Abonados al discurso de ‘la culpa no es solo mía’, el Gobierno de México y el del Estado de Guerrero tratan de imponer su relato en la masacre de la cárcel de Acapulco. Este jueves, 28 internos murieron en el penal de la ciudad costera. Los mataron otros reos a cuchillazos, navajazos, tablazos. En entrevista con El Sol de México, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, desvelaba que los asesinos usaron incluso un arma de fuego.
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El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, del PRI, ha explicado estos días que en el penal de Acapulco “no tendría que haber reos de alta seguridad, porque no está en condiciones de atenderlos”. El mandatario decía también que no hay dinero para hacer las mejoras necesarias, entre ellas, “arreglar paredes, puertas, pisos y drenajes”.
En su entrevista, Osorio, también del PRI, “exhortó” a los gobernadores a que mejoren “las condiciones de los reclusorios y que se apliquen los recursos federales que se les da para atender los penales”.
Las redadas policiales son más o menos habituales en el penal de Las Cruces, pero aun así, los atacantes se hicieron con cuchillos, navajas, útiles de construcción e incluso un arma corta calibre .38. Osorio dijo que el Gobierno federal ayuda a los estados en las redadas, pero “si hay corrupción y dejan pasar cosas…”.
La matanza muestra de nuevo el desastre del sistema penitenciario en México, colapsado por el hacinamiento, la corrupción y el control de los presos sobre la autoridad. La de Acapulco es la sexta masacre en lo que va de sexenio.
