La administración de Donald Trump apeló este viernes la orden de una jueza federal de California, quien dictaminó el jueves que el conteo del Censo de 2020 puede continuar hasta el 31 de octubre. Con esta decisión se bloquea plazo del Gobierno de Trump de finales de septiembre.
El Político
La jueza Lucy Koh, que falló en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de California, emitió una orden judicial preliminar en el caso, argumentando en la documentación de la decisión que un calendario abreviado tendría un impacto adverso en la representación política y la distribución de los fondos federales.
El Secretario de Comercio Wilbur R Ross y el director de el Censo Steven Dillingham presentaron el viernes una apelación ante el Noveno Circuito en California.
Vale recordar que en julio pasado, la Administración Trump ordenó que se aceleraran todos los esfuerzos de conteo para finalizar el 30 de septiembre, un mes antes de lo planeado por la Oficina del Censo, argumentando que la pandemia de coronavirus no le permitiría cumplir con la ley federal que ordena entregar para fines de año el primer conjunto de datos a la Casa Blanca, según reportó laopinion
Lo cierto es que los demandantes, grupos de derechos civiles y los gobiernos locales, alegaron que el cronograma reducido no contabilizaría a residentes de las comunidades minoritarias y difíciles de contar, como los latinos, indocumentados y miembros de otras minorías.
Es de hacer notar que en su decisión, la jueza Koh dijo que las inexactitudes producidas por el recorte de 30 días afectarían la distribución de los fondos federales y la representación política.
En la orden, la jueza escribió que “esos hechos muestran no solo que la Oficina no pudo cumplir con la fecha límite legal, sino también que la Oficina había recibido presión del Departamento de Comercio para que dejara de buscar una extensión de la fecha límite”.
Se trata de la segunda derrota parcial del Gobierno este mes con respecto al Censo. El pasado 10 de septiembre una corte federal de Nueva York dictaminó que la orden del presidente Trump por la cual se excluía a los inmigrantes indocumentados del censo para la distribución de distritos congresionales es ilegal.
La decisión, alcanzada de manera unánime por un panel de tres jueces federales del Distrito Sur de Nueva York, apunta que la orden ejecutiva de Trump viola las “responsabilidades constitucionales” del órgano ejecutivo estadounidense de “contar el número completo de personas en cada estado y repartir los miembros de la Casa de Representantes entre los estados de acuerdo con las cifras respectivas”.
El fallo prohíbe al Departamento de Comercio del país facilitar cualquier tipo de información sobre los inmigrantes indocumentados en su censo que podría ser utilizada para implementar la directiva del presidente.
El Gobierno apeló la decisión ante la Corte Suprema y este martes le pidió al Alto Tribunal que apure su decisión.
El censo se realiza en Estados Unidos cada 10 años por mandato constitucional, y el propósito de contar a todas las personas presentes en el país es la asignación de representación de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral, y de miles de millones de dólares para programas de infraestructura, hospitales, escuelas y asistencia social.
