "comportamientos personales inapropiados, somos los primeros en querer identificar a los responsables".
No obstante, recordó que en el escándalo de capitales depositados en paraísos fiscales, conocido como "papeles de Panamá", los medios ahondaron en denuncias no comprobadas y con supuestas motivaciones políticas, que involucraron al Vicepresidente del país, Jorge Glas.
En el caso Odebrecht, "tampoco permitiremos que ocurra lo que sucedió con los llamados ‘Panama Papers’, donde las denuncias fueron selectivas y algunas veces claramente sesgadas, tratando de involucrar por motivaciones políticas hasta al propio Vicepresidente".
"Lamentablemente, hay claras similitudes", señaló el texto de la Secom y dijo que, por ejemplo, "pese a que Odebrecht trabaja en el país desde los años 80 y que en el resto de los casos (del Departamento de Justicia) se analiza un período que va del año 2001 al 2016, para el caso de Ecuador sólo se analiza el período 2007-2016, coincidente con nuestro Gobierno".
"Además, el ejemplo que pone el Departamento de Justicia de Estados Unidos como caso de corrupción es por demás desafortunado, ya que argumenta que funcionarios públicos recibieron coimas en el año 2007 y 2008, precisamente cuando Odebrecht fue expulsada del país", agrega.
Tras detectar fallos estructurales en la planta hidroeléctrica San Francisco, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, ordenó la expulsión de Odebrecht en septiembre de 2008 y rescindió todos sus contratos, en medio de una tensión diplomática con Brasil.
Odebrecht regresó a Ecuador en julio de 2010, tras aceptar arreglar la planta hidroeléctrica y pagar una cuantía al país por la falta de funcionamiento de la hidroeléctrica.
Luego participó en algunos concursos de obras en Ecuador y en las que fue adjudicado, la Contraloría General del Estado las ha auditado.
El Gobierno ecuatoriano no descarta que algunas personas puedan estar involucradas en los casos de sobornos, pero ha insistido en que la actuación del Ejecutivo se ha orientado a defender los intereses nacionales.
Por ello, afirma el texto de la Secom, "tampoco aceptaremos, sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, literalmente, ‘negocia’ su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio".
"Esperamos que este no sea el caso, pero no nos sorprendería tampoco que el Departamento de Justicia subordine su administración, una vez más, a los intereses de la política exterior de Washington", añadió.
De otro lado, la Secom reiteró el pedido de Ecuador para que la Justicia y el Gobierno de Washington "cooperen de manera activa y efectiva con Ecuador para la extradición de varios ciudadanos ecuatorianos que, desde hace años, son prófugos de la justicia por graves actos de corrupción en nuestro país y que se encuentran plenamente identificados y cómodamente residiendo" en EE.UU.
Con información de EFE
